El barrio que no quiere que entre la Fiscalía

Los habitantes y dueños de bodegas en el barrio Toberín, situado en el norte de Bogotá, están molestos por la insistencia de la Fiscalía General de la Nación en que allí se construya una Unidad de Reacción Inmediata (URI), un lugar de paso para aquellas personas capturadas y señaladas de cometer delitos.

Para la Fiscalía, esas unidades, que trabajan los 365 días del año 24 horas del día, facilitan el acceso del ciudadano a la adminis­tración de justicia. Pero para los habitantes del barrio Toberín la interpretación es distinta. Según ellos, esa unidad traerá inseguridad, congestiones vehiculares e intranquilidad en un sector que por años se ha dedicado al comercio.

El barrio es una especie de zona industrial que combina el comercio de bancos con pequeñas empresas y algunas residencias. En las noches la zona es desolada.

Pero la relativa calma con la que allí se vive se ha alterado por el anuncio de la construcción de la URI. Y es que los propietarios de predios están inquietos por lo que han visto en los medios durante las últimas semanas: hacinamiento y desorden en la mayoría de las URI en Bogotá.

La historia

Los habitantes de Toberín han presentado todo tipo de acciones para evitar que allí se construya la URI. La historia del rechazo no es de ahora. En el año 2000, en la bodega ubicada en la carrera 41 con calle 169, funcionó una Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Allí llegaban todos los detenidos, borrachos, drogadictos, rateros y protagonistas de riñas que la Policía recogía en la zona.

La primera Acción Popular fue instaurada por la comunidad contra la Alcaldía Mayor para que les retiraran esa unidad. Un tribunal de Cundinamarca negó la pretensión y el tema terminó en el Consejo de Estado, que revocó el fallo en febrero del 2001.

En esa oportunidad se protegieron los derechos a gozar de un ambiente sano y a la seguridad. Además se indicó que el lugar no reunía las condiciones para un centro como estos.

El tema parecía haber quedado en el olvido y los habitantes estaban tranquilos. Pero nuevamente la Fiscalía entró en la contienda y propuso que allí se construyera una URI que cubriera los casos de zonas como Usaquén, Suba y hasta municipios como Chía y Cota.

En una nueva acción popular contra la Fiscalía, fallada en mayo del 2008, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito amparó los derechos colectivos y le ordenó a la Fiscalía reubicar la URI. La insistencia del ente investigador obligó a que se pusiera una nueva querella, que fue fallada el 28 de mayo. En esta, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que el tema era cosa juzgada y rechazó la demanda.

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Toberín (Asempto), Violeth Collazos, ha pedido que la Fiscalía acate los fallos y reubique esa URI. “Un centro como estos trae a su alrededor una cantidad de personas indeseables, tráfico de drogas, vendedores ambulantes, contaminación visual”.

Se calcula que en el barrio hay 450 empresas comerciales e industriales, jardines infantiles, colegios y universidades. Además alegan que la imagen de barrio de empresarios se va a acabar.

El concejal Hosman Martínez está al tanto del tema y denunció que Planeación Distrital cambió el uso del suelo sin consultar con la comunidad para que se pudiera construir la URI. “Le voltearon el pescuezo a la norma para ir en contra de los altos tribunales”.

Por eso anunció que demandará la resolución de Planeación y pedirá una medida cautelar para que se respete el fallo. Los vecinos anunciaron que en noviembre harán una protesta para que de una vez por todas los tenga en cuenta la autoridad.