Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/10/11 22:22

Las demandas del uribismo que podrían salvar el Acuerdo de Paz

En una insólita situación, el salvavidas que podría lanzarle la Corte Constitucional al Gobierno para que no sea vinculante el resultado del plebiscito podría venir de las demandas del Centro Democrático.

La Corte Constitucional estudiaría una demanda presentada por Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo en contra del artículo 5 del Acto Legislativo para la Paz. Foto: Fotomontaje SEMANA

En la sabiduría popular hay un dicho que reza “nadie sabe para quién trabaja”. Esa frase no podría aplicar mejor que a la situación que vive el uribismo en este momento frente a las cartas que podría jugar ahora la Corte Constitucional.

El Centro Democrático presentó una de las demandas más sólidas al Acto Legislativo para la Paz. Para esto recogieron miles de firmas en las calles y la radicaron todos juntos en una ceremonia en la Plaza de Bolívar. Lo curioso es que en este momento se especula que esa demanda puede llegar a ser la vía para salvar el proceso de paz frente al triunfo del No en el plebiscito.

Durante muchos meses, esa colectividad no bajó a este mecanismo de participación popular de ser una trampa para la democracia. Primero porque se había reducido el umbral, la abstención no tenía “competitividad”, se eliminó la posibilidad del voto en blanco y el Congreso no aprobó la financiación con dineros públicos de las campañas por el Sí y por el No.

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Precisamente, durante el mes que antecedió al plebiscito, el uribismo recorrió el país buscando votos por el No, pero también deslegitimando el mecanismo de participación. Antes de la jornada electoral, los uribistas aseguraban que se fraguaría un fraude, tanto que muchos vaticinaban que con esa palabra reaccionarían contra los resultados. “El plebiscito es ilegítimo”, dijo Uribe apenas conoció la sentencia de la Corte Constitucional. Pero sorpresivamente, el veredicto de las urnas los favoreció, y desaparecieron las críticas.

Por el contrario, una semana después del plebiscito, el Centro Democrático percibe que desde el Gobierno y el poder judicial hay intentos por “desconocer” el resultado del plebiscito. Se refieren en concreto a las solicitudes de reapertura de mesas de votación que se vieron afectadas por la lluvia, especialmente en cuatro departamentos de la costa.

Este martes enviaron una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almario, precisamente alertando por ese intento de obviar los resultados del plebiscito, el mecanismo con el que en la práctica habilitaba jurídicamente la implementación de los acuerdos con las FARC.

Pero hay un tema que preocupa a los uribistas más que eso. En voz baja se ha conocido que la Corte Constitucional estudiaría una demanda presentada por Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo en contra del artículo 5 del Acto Legislativo para la Paz que señalaba que este entraría en vigencia con su refrendación popular.

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Este acto legislativo es el que daba facultades extraordinarias al presidente de la República, creaba el Fast Track para acelerar el trámite de las normas en el Congreso e integraba el acuerdo final al bloque de constitucionalidad. Sin embargo, la vigencia de este acto legislativo en su artículo 5 quedó condicionada a la refrendación del pueblo, por lo que tumbar esta disposición por problemas de trámite (se habría vulnerado el principio de consecutividad en los debates en el Congreso) podría dar una segunda oportunidad al Acuerdo con las FARC.

Muchos ojos están puestos por estos días en las altas cortes y la posibilidad para que desde allí se pueda lanzar un “salvavidas” al acuerdo de paz con las FARC. En todo caso, esta idea tendría un problema y es que así se cayera el artículo 5º, según el artículo 1º el único que podría presentar los proyectos del Fast Track es el Gobierno, que no podría hacerlo porque la propia Corte Constitucional señaló que los efectos del plebiscito deben ser acatados por el Ejecutivo.

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Alfredo Rangel, senador de la Comisión Primera, donde se aprobó el Acto Legislativo para la Paz, cuestionó la posibilidad de que una demanda del Centro Democrático sea pretexto para “hacerles conejo” a los resultados del plebiscito.

Dice Rangel que la Corte no podría dar reversa a sus pronunciamientos frente al carácter vinculante del plebiscito. “No es hora para que los magistrados pequen de incoherentes”.

En el mismo sentido opina Carlos Holmes Trujillo. "Es claro que el Constituyente primario se pronunció sobre los acuerdos en un marco delimitado por la misma Corte Constitucional”, le dijo a Semana.com. El excandidato vicepresidencial además indicó que este tribunal ya se pronunció en el escenario de que ganara el Sí o el No, por lo que lo fundamental ahora es avanzar en un acuerdo nacional. “El soberano es el pueblo y renegociar es la ruta”, dijo.

Tal es el susto de los uribistas, que dos demandas: la de la senadora Paola Holguín y la del concejal Marco Fidel Ramírez ya tienen sendas solicitudes de retiro que aún no han sido resueltas. El senador Rangel reitera que si la Corte es coherente, debe proceder a retirar las demandas.

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Samuel Hoyos fue uno de los representantes a la Cámara que votaron en contra del Acto Legislativo para la Paz. Dice que si los magistrados echan mano de una demanda que, en su criterio, sí tiene sustento jurídica, sería “convertir a la Corte Constitucional como el Consejo Electoral de Venezuela, de bolsillo y al servicio del Gobierno”.

El papel de la Corte, dice Hoyos, debe ser la salvaguardia de la Constitución y no resolver las crisis políticas que afecten al Gobierno. “Están buscando ganar en la letra menuda lo que perdieron en las urnas. Si fallan la demanda para desconocer el plebiscito, nos tocaría salir a la calle a defender nuestro voto”.

La Corte Constitucional también podría tumbar por vicios de trámite el artículo 4, en el que se convierte el Acuerdo Final en un Acuerdo Especial y lo integra al bloque de constitucionalidad. De manera que la concesión no sea total y el Acuerdo Final tenga que pasar por el control del Congreso.

Repetir elecciones en la costa

Otro de los salvavidas de los que se ha hablado en las últimas semanas es la de repetir el plebiscito en los lugares afectados por el huracán Matthew. Esta idea fue planteada por el senador Armando Benedetti, quien anunció que elevaría la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional.

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La sola posibilidad llevó a que el uribismo denunciara ante la OEA supuestas “maniobras” para reabrir mesas de votación sin respetar los resultados.

Acogiendo esta tesis, el ciudadano Herman Garrido demandó el acto electoral del plebiscito ante el Consejo de Estado. El caso será estudiado por el magistrado de la Sección Quinta Alberto Yepes, quee deberá determinar si ordena nuevas elecciones en la costa por la imposibilidad de votar. De llegarse a emitir una decisión en este sentido, sería un fallo sin precedentes en unas elecciones de carácter nacional.

El Consejo Nacional Electoral, por su parte, anunció que una vez tengan el escrutinio oficial enviarán solicitudes a la Corte para que se establezcan si hubo incidencia en el electorado.

¿Qué otras rutas quedan?

Finalmente, y con poco eco, la realización de un segundo plebiscito sigue latente. La sentencia de la Corte Constitucional dejó abierta la puerta para que ante una decisión negativa del pueblo, como en efecto ocurrió, se pueda someter a consideración del pueblo un acuerdo distinto, pero bajo las mismas reglas del plebiscito especial ya previsto.

El alto tribunal recordó, sin embargo, que el Gobierno tiene plenas facultades para mantener el orden público, entre ellas la suscripción de acuerdos de paz con grupos armados ilegales y en el marco de la salida negociada al conflicto armado.

Aunque el panorama es muy incierto frente a la renegociación de los acuerdos con las FARC y la posibilidad de una nueva refrendación, los anuncios sobre la fase pública de las negociaciones públicas con el ELN le dan un aire a esta posibilidad. Esto en razón de que también se deberá definir si en el caso de esta guerrilla el acuerdo final termina en una refrendación. En todo caso, la decisión final queda en manos del presidente de la República.

Al uribismo muy seguramente ninguna decisión jurídica le va a gustar. Entre otras cosas, porque ante la derrota del Gobierno en las urnas, muchos consideran que la solución tiene que ser política y no depender de las interpretaciones de los abogados. En cierto modo, porque estas no se darían si el resultado habría sido al contrario, es decir, si el Sí hubiera sido el ganador el pasado 2 de octubre.

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