Crisis en la salud: Gobierno, a examen ante la Corte Constitucional

Este jueves el Gobierno rendirá cuentas ante los magistrados de la Corte Constitucional, quienes harán seguimiento a los avances en materia de salud que ha tenido el país desde que el alto tribunal emitió la sentencia T-760 del año 2008, la más importante en el tema, y que obliga al Estado a cumplir con una serie de objetivos para garantizarles a los ciudadanos el acceso a la salud.
 
La audiencia, que se realizará este jueves, se hará en un medio del escándalo por la crisis y la corrupción que se vive en el sector y que estalló en mayo de este año, con la captura de varios funcionarios del Ministerio de la Protección Social, investigados por la aprobación irregular de recobros a EPS y cobrar porcentajes del dinero pagado.
 
Tras este escándalo, otros más han salido a flote: las investigaciones a varias EPS por parte de todos los entes de control, la intervención a Saludcoop y la crisis que viven hospitales y clínicas por los atrasos en los pagos por parte de las EPS, son apenas algunos de los problemas que se han conocido en los últimos dos meses.
 
La Procuraduría General presentará un extenso informe de los problemas en el sector y las investigaciones que lleva en curso a algunas EPS. El procurador, Alejando Ordóñez, planteará la falta de “voluntad política” y liderazgo para revisar un nuevo modelo de salud en el país.
 
Uno de los temas a debatir en la audiencia de este jueves es la acción de tutela como el mecanismo al que han tenido que recurrir los ciudadanos para acceder a tratamientos, exámenes y medicamentos, aún cuando muchos están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
 
Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que el 68 por ciento de las tutelas interpuestas contra las EPS están relacionadas con la negación de servicios incluidos en el POS. Asimismo, en un trabajo de investigación que realizó esta entidad en el año 2007 se concluye que el 39 por ciento de los profesionales en salud consideran que la EPS para la cual trabajan los restringe en las autorizaciones de servicios para la atención de los pacientes.
 
Según el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, al mes se interponen 40.000 acciones de tutela, de las cuales la mitad están relacionadas con salud y pensiones.
 
En la sentencia T-760 del 2008, el alto tribunal le plantea al Estado la necesidad de reducir la presentación de acciones de tutela para acceder a los servicios de salud.
 
El aumento permanente de tutelas, para la Corte “constituye un claro indicio acerca de las fallas en la regulación del sistema de salud. (...) Por esta razón, las decisiones que adopten los órganos de regulación encaminados a cumplir esta sentencia deben conducir a un resultado que facilite el acceso de las personas a los servicios de salud y que eventualmente disminuya la proporción de tutelas presentadas”.
 
¿Qué ordena la sentencia T-760?
 
- Reformar los Planes Obligatorios de Salud (POS) del régimen contributivo y subsidiado, y en especial, adoptar las medidas para eliminar "la incertidumbre" del contenido de los POS, que se conocen como zonas grises y que permite que la EPS decida si determinado servicio está en incluido o no.
 
- Asegurar el flujo de recursos. Entre las órdenes se incluye adoptar un plan de contingencia para "asegurar los pagos de los recobros atrasados en el FOSYGA".
 
- Proteger el derecho a la información, mediante la distribución a las personas afiliadas de una carta de derechos de los usuarios y una carta de desempeño de las entidades del sector de la salud y adoptar medidas para que progresivamente se alcance la cobertura universal del sistema antes de enero de 2010.
 
- Ampliar las competencias del Comité Técnico Científico de cada EPS para que también se pronuncie sobre si aprueba o niega solicitudes de servicios médicos diferentes a medicamentos en cualquiera de los regímenes y adoptar las medidas para evitar que se rechace o se demore la prestación de los servicios médicos que sí se encuentran incluidos en el POS.
 
- Tomar medidas especiales para que no existan obstáculos en la prestación del servicio a los menores de edad.