El dedo en la llaga

En el momento en que la relación entre Alvaro Uribe y las ONG de derechos humanos se encontraba en su punto más bajo, la embajada de Estados Unidos preparó un informe para el Congreso, el Departamento de Estado y personas clave de ese país en el que pone el dedo en la llaga sobre las razones de fondo que separan al gobierno de estas organizaciones.

La embajada reconoce que en Colombia aún no se respetan a cabalidad los derechos humanos y que aún persiste una "seria preocupación por la tolerancia y en algunos casos complicidad entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares". Sin embargo considera que el gobierno ha hecho progresos que han sido ignorados por las ONG. También afirma que "detrás del debate alrededor de las críticas de Uribe a las ONG subyace una controversia más profunda sobre la exactitud y la naturaleza de las estadísticas de derechos humanos en Colombia".

El informe -que fue conocido por SEMANA- concluye que gran parte de las diferencias en las cifras corresponden a que las ONG utilizan definiciones y metodologías diferentes a las del gobierno. Por ejemplo, mientras el Ministerio de Defensa reportó que los paramilitares habían asesinado a 59 personas en masacres en 2002, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció que las víctimas habían sido 1.549.

Las definiciones discrepan. Mientras para el gobierno una masacre es el asesinato de cuatro o más personas en el mismo tiempo y lugar, para las ONG es la de tres o más.

También existen diferencias sobre la detención arbitraria. El Centro de Investigación y Educación Popular de los jesuitas, Cinep, que tiene el Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política más consultado, denuncia que el Estado cometió cerca de 2.000 detenciones arbitrarias en los primeros nueve meses del gobierno de Uribe. Esta cifra -dice el Cinep- representa un aumento del 400 por ciento frente al último año del de Andrés Pastrana. Esta estadística alarmante le ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, la noción de arbitrariedad que utiliza esta ONG trasciende la definición legal colombiana, e incluso la internacional. "Una revisión de los casos estudiados por el Cinep revela que considera todas las siguientes detenciones 'arbitrarias': arrestos legales de manifestantes que invaden propiedad estatal; detenciones de sospechosos durante operaciones de combate urbano; y arrestos con orden de captura de activistas cívicos y sindicalistas sospechosos de colaborar con la guerrilla. Las ONG colombianas consideraron que casi todas las detenciones hechas por militares en la antigua zona de rehabilitación fueron ilegítimas a pesar de que estaban autorizadas por la ley y usualmente duraron un máximo de 36 horas", dice el informe.

El padre Alejandro Angulo, director del Cinep, dice que en efecto si se limitaran a la apreciación jurídica la mayoría de detenciones, que registran como arbitrarias, no lo serían. "Pero para nosotros la ley que creó el régimen que les otorgó facultades de policía judicial a los militares en la zona es arbitraria y por ende lo son las detenciones amparadas por esa ley. Lo mismo las capturas masivas. Usamos un criterio político", afirma.

Pero quizás en lo que más difieren gobierno y ONG es en qué se considera una violación de derechos humanos. Mientras para el gobierno tanto los funcionarios estatales como los grupos armados ilegales violan los derechos humanos, para la mayoría de ONG sólo son responsables el Estado o actores patrocinados por el mismo, como asumen en sus estadísticas que son los paramilitares. Los crímenes cometidos por la guerrilla son registrados como "violaciones al derecho internacional humanitario (DIH)". Lo paradójico es que por ejemplo el Cinep tampoco registra el secuestro cometido por los insurgentes como una violación al DIH, sino como parte de la violencia político-social, pues considera que esta práctica "no está ligada directamente al desarrollo de las hostilidades sino a su financiación. Y que por eso no se puede equiparar a la 'toma de rehenes' prohibida por los convenios de Ginebra".

Entonces, como no registra los más de 10.000 secuestros cometidos por el ELN y las Farc entre 1998 y 2003, las guerrillas aparecen con una cifra muy inferior de violaciones al DIH de la que se le atribuye a los actores estatales.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una de las ONG más grandes y respetadas del país, en cambio, utiliza la definición legal de detención arbitraria y sí registra el secuestro cometido por guerrillas como una violación al DIH. Pero tiene sus propias definiciones sobre otros temas. La embajada en su informe señala que la CCJ define como violaciones a los derechos humanos las muertes de combatientes en hostilidades. "Esta definición duplicó con creces el número de violaciones que la CCJ registró entre el primero de julio de 2002 y junio 30 de 2003", dice el informe de la embajada.

Gustavo Gallón, director de la CCJ, dijo a SEMANA que eso es falso. "Consideramos las muertes en combate homicidios políticos porque son personas que mueren por razones políticas. Pero es una tergiversación decir que las consideramos una violación a los derechos humanos".

En la conferencia celebrada en julio en Londres con la mesa de donantes europeos este punto provocó grandes fricciones. Gallón rebatió la tesis del gobierno de que durante el último semestre se registraba una tendencia a la baja en los homicidios, que se han reducido en lo que va del año en 22 por ciento. Argumentó que en ese período "murieron o desaparecieron por violencia política la misma cantidad de personas que en los dos años anteriores: 6.978, frente a 7.426 el año pasado y 6.621 el año antepasado".

En su discurso quedó menos claro que de esos 6.978 muertos, 3.022 habían caído en combate, casi el doble que entre julio de 2000 y junio de 2001. El gobierno decía que si se le restaban los muertos en combate, sí había una reducción de dos muertos en la tasa de homicidios.

El informe también analiza las diferencias metodológicas para recaudar información. El gobierno basa sus cifras en datos oficiales que complementa con informes de prensa y estadísticas confiables de ONG. Mientras que las cifras de las organizaciones de derechos humanos como Cinep, CCJ y Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos salen de la lectura de 18 periódicos nacionales y regionales, revistas nacionales y denuncias de las víctimas y de organizaciones sociales en los municipios.

"La dependencia del gobierno de reportes oficiales sin duda conlleva a un subregistro de violaciones", dice el informe de la embajada de Estados Unidos. "Pero las estadísticas de las ONG sin duda exageran las violaciones, ya que dependen en exceso en quejas sin respaldo que pueden ser manipuladas". Dice que cuando elaboraba el informe de derechos humanos de 2002 la embajada investigó un caso denunciado en Internet que acusaba a soldados colombianos de degollar a machetazos a un retrasado mental en un pueblo. "Con base en el testimonio de testigos e investigadores civiles descubrimos que la víctima tenía todas sus facultades mentales y que estaba armada con una pistola en el momento en que un soldado le disparó durante la pelea", dice el documento.

La embajada agrega que las estadísticas de las ONG pueden ser difíciles de interpretar. Por ejemplo, bajo la categoría 'Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política' entre abril y junio de 2002, el Banco de Datos registró 57 detenciones arbitrarias del DAS, 60 del CTI, 86 de la Policía y 85 de la Sijin. La embajada descubrió que algunas operaciones fueron conjuntas y estaban registradas por separado. Y que las 85 violaciones atribuidas a la Policía eran las mismas de la Sijin. "A través de un doble registro, un total de 137 detenciones se convirtieron en 398 violaciones para el Cinep", dice.

Por último la embajada señala que las principales ONG de derechos humanos se concentran en lo negativo. "En el informe 'El embrujo autoritario' que provocó la ira de Uribe, muy pocos colaboradores hicieron alguna referencia a los logros del gobierno en el campo de los derechos humanos", dice la embajada.

El caso más protuberante es el del descenso en los sindicalistas asesinados. Según los datos de la Escuela Nacional Sindical se han reducido las muertes y secuestros en 65 y 80 por ciento en el año. En El Embrujo reconocen esto en dos líneas y acto seguido se despachan dos párrafos hablando de cómo se han disparado las amenazas verbales y las detenciones arbitrarias de sindicalistas.

Gallón reconoce que les queda difícil destacar los logros de este gobierno, porque -en realidad- consideran que son inexistentes. "El gobierno tiene una política sistemática de convencer a los colombianos que están disminuyendo las violaciones. Pero no es cierto", afirma. Dice que para la CCJ la reducción de homicidios o de secuestros -que ha bajado en casi 30 por ciento este año- no configura una tendencia pues 10 meses es un tiempo muy corto y que en todo caso es una cifra similar a la de hace cinco años. Pero que más allá de las cifras, ellos consideran que el gobierno ha propiciado una militarización y una política dirigida a involucrar a la población civil en el conflicto a través de los soldados campesinos y la red de informantes que crea un entorno que a la postre agravará la situación.

Más allá de la valoración política de las cifras, el reporte de la embajada pone en evidencia que se requiere un sistema de información confiable para medir violaciones. Cada entidad maneja criterios diferentes y no comparte la información. Además como no hay presencia estatal en todo el territorio, se dejan de registrar muchas violaciones.

Pero, por otro lado, sería conveniente que las ONG ajustaran sus criterios a los estándares internacionales y desideologizaran las cifras. Temas que parecen tan obvios a la luz de los tratados como que el secuestro es una violación del DIH o que las muertes en combate no son homicidios políticos como sostienen ciertas ONG en donde sigue primando un criterio ideológico.