Llegó la hora de un tribunal para aforados

En la sabiduría popular se suele decir que el pez muere por la boca. Y algo parecido le está sucediendo a Leonidas Bustos. En redes sociales revivió su intervención cuando en el Congreso se tramitaba la creación de un tribunal de aforados, un organismo para investigar a los miembros de las altas cortes. “Uno se pregunta por qué en este momento nació la idea tan puntual de investigar y juzgar a los magistrados, de quienes dicen que no tienen ni dios ni ley. Yo les pregunto: ¿Es que acaso existe evidencia que los magistrados están cometiendo delitos? Yo sería el primero en denunciar esa conducta delictiva”, decía el entonces presidente de la Corte Suprema.

Desde su puesto en la cúpula judicial, Bustos fue quien más torpedeó esa propuesta. Junto con el entonces fiscal Eduardo Montealegre calificaron el tribunal de ser la “segunda toma del Palacio de Justicia” e invitaron a funcionarios de la rama a salir a marchar contra este. El proyecto se aprobó trasquilado en el Congreso, y finalmente, por una demanda del mismo Montealegre, la Corte Constitucional lo tumbó en una sentencia muy cuestionada. Hoy el proceso de Bustos tendrá que comenzar en la ineficiente Comisión de Acusación de la Cámara. Paradójicamente, si el tribunal hubiera nacido, él habría sido el primero en ser llevado ante este.

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Las palabras de Bustos ahora parecen una premonición. Como la investigación de los magistrados ha estado por décadas en ese organismo del Congreso, de facto la cúpula de la Justicia ha gozado de impunidad y aun en su caso, cuando existen evidencias sólidas, muchos creen que nada pasará. La historia apoya ese sentimiento de escepticismo. Salvo el caso de Jorge Pretelt, que hoy se encuentra en estudio de la Corte Suprema, ningún otro carrusel o irregularidad ha tenido consecuencias. Por eso, el país ha visto que ministros, congresistas, militares pueden ir a la cárcel, pero nunca un magistrado.

El escándalo que hoy sacude al país convirtió la creación de ese tribunal en una necesidad. El fiscal Néstor Humberto Martínez apoyó su inclusión en la reforma política que se tramita hoy en el Congreso. Esa tarea, sin embargo, no es para nada sencilla. Solo falta recordar que desde la Constitución de 1991 ningún gobierno ha podido sacar adelante una reforma a la Justicia y que los intentos que se han realizado han terminado en estruendosos fracasos.

El hecho de que los magistrados no tengan ni dios ni ley es una de las causas de la grave crisis de credibilidad que vive la Justicia. Las cortes, antes instituciones admiradas, compiten hoy con el Congreso por los últimos lugares de favorabilidad. Como advirtió la exfiscal Viviane Morales, “uno sabía que el clientelismo era la enfermedad de la política… ¿Pero para qué pide un magistrado de una alta corte puestos de la Fiscalía? Para contribuir a esa telaraña que han formado de litigio entre oficinas de abogados, fiscales y magistrados que secuestraron la justicia y la convirtieron en un asunto de cohecho y de soborno”.

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La creación del tribunal tampoco resolverá el problema de fondo de las Altas Cortes como su origen político, el apetito burocrático de sus miembros y el exceso de poder que les otorgan las funciones electorales. Sin embargo, sí hará que el Palacio de Justicia no sea el escenario de impunidad que hoy escandaliza a los colombianos. El hecho de que tres expresidentes de ese alto tribunal estén involucrados en lo que parece ser una red profesional para delinquir desde ese lugar debe tener consecuencias. Un organismo que esté a la altura de poner freno a estos desmanes debería ser una de ellas.