Condenan a excongresista Luis Fernando Almario por promover el paramilitarismo

“Le ponía una vela a Dios y otra al diablo”. En esos términos se hablaba del excongresista Luis Fernando Almario, del que se decía tenía nexos con la guerrilla de las FARC, pero que este jueves terminó siendo condenado por promover el paramilitarismo en los llanos orientales.

La Corte Suprema de Justicia le impuso una pena de 10 años de cárcel y una sanción pecuniaria de un poco menos de 7.600 millones de pesos, equivalente a 11.000 salarios mínimos.

Desmovilizados de las FARC se refirieron a él como una persona cercana al grupo. Tanto, que algunos de ellos expresaron en un video aportado por el periodista Daniel Coronell que la masacre de la familia Turbay Cotes, que se adjudicó la guerrilla, se produjo porque Almario los señaló como los principales responsables de la expansión del paramilitarismo en la Orinoquía.

A pesar de que ninguna autoridad judicial lo ha dicho, parece que esa actuación no perseguía otro objetivo que la eliminación de los rivales políticos del exdirigente. Pareciera que para ello, utilizó a la insurgencia, ocultando que era él el verdadero gestor del avance de los paras en la región.

Y así lo concluyó la Corte. Para ese alto tribunal, Almario facilitó que grupos como el Bloque Caquetá de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y el Frente Sur de Andaquíes del Bloque central Bolívar ejercieran control territorial en el caquetá entre el 2001 y el 2006.

Para la corporación, el objetivo del político era mostrarse como un colaborador de excepción del paramilitarismo, sirviéndose así del poder de intimidación e influencia de ese grupo armado ilegal para conquistar espacios con los electores

A juicio de la Sala Penal, ese acuerdo de voluntades entre paramilitares y el exrepresentante a la Cámara quedó zanjado en varias reuniones. José Hernán Sena, alias ‘Nico’ y Carlos Fernando Mateus, alias ‘Paquita’, dieron cuenta del apoyo político y económico que le suministraron.

De esta manera, dice ese organismo judicial, quedó al descubierto una práctica que pareció hacerse genérica en muchos sectores del Congreso, en la cual ciertos parlamentarios decidieron poner la función pública al servicio del delito.

Tras examinar las evidencias y establecer tan certeras conclusiones, la Corte concluyó que Almario cometió el delito de concierto para delinquir y constreñimiento al sufragante.

El excongresista, que ya había sido destituido e inhabilitado por la Procuraduría, deberá esperar a conocer la opinión de la Corte Suprema sobre su supuesta responsabilidad en el crimen de la familia Turbay Cotes, pues tiene otro proceso penal abierto por ese caso.