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| 1/26/2017 12:30:00 PM

Aunque dividida, la Corte Suprema entra a apoyar la JEP

Mientras la sala penal aceptó participar en el comité que elegirá los magistrados, la presidenta lanza duras críticas a la nueva jurisdicción que está a punto de ser aprobada por el Congreso. ¿Qué hay detrás?

El proceso de paz lleva años generando grandes tensiones en la Corte Suprema de Justicia. Pero quizás estas se podrán agudizar en las semanas que vienen. Hace unos días, la presidenta saliente de la Corte, Margarita Cabello Blanco, lanzó una serie de duras críticas al acto legislativo que creará la Jurisdicción Especial para la Paz y que está en proceso de aprobación en el Congreso. Mientras tanto, la sala penal del organismo que ella preside acaba de hacerle un guiño al proceso al aceptar la invitación para conformar el comité de escogencia de los magistrados que integrarán el nuevo tribunal.

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En una carta leída por el presidente de esa sala, Eugenio Fernández, y dirigida a los negociadores de paz, los magistrados aseguran que se suman a la tarea bajo el entendido de que el comité establecerá su propio reglamento y tendrá plena autonomía e independencia para su labor. En la vocería y la representación de la sala actuará el magistrado José Francisco Acuña, quien después de varias sesiones fue delegado en esta labor.

El tema se convertirá en uno de los ejes de tensión de una corporación que ha vivido duras confrontaciones y que tiene profundas fracturas. De hecho, esta semana, la Corte Suprema debía ponerse de acuerdo para elegir presidente y vicepresidente. Las tensiones no dejaron llegar a acuerdos por esos dos nombres. 

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Aunque todo indicaba que había consenso en que el turno le correspondía al magistrado de la sala laboral Rigoberto Echeverri, este no alcanzó los votos necesarios y se tuvo que nombrar encargado. Por el momento, estarán Acuña y como vicepresidente José Luis Barceló.

La división en la Corte Suprema se hace evidente cada vez que existe un momento importante alrededor del proceso de paz. La última ocasión tuvo que ver con la firma del segundo acuerdo que el Gobierno y las FARC firmaron en el teatro Colón. Ese día, los magistrados de la sala penal decidieron asistir a la ceremonia, ante las miradas de rechazo de varios de sus colegas.

En el Palacio de Justicia es claro que parte de esa división se explica en el hecho de que esa sala tendrá un juego relevante en la implementación del proceso, mientras el resto de los magistrados no tendrán prácticamente ningún rol. 

La presidenta Cabello ha justificado el malestar que se vive en ese organismo en el hecho de que la JEP le puede restar competencia a la jurisdicción ordinaria, así como recursos para su financiacion. "Necesitamos saber si esta jurisdicción hará parte de la jurisdicción ordinaria y si va a ingresar a los recursos de la rama judicial, que nos insuficientes", señaló la magistrada.

Los coordinadores ponentes del proyecto de creación de la JEP se reunieron con la presidenta Cabello para discutir sobre los preocupaciones.

El pronunciamiento de Fernández se hace en el momento en que la Corte Suprema baraja las cartas para elegir el nuevo presidente y el vicepresidente del Tribunal.

Pero el problema viene de mucho más atrás y tiene otras ramificaciones. Cuando apenas se estaba negociando el acuerdo con las FARC, el entonces presidente de la Corte, Leonidas Bustos, aseguró en varias entrevistas que él no vería mal que el narcotráfico fuera considerado conexo al delito político.

La posición del penalista, que nunca fue acordada con sus colegas, fue interpretada como un guiño fundamental de la justicia a uno de los temas más espinosos de los diálogos con las FARC. Mientras en algunos sectores fue muy bien recibida, y de hecho el presidente Santos la retomó más adelante, en la Rama Judicial cayó muy mal. 

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El entonces vicepresidente de la Corte, Fernando Giraldo, arremetió contra Bustos. "Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, cómo nos hubiera gustado escuchar esa otra opinión. Que quede claro, no es para seguir con su misión o vasallaje lo que digan", le reprochó. La pelea terminó estallando en uno de los eventos anuales de la Corte en Cartagena.

Una fricción similar, aunque más discreta, está pasando ahora. La división tendrá repercusiones en temas fundamentales para la Justicia. El principal será la conformación de las dos ternas que la Corte Suprema tiene que enviar al Senado para elegir de allí los reemplazos en la Corte Constitucional. Como se sabe, este año en ese organismo cinco magistrados terminarán su período. Los dos que envíe la Suprema serán determinantes para el rumbo ideológico que tendrá la Corte, en especial porque todas las normas de la implementación del proceso de paz pasarán por ese alto tribunal.   

Se esperaba que esas ternas fueran enviadas a finales del año pasado. Sin embargo, la falta de consenso alrededor de los candidatos no permitió que esto sucediera. Algunos magistrados comentan en privado que están esperando a que cambie la presidencia de Cabello para poder barajar de nuevo los favoritos. Las semanas que vienen en la Corte Suprema serán definitivas para lo que pueda pasar. 

El comité de escogencia

Elegir los magistrados del Tribunal Especial de Paz fue un tema espinoso a lo largo de la negociación de La Habana. En el acuerdo final se contempla un comité de escogencia integrado por cinco personas de igual número de organizaciones.

Los delegados son escogidos, además de la Sala Penal de la Corte, por el secretario general de la ONU, el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

Luego de que se despejó el nombre de José Francisco Acuña por la sala penal, ya se conocen tres miembros. El escogido de la ONU es el jurista peruano Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el del ICTJ es su directora en Colombia, María Camila Moreno.

Sólo queda pendiente el anuncio de dos designados: el de la Corte Europea de Derechos Humanos y el de la Comisión Permanente del Sistema Universitario.

Originalmente el Vaticano también hacía parte de las organizaciones encargadas de elegir los magistrados, pero declinó participar en agosto.

Para ser elegidos, los magistrados necesitan la aprobación de cuatro de los cinco integrantes del comité, que también seleccionará a los miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

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