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| 4/1/2017 10:30:00 PM

¿Por qué peligra la plataforma de Uber?

De prosperar las medidas cautelares de la demanda admitida por el tribunal contra Uber, la aplicación quedaría desactivada en los próximos días. Y el coletazo, por efecto dominó, pondría en aprietos a Netflix, Airbnb o Spotify, entre otras.

El argumento clave del Ministerio de Transporte para tratar de sacar de circulación a Uber es que esa empresa está explotando ilegalmente un bien de uso público –el espectro electromagnético– para su beneficio particular. En ese razonamiento se soporta la demanda admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También alega que se trata de una compañía de transporte público que opera sin someterse a la vigilancia y control del Estado, por lo que es necesario bloquear su aplicación electrónica, pues las medidas tomadas hasta ahora por las autoridades han sido insuficientes para ponerla en cintura.

La demanda, de 64 páginas, contiene en el aparte final un requerimiento al tribunal para que de forma inmediata adopte medidas cautelares. Este debe decidir al respecto la semana entrante y, si las aprueba, significaría el bloqueo del aplicativo Uber en Colombia. Con miras a ello, el Ministerio de Transporte también solicitó al tribunal vincular al proceso al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y a la Agencia Nacional del Espectro (ANE), adscrita a este. Según la demanda, estas instancias podrían sacar del aire a Uber, cuya plataforma es una de las más populares no solo en el país, sino en las 70 naciones donde opera. El tribunal, al admitir la demanda, ordenó la vinculación de estas dos entidades. 

Pero a las primeras de cambio el Mintic se dirigió al tribunal para decir que no tiene ni competencia legal ni el más mínimo interés en sacar del aire a ninguna aplicación digital. Sostiene que de hacerlo violaría el principio internacional de “neutralidad de red”, el cual obliga a los gobiernos a garantizar un internet libre, abierto y sin discriminación. Esto porque solo así se asegura el acceso a la información, la libertad de empresa y la libre competencia, derechos protegidos por la Constitución nacional.

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El choque de trenes entre la cartera de Transporte y el Mintic evidencia la complejidad del asunto. Y en medio del lío está, de un lado, Uber que opera en 19 ciudades del país, tiene 53.000 conductores registrados y millón y medio de usuarios con el aplicativo en sus teléfonos celulares. Del otro lado, está el enfurecido gremio de los taxistas que solo en Bogotá cuenta con 100.000 y a nivel nacional unos 800.000, según cálculos. La confrontación en las calles del país entre estos y aquellos es cada día más delicada, pues hace rato superó los roces e insultos y está a punto de empezar a costar muertos. Los pasajeros, que solo anhelan un servicio eficiente y seguro, temen en cualquier momento pasar de usuarios a víctimas.

Por todo ello la decisión que en los próximos días tomará el tribunal es trascendental y tiene con los pelos de punta no solo a los abogados involucrados.

Pero además de definir si ordena medidas cautelares para bloquear la aplicación, luego el tribunal, con su veredicto de fondo, resolverá una pregunta a la que ninguna autoridad ha querido enfrentarse: ¿Uber en Colombia es legal o ilegal?

El Mintransporte insiste desde hace años en que Uber presta el servicio de transporte al margen de la legalidad, y afirma que a pesar de las multas y las sanciones impuestas ha sido imposible hacer que se formalice como empresa de transporte. La demanda señala que Uber fija tarifas a su antojo, que carece de pólizas para respaldar cualquier eventualidad y que incurre en competencia desleal al contrastar su modelo con el de los taxistas tradicionales. Y todo ello aprovechando el uso no autorizado del espectro.

Por su parte Uber argumenta que no es una empresa de transporte, sino una plataforma tecnológica que pone en contacto a personas que necesitan desplazarse con particulares dispuestos a compartir su vehículo. Y que la tarifa sale del balance de ser atractiva para el conductor y razonable para el pasajero. Es decir, el costo del servicio Uber responde a criterios de oferta y demanda, la dinámica del mercado. SEMANA consultó a voceros de la empresa para conocer su punto de vista sobre la demanda, pero dijeron que la empresa no se pronunciará mientras no haya sido debidamente notificada del proceso.

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En Colombia no hay precedente sobre el bloqueo de una aplicación. La reglamentación vigente solo admite esa medida frente a contenidos de pornografía infantil y de apuestas ilegales. Pero el debate contra Uber, en los términos que se está planteando, tampoco había llegado antes a instancia de los jueces. Justamente esta semana la Corte Constitucional se inhibió de pronunciarse sobre un vacío en la reglamentación del servicio de transporte de lujo (léase Uber).

Hace unos meses el Ministerio de Transporte convocó a centenares de taxistas a una reunión para informarles que buscaría bloquear a Uber por medio de una demanda. Allí estuvo el viceministro de Tecnología de la Información, Daniel Quintero, quien dijo que esa estrategia era una pérdida de tiempo pues en Colombia existen 120 apps similares a Uber y que la mejor salida era crear una normatividad que responda a la realidad que imponen las nuevas tecnologías que está revaluando en todo el mundo el modelo de negocio tradicional.

Pero Mintransporte, en la demanda, plantea que sí existe una normatividad que responde a los negocios que traen las nuevas tecnologías. Sostiene que en 2015 el gobierno creó la categoría ‘de lujo’ para regular las plataformas que quieran prestar el servicio de transporte con sistemas digitales. Y que dado que Uber ha sido renuente a adecuarse a tal categoría no hay más opción que acudir a los estrados judiciales.

“Las personas dependen cada vez más de internet para comunicarse y, por tanto, un bloqueo restringe la libertad de expresión. Cuando un juez analice una solicitud de bloqueo lo debe hacer desde los estándares de respeto a los derechos humanos, en particular los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dice Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, que se ocupa de analizar las oportunidades y amenazas que surgen del cruce del derecho y la tecnología. En la demanda que cursa ante el tribunal el Ministerio de Transporte deja en claro que su propósito no es acabar con Uber sino lograr que la firma opere el negocio del transporte en igual de condiciones que las otras empresas del sector.  

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La próxima semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidirá sobre la medida cautelar de bloquear o no a Uber. La eventual desactivación no solo generaría un sismo en Uber Colombia, sino que dejaría en entredicho a otras aplicaciones que se valen del espectro para mover su negocio digital, como WhatsApp, Netflix, Airbnb o Spotify, por nombrar las más populares. Pero negarse al bloqueo en la práctica significaría que una autoridad le da luz verde a Uber, y ello también tiene implicaciones. Cualquiera que sea el veredicto, encenderá el debate.

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