El preso que puso contra las cuerdas al Inpec

Santiago Villa Arboleda, preso del patio 2A de la cárcel Modelo de Bogotá, logró lo que varias entidades del Estado no habían conseguido: que a ese centro penitenciario no ingresaran más internos por los próximos tres meses. Y lo hizo mediante una tutela que la juez 56 penal falló a favor de Villa.

El recurso fue interpuesto el pasado 16 de enero alegando que a su llegada al centro carcelario no se le suministró ningún elemento de aseo o de higiene. Además, carecía de colchoneta, cobija y sábana, implementos considerados básicos para su paso en la prisión.

A la par con el curso normal de la tutela, comisiones del Instituto de Medicina Legal y del CTI de la Fiscalía practicaron las diligencias de inspección al centro carcelario en las que comprobaron una serie de irregularidades que pusieron a La Modelo de nuevo en el ojo del huracán.

Se hizo énfasis, por ejemplo, en el caos del hacinamiento. Ese centro de reclusión tiene capacidad para albergar 2.850 internos. No obstante, el censo entregado a la citada comisión da cuenta de que en su interior hay 7.230 reclusos, es decir, una sobrepoblación del 153 por ciento.

De igual forma, en el documento entregado se asegura que “la preparación de alimentos por parte de los internos, en los pasillos de los pisos, en parrillas improvisadas y con conexiones eléctricas artesanales, sin tener en cuenta normas técnicas para instalaciones de este tipo, que generan chispas, con lo que aumentan el riesgo de incendios y/o explosiones. Además de realizarlo en medio de residuos alimenticios e inflamables, esparcidos por pisos y ventanales”.

Ese informe, que consigna otras deficiencias dentro de la cárcel, concluye que hay serias vulneraciones a derechos fundamentales como la salud, la vida y la integridad, por lo que se aseguró que “faltan acciones concretas de las autoridades carcelarias, en relación con las necesidades básicas de los internos o reclusos, en asocio a las autoridades relacionadas con el régimen penitenciario”.

En su argumentación, la funcionaria judicial transcribió apartes de una misiva de otro interno que hace un recuento sobre la delicada situación de inseguridad que se vive dentro de la cárcel, que incluye, además, a los guardias del penal a quienes el preso acusa de tener una red que cobra ‘vacunas’ a los nuevos procesados.

Según ese testimonio, todo se cobra dentro del penal. Cigarrillos, llamadas por celular, aguardiente y hasta un corte de cabello. “Cualquier falta cometida por un interno es cobrada por el guardia que tiene conocimiento de ella, so pena de presentar el respectivo informe”, dice la carta.

Esta declaración y la del tutelante, entre otros testimonios, fueron los que tuvo en cuenta la juez para proferir la decisión. Sin embargo, no fue la única orden de la funcionaria judicial. En su providencia, además, ordena a la Fiscalía la apertura de una investigación sobre supuestos crímenes cometidos al interior de La Modelo.

Las pesquisas serían sobre homicidios perpetrados por “integrantes de grupos armados ilegales, (que) asesinan y torturan personas dentro de la cárcel, en donde se hallarían enterrados, en fosas comunes, sus restos”, pide la juez al tiempo que advierte que esta investigación debe realizarse de manera pronta y eficaz.

Así las cosas, se sienta un precedente, ya que por primera vez se toma tal decisión que podría ser el primer paso para solucionar la crisis que de una cárcel que de ‘modelo’ sólo tiene el nombre.