Corte Suprema niega tutela al editor de Anncol

El proceso judicial en contra de Joaquín Pérez Becerra, editor de la página Anncol (entidad que reproduce las informaciones de las FARC), se le complicó a la defensa. Esto luego de que la Corte Suprema de Justicia falló una acción de tutela en la que negó amparar el derecho al debido proceso a este hombre acusado de concierto para delinquir.
 
La historia de Becerra se conoció en abril del 2011 cuando este hombre fue deportado de Venezuela a Colombia para que respondiera por sus presuntos nexos con las FARC.
 
En esa oportunidad, las autoridades colombianas consideraron a Pérez una pieza importante de la estrategia internacional de las FARC y responsable de las relaciones públicas de ese grupo guerrillero en Europa.
 
Seis meses después, en octubre del 2011, Becerra fue acusado formalmente por la Fiscalía. Esta se basó en más de cien elementos encontrados en computadores de cabecillas de las FARC (especialmente en el de alias 'Raúl Reyes'). Ese día el ente acusador lo encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir, financiación y administración de recursos derivados del terrorismo.
 
Ante las acusaciones de la Fiscalía, la defensa de Becerra aseguró que su proceso judicial había sido vulnerado, por lo que entabló una acción de tutela alegando el derecho al debido proceso.
 
El argumento de la defensa fue simple. Las pruebas recogidas en los computadores tras en la operación Fénix (en la que murió alias Raúl Reyes) no eran legales pues no hubo cadena de custodia. Incluso, se dijo que así lo había determinado la propia Corte Suprema al desechar esta prueba en el proceso contra el exrepresentante a la Cámara Wilson Borja.
 
En el fallo de tutela la Corte Suprema consideró que la "actuación seguida en su contra, se encuentra en la fase del juicio oral, circunstancia que permite inferir a este colegiado que en desarrollo de dicho proceso, el procesado podrá demostrar lo que aquí afirma", es decir, que las pruebas son ilegales.
 
Con la decisión, a partir de ahora el juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado podrá adelantar las audiencias para determinar la responsabilidad o no de Becerra por sus presuntos nexos con las FARC.
 
A principio de febrero el abogado Mario Navarro aseguró que esperaba demostrar que Anncol es una página legal y que "ser editor es un trabajo como cualquier otro. Y no tiene por qué decirse que es un guerrillero o un colaborador de las FARC".