Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2015/10/11 15:25

La espinosa controversia por la imparcialidad en encuestas y debates

Abrir la controversia a dos semanas de elecciones, como lo hizo el Consejo Electoral, genera dudas sobre sus verdaderas intenciones e impone peligros contra la libertad de prensa.

Desde hace muchos años no ha habido en Colombia una sola campaña electoral en la que, en la recta final, no sienten a las encuestas y a los debates en el banquillo de los acusados. Los candidatos que no resultan favorecidos en los sondeos salen lanza en ristre a cuestionarlos. Y en materia de debates, el dilema eterno es si hay que invitar a todos los candidatos inscritos –incluso los que no tienen opción alguna– o solamente a los punteros, que representan a más amplios sectores del electorado.

La versión 2015 de estas controversias fue más intensa porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) se metió de frente. En sendas circulares, les pidió a los medios de comunicación que invitaran a los debates a todos los candidatos inscritos y, sobre las encuestas, anunció que abriría investigaciones a siete firmas que supuestamente han cometido irregularidades. Hubo interpretaciones discrepantes sobre el alcance de estas resoluciones. Y aunque al final el presidente del CNE, Emiliano Rivera, aclaró que se trataba solo de recomendaciones, la pelea quedó casada y quedaron en el aire muchas dudas.

Los candidatos coleros en intención de voto recibieron con beneplácito las circulares. Pero en el punto de obligar a que en los debates participen todos los aspirantes, los directores de medios reaccionaron con fuertes críticas. Vicky Dávila, de La F.m., consideró la medida una “abierta censura” y una “sospechosa práctica cuando apenas faltan dos semanas para las elecciones, porque nos imponen los candidatos a los periodistas”. Néstor Morales, director de Blu Radio, la calificó de inconstitucional y agregó que Colombia se empieza a parecer a Venezuela en la represión a los medios. “Aquí, a diferencia de allá, decidimos a quién entrevistar y a quién no”. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, dijo que respetaba la medida pero que le parecía inviable. “Al final la gente es la más perjudicada, pues un debate con todos los candidatos no permite la profundidad en las propuestas y se limita a un festival de frases cortas”, dijo. Diana Calderón, directora del Servicio Informativo de Caracol Radio, también la cuestionó y dijo que era una intromisión indebida en decisiones editoriales.

El punto es que hay dos derechos enfrentados: el de la libertad de prensa y el de la participación política. Sin embargo, es claro que el CNE no tiene facultades para imponerles a los medios de comunicación los criterios para definir cómo garantizar ambos. En otros países es frecuente que solo lleguen a los grandes debates por televisión los candidatos que gozan de respaldos ciudadanos significativos, o de partidos fuertes. En Estados Unidos, en la actual campaña para las elecciones primarias, hay 18 precandidatos republicanos y solo han invitado a ocho. La proliferación de aspirantes en estos eventos impide el intercambio de ideas y reduce el tiempo para el verdadero debate.

Y se crea un círculo vicioso: los debates ampliados fomentan que se inscriban más candidatos sin opción –que buscan tiempo en la pantalla para posicionarse a futuro–, y en la medida en que hay más gente se vuelven más inocuos. Lo ideal sería que existieran partidos fuertes, pero ese no es el caso en Colombia. Y ante la realidad de una política desordenada y desinstitucionalizada, son los medios los que deben decidir los mejores criterios de satisfacer con responsabilidad las necesidades de sus audiencias.

En materia de encuestas el asunto es un poco diferente. La acción del CNE tuvo claros visos de oportunismo para quedar bien con los partidos y candidatos que quisieran limitar su publicación para esconder, tras argumentos supuestamente técnicos, las realidades electorales que no los favorecen. Porque, si en verdad hay inquietudes en el CNE, ¿para qué esperaron hasta la recta final de la campaña para expresarlas? Desde tiempo atrás ese organismo ha establecido controles y exigencias que obligan a inscribir las firmas y a publicar las fichas técnicas sobre los métodos usados en los estudios. Está demostrado que estos requisitos poco o nada sirven para identificar las prácticas que serían condenables: la manipulación de resultados, la publicación sesgada, la invención de cifras.

Para empezar, no tiene sentido hacer señalamientos generalizados. Hay candidatos que presentan encuestas, o las usan en su publicidad en forma parcial o deformada. Y hay medios que caen en la tentación de publicar cifras aisladas filtradas por campañas. Pero en el país hay un alto número de empresas encuestadoras que durante años han demostrado su profesionalismo y si hay alguien interesado en asegurar que su trabajo es confiable, desde el punto de vista técnico y científico, son los medios que las contratan. Y que se juegan su credibilidad en cada elección.

Está bien que se planteen metodologías para asegurar la confiabilidad de las encuestas y la participación pluralista en los debates. Hasta se debería discutir la posibilidad de tener un organismo que vigile la manera como las firmas encuestadoras realizan las encuestas. Eso les daría tranquilidad a la opinión y a los candidatos, y blindaría a las firmas de los continuos señalamientos y matoneo de los que son víctimas en cada campaña. Pero abrir el debate dos semanas antes de las elecciones suena más a oportunismo, o a defensa de causas particulares, que a una reflexión sana dirigida a perfeccionar la democracia.

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