El nuevo fracaso de la Fiscalía en el ‘carrusel’

Como se ha convertido en una especie de constante para la Fiscalía, desde que ha venido negociando con algunos de los procesados por el ‘carrusel’ de contratos en Bogotá, la entidad sufrió un nuevo revés en su intención de conseguir un preacuerdo. En esta ocasión, se cayó el convenio suscrito con el ex subdirector del IDU Luis Eduardo Montenegro.

Esta adversidad se suma a las que se dieron hace unas semanas, al intentar el aval para los preacuerdos concedido a los excontratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, procesados por los mismos hechos.

La labor de la Fiscalía ha sido criticada por los jueces que han decidido sobre los trámites y ha implicado un doble desgaste del aparato judicial: tras la ardua negoción con quienes colaboran con su testimonio a cambio de beneficios, los preacuerdos luego desechados por los tribunales y deben ser estructurados para que finalmente tengan luz verde.

En el caso de Montenegro, la ‘piedra en el zapato’ fueron los planteamientos con los que se pretendió demostrar que el exfuncionario -procesado por dos delitos contra el patrimonio público- podía recibir detención domiciliaria en lugar de pagar su condena en una cárcel, bajo el argumento de que es padre cabeza de familia, Según la juez 16 de conocimiento, aseguró que no se logró demostrar esa condición.

La Fiscalía arguyó -a través de diferentes documentos e informes de profesionales- que Montenegro debía estar en su casa velando por la protección de su esposa, al parecer enferma, y de sus dos hijos menores de edad. La sustentación no dejó conforme a la juez y, por el contrario, desató las críticas por aparentes irregularidades.

Uno de los casos citados fue el de una trabajadora social del ICBF, que realizó una visita al lugar de residencia de Montenegro, luego de la cual acreditó las importancia de la presencia del padre en el hogar sin contar con elemento de juicio que le permitieran hacer una valoración a fondo de las condiciones verdaderas en las que se encuentra la familia, según dijo la juez.

Indicó que todo señala que la funcionaria no usó protocolo alguno de los que seguramente se tienen en la entidad para hacer los diagnósticos y que entró a manifestar apreciaciones médicas, sin ser una profesional en el área.

Los abogados Montenegro y la Fiscalía intentaron además hacer ver que uno de los hijos del exfuncionario padece un síndrome que hace necesario el cuidado del padre, ante las serias complicaciones de salud que tendría la progenitora del menor. La juez fue enfática en argumentar que la historia clínica dan cuenta que el joven puede mantener una vida normal, salvo algunas alteraciones propias de la enfermedad.

Otra de las causas que se tuvo en cuenta a la hora de negar el principio de oportunidad, es que los dos hijos mellizos de Montenegro están a penas a dos meses de cumplir su mayoría de edad.

En el preacuerdo firmado entre Montenegro y la Fiscalía se establecía una pena de seis años y cuatro meses de detención domiciliaria, la aceptación cargos por los delitos de peculado por omisión e interés indebido en la celebración de contratos. El exfuncionario también se comprometía a declarar en otros procesos y a entregar información sobre las irregularidades en el tema de contratación de la fase III de TransMilenio.

Luego del no rotundo que recibió la Fiscalía, Juan Vicente Valbuena, quien representa al ente acusador, no tuvo más alternativa que no manifestar ninguna objeción. Se espera que el preacuerdo se replantee y se presente nuevamente.