Domingo, 21 de septiembre de 2014

| 2013/08/26 00:00

El motivo de Ordóñez contra el Marco Jurídico para la Paz

El procurador asegura que la CPI intervendría en Colombia si las FARC llegan al Congreso.

Foto: Archivo SEMANA

Mientras el Gobierno alista su artillería jurídica y política para defender la propuesta de convocar un referendo para que los votantes refrenden los eventuales acuerdos que se alcancen con las FARC en La Habana, el procurador Alejandro Ordóñez se prepara para atacar la herramienta con la se pretende manejar el posconflicto: el Marco Jurídico para la Paz. 


Ordóñez, conocido crítico de la iniciativa, cuya exequibilidad estudia la Corte Constitucional, tiene como blanco el artículo 67 transitorio, que hace referencia a la participación en política del grupo guerrillero. 


Semana.com conoció el concepto radicado por la Procuraduría ante el Alto Tribunal, en donde se señala que, de darse un escenario con actuales miembros de las FARC en el Capitolio, la Corte Penal Internacional podría intervenir en el juzgamiento de los guerrilleros que hayan violado el Derecho Internacional Humanitario.


El artículo en cuestión es este: “Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y, en consecuencia, no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”.


Para el procurador, el acto legislativo abre la puerta a la exclusión de “los crímenes de lesa humanidad y genocidio cuando son sistemáticos, creando una categoría de lesa humanidad y genocidio que no se conocen en el derecho penal”. Igualmente, según Ordóñez, queda abierta la puerta de indulto o amnistía a los guerrilleros que, eventualmente, lleguen a participar en política.


Advierte Ordóñez que, según la legislación internacional en materia de violaciones a los Derechos Humanos, “existe la clara obligación internacional para los Estados de investigar y sancionar judicialmente a los responsables de crímenes internacionales y de conductas violatorias de los derechos humanos”.


Esa posición fue expresada en su totalidad por la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fantou Bensouda, en un documento revelado por Semana.com, en un concepto que fue radicado al presidente de la Corte Penal Internacional, Jorge Iván Palacio.


Un punto polémico que plantea este dictamen es que “las normas constitucionales expedidas por los Estados (en este caso el Marco Jurídico para la Paz) en contra de esta regla le generarían responsabilidad internacional al Estado en cuestión”.


Por último, el procurador Alejandro Ordóñez pone de presente un informe solicitado por Naciones Unidas a Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, que pone de presente  que "el Conjunto de Principios es categórico al establecer que incluso cuando tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la reconciliación nacional, la amnistía y demás medidas de clemencia tienen límites”, los cuales, para Ordóñez, se transgreden con el Marco Jurídico para la Paz.


Así mismo, señala el documento que "la Corte Penal Internacional  tiene una jurisdicción complementaria y subsidiaria a la jurisdicción colombiana, competente para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y los crímenes de guerra en los casos en que el Estado no puede o no quiere investigar ni sancionar a los responsables de estos crímenes”.    


Para el procurador general, en consecuencia, en la medida que el Marco Jurídico para la Paz contiene disposiciones que pretenden sustraer de responsabilidad penal a los integrantes de las FARC y de otros grupos guerrilleros que negocien con el Estado, la Corte Penal Internacional podría intervenir en Colombia.


Fuentes de la Corte Constitucional han manifestado que el documento se tendrá de presente en la las últimas tres sesiones de sala plena contempladas para este lunes, martes y miércoles, donde se definirá si habrá o no futuro para Marco Jurídico para la Paz.


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