¿Cuánto tiempo tiene la paz?

Con el plazo impuesto por el propio presidente Santos para llegar a un acuerdo con las Farc al mes de noviembre casi a la vuelta de la esquina, el calendario de la paz se ve cada vez más apretado. Así, al parecer, empieza a reconocerlo el gobierno. ¿Lo entenderán las Farc?

Con el inicio de la duodécima ronda de conversaciones entre las Farc y el gobierno aplazado por una semana, el punto de participación política, el segundo de la agenda de La Habana, parece más complicado que nunca y la meta oficial de tener un acuerdo final para noviembre luce cada día menos realista. 

Lo insinuó el presidente en Medellín hace unos días: aunque insistió en que espera llegar a un acuerdo para entonces, por primera vez dijo que no es partidario de las “fechas fatales”. 

A esto hay que añadir el fiasco mayúsculo que sufrieron las esperanzas de abrir un proceso con el ELN, al rechazar este grupo la condición de liberar al canadiense secuestrado que le puso el presidente Santos para iniciar diálogos, cuando muchos esperaban que eso despejaría el camino para arrancar las negociaciones con la segunda guerrilla del país.

Desde que se anunció un acuerdo parcial sobre el punto de desarrollo rural, el primero de la agenda entre el gobierno y las Farc, el 26 de mayo, han pasado casi dos meses. Entretanto, se han hecho dos rondas sobre el segundo, participación política, pero este ni siquiera ha empezado a discutirse. Las partes han trabajado por separado, escuchado a dos expertos e “intercambiado propuestas” sobre el primero de los tres subtemas que componen este punto, como lo dijeron en un reciente comunicado conjunto.

La duodécima ronda de conversaciones debía empezar el lunes 22 de julio, pero no lo hará hasta el domingo 28. Y solo entonces arrancará la discusión de acuerdos en torno al punto de participación política. Hasta noviembre, que fue el plazo con el que el presidente Santos se ató a sí mismo las manos para tener un acuerdo final con las Farc, quedan cuatro meses. Al ritmo actual, de rondas de diez días y recesos de dos semanas, alcanzarán a hacer unos cuatro o cinco ciclos de conversaciones más hasta entonces. 

Si las partes no imprimen un cambio drástico a la paquidérmica velocidad a la que marchan, se ve muy improbable que puedan anunciar un acuerdo antes de fin de año.

La velocidad de una negociación no depende solo del número o la cantidad de rondas sino, sobre todo, de la decisión política de las partes de llegar a buen puerto. De ahí la crucial importancia de la discusión sobre participación política. 

En el tema rural, las Farc mostraron desde el principio que habían matizado posiciones radicales frente al latifundio o la extranjerización de la tierra, y el gobierno tenía una agenda progresista frente al campo, lo cual abonó el terreno de encuentro. En el de participación política, en cambio, parten de posiciones más distantes. “No se trata de ninguna manera de reestructurar el Estado”, dijo Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, hace unas semanas, mientras varias ideas anunciadas por las Farc apuntan justo a eso. 

Aunque muchas de las “propuestas mínimas” que estas han anunciado en sus cotidianas intervenciones ante la prensa recogen ideas del Foro de Participación Política y son negociables, no solo su idea de Constituyente, sino otras como revisar la estructura y la doctrina de las Fuerzas Armadas o crear un cuarto poder, el Poder Popular, sugieren que no han desistido de ampliar la agenda. 

Tampoco es claro si las Farc entienden que la opinión pública y buena parte del establecimiento político difícilmente aceptarán que el gobierno negocie solo con ellas temas que afectan a otros sectores, como un Estatuto de la Oposición.

Hay preguntas inquietantes cuya respuesta depende de la decisión estratégica con la que las partes encaran este punto crucial de la agenda. ¿Cuáles serían los resultados de las elecciones de marzo a Congreso con acuerdo o sin él? ¿Cómo sería la discusión del Marco Jurídico para la Paz en el Congreso actual –o la posición del procurador– con una bancada uribista fuerte y a la ofensiva elegida para el siguiente?

¿Entienden las Farc los tiempos y tensiones de la política interna y que ningún acuerdo en la Mesa se puede saltar el derecho internacional o los límites que impone la opinión pública? Y el gobierno, en sus afugias electorales, ¿tendrá la estatura para jugarse sus restos por la paz? 

Todo esto, probablemente, empezará a quedar claro con la discusión sobre participación política. Precisamente por las distancias que separan a los negociadores es que este punto dará una medida precisa de hasta dónde las Farc entienden que la paz tiene una ventana de oportunidad estrechamente ligada a los ritmos de la política interna y qué tanto está el gobierno dispuesto a ceder para lograr acuerdos. 

Si encuentran de nuevo un terreno común y lo hacen pronto, un acuerdo final estaría casi cantado. De lo contrario, noviembre se puede volver, de hecho, un plazo fatal.

Aun con un acuerdo con las Farc, sin el ELN la paz sería incompleta. Pero, por ahora, este grupo le ha dado un portazo.

A la demanda del presidente Santos de que liberen al canadiense Jernoc Wobert que tienen secuestrado desde enero, los elenos respondieron, en una carta pública al mandatario, que no aceptan condiciones para dialogar.

Su argumento es tan simple como revelador: “Fue el gobierno quien definió que los diálogos de paz se adelantarían en medio de la confrontación (…).Por esta razón es un absurdo que se le cuestione a la insurgencia su accionar insurgente y, peor aún, que se le pongan condiciones para dialogar mientras el gobierno despliega la más feroz arremetida”, dijeron.

Con esto, el ELN muestra que está mucho más atrás que las Farc en el reconocimiento de la realidad política. 

Asimilar la práctica criminal del secuestro de civiles a la “confrontación” armada, indica que siguen ciegos al inmenso costo que les significa nacional e internacionalmente –algo que las Farc reconocieron de hecho al renunciar a esa práctica públicamente, para sentarse a dialogar en secreto en Cuba con el gobierno. Y pretender que la liberación de los secuestrados sea parte de la negociación y no un gesto previo a la misma es no ver las líneas rojas que ningún gobierno se atrevería a cruzar para abrir un proceso con el ELN.

El ELN es una fuerza menor. La reciente desmovilización que desmanteló una de sus columnas en Cauca (ver artículo) es una muestra de profunda descomposición. Pese a algunos secuestros y acciones como la emboscada que cobró la vida de varios soldados en Chitagá, Santander, esa guerrilla es militarmente mucho más vulnerable que las Farc, en especial si estas llegan a un acuerdo con el gobierno y los militares quedan con las manos libres para enfilarse contra los elenos. 

Pero los elenos se resisten a dar el paso. Es una incógnita qué discutieron su comandante, Nicolás Rodríguez, y Timochenko, el de las Farc, cuando se reunieron hace unas semanas. 

Solo cabe preguntarse si las Farc están o no buscando atraerlos al proceso, lo que podría ser un factor para que finalmente se decidan a hacer un gesto que permita abrir conversaciones formales con ellos. 

Así están las cosas. Mientras el reloj de la paz hace lentamente tic-tac con las Farc, con el ELN está parado. Y el tiempo de la paz dista de ser infinito.