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| 8/4/2011 12:00:00 AM

Encuestas, ¿al banquillo?

El representante Augusto Posada propuso crear una comisión para evitar la manipulación y el fraude en las encuestas. Encuestadores consideran que la iniciativa es inoportuna y que no ataca el verdadero problema.

El proyecto de Ley propuesto por el representante Augusto Posada, de La U, que busca crear una comisión de expertos para analizar las denuncias sobre posibles fraudes o manipulación en las encuestas no fue bien recibido por las firmas encuestadoras.
 
Aunque los representantes de las empresas encargadas de cuantificar la opinión consideran que es positivo que haya una comisión técnica que analice los resultados de las encuestas, argumentan que el proyecto es inoportuno por surgir en medio de un debate electoral y que se concentra en regular el trabajo de las encuestadoras y no el de las empresas de comunicación que publican las encuestas.
 
Los antecedentes
 
Los resultados que arrojan las encuestas, las metodologías utilizadas por las empresas que hacen los estudios y las diferencias de sus hallazgos con las votaciones han sido motivo de debate en diferentes episodios.
 
En el 2010, las encuestas hechas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales anunciaban un empate entre Juan Manuel, de La U, Santos y Antanas Mockus, de los verdes. Sin embargo, Santos ganó con sobrada ventaja. Las críticas a las firmas encuestadoras abundaron desde todos los flancos.
 
Hace unas semanas, la filtración al diario El Tiempo de una encuesta hecha por la campaña de Gina Parody, precandidata a la Alcaldía de Bogotá, fue motivo de otro debate. La encuesta, de carácter interno, arrojaba un empate entre el candidato Enrique Peñalosa, de los verdes, y la candidata independiente.
 
Días después se conoció que la encuesta fue pagada por la campaña de Parody, y medios como LaSillavacia.com cuestionaron el hecho de que ese dato se hubiera omitido desde el principio.
 
El representante Posada puso nuevamente el debate sobre la mesa. Radicó un proyecto de Ley que busca crear una “comisión consultiva en materia de encuestas electorales”.
 
En criterio del legislador, “hay mucho inconformismo en varias ciudades”. Por estos días, en los que se han calentado las campañas locales, no han faltado las denuncias. “Hay quienes ven con suspicacia los resultados y alegan fraudes y manipulación”, agregó Posada.
 
El proyecto de ley no busca establecer sanciones a las firmas encuestadoras, sino crear una comisión que reciba las denuncias, haga una investigación y se la remita al Consejo Nacional Electoral para que decida si sanciona a la firma encuestadora o no.
 
La Comisión estaría integrada por dos magistrados del CNE, dos representantes de facultades de estadística de dos universidades, dos representantes de facultades de sociología y un miembro de asociaciones de periodistas.
 
“Tenemos indicios de que el 7 por ciento de la franja de votantes opinión se guía por las encuestas para tomar su decisión. Lo que buscamos es que haya un mayor control sobre el manejo de las encuestas, pero para brindar más equilibrio en el análisis de las posibles irregularidades de las encuestas la comisión estará integrada por académicos”, agregó Posada.
 
En abril del 2010, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el CNE propuso regular aún más el diseño y la publicación de las encuestas. El organismo presentó un proyecto de ley que buscaba prohibir las encuestas hechas por teléfono y establecer un mínimo de población de muestra, entre otros aspectos.
 
No obstante, el organismo desistió de impulsar el proyecto, que fue objeto de críticas de parte de las encuestadoras y de sectores defensores de la libertad de expresión.
 
Qué dicen los encuestadores
 
Representantes de las firmas encuestadoras esgrimieron varios argumentos que se oponen al proyecto de ley.
 
Carlos Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, por ejemplo, aseguró que un proyecto como el que propone Posada debería ser consultado con las firmas encuestadoras.
 
“Nosotros (los encuestadores) tenemos unas técnicas y un reconocimiento que es un encuentro entre la ciencia, la estadística, la sicología y la cotidianidad de las realidades del país. En ese sentido, nosotros quisiéramos que se nos reconozca como gremio. Estamos agrupados y cualquier decisión debe ser consultada con nosotros”, dijo.
 
A propósito de la supuesta manipulación o fraude en las encuestas, Lemoine aseguró: “Las encuestas arrojan datos objetivos. El profesionalismo que requiere una empresa de investigación impide la manipulación”, agregó.

El experto en investigación social atribuyó el inconformismo de algunos con las encuestas a la interpretación política de los resultados. “El mundo político es de lucubración. Quienes están en la política, cuando obtienen un dato contrario a sus aspiraciones se incomodan”, dijo.
 
Por su parte, Javier Restrepo, director de estudios de opinión de la firma Ipsos Napoléon Franco, enunció tres razones por las cuales no está de acuerdo con la iniciativa.

Primero, cuestionó el hecho de que proyectos para regular las encuestas “surgen en coyunturas electorales, lo cual sugiere que es una reacción de carácter más político que técnico. Si la discusión se diera en otra época, tendría otra lectura”.
 
En segundo lugar, dijo que la exposición de motivos del proyecto se concentra en cuestionar la irresponsabilidad de los medios de comunicación a la hora de la publicación de las encuestas.
 
El proyecto dice, citando un artículo académico de Silvia Ojeda, Sonia Gontero y Nora Ceballos, que “la encuesta electoral muchas veces deja de ser un elemento científicamente fundamentado para interpretar la realidad y se convierte en una herramienta de propaganda política. En la mayoría de los casos los medios de comunicación que publicitan las encuestas no se preocupan por su valor científico”.
 
“Pero esa no es responsabilidad de las firmas encuestadoras, sino de los medios de comunicación”, replicó Restrepo.
 
El director de investigaciones de Ipsos, Napoléon Franco, explicó que las firmas encuestadoras no tienen cómo controlar el manejo y los enfoques que le dan los medios de comunicación a los datos que arrojan las encuestas.

“La argumentación del proyecto se orienta a regular a las encuestadoras. Genera preocupación que son las encuestas las sancionadas, pero no las publicaciones. Eso es odioso. Parece que les tienen miedo a los medios de comunicación”, dijo.

Y en tercer lugar, respecto a la percepción de Posada de que hay sectores políticos que están inconformes con los resultados de las encuestas, dijo irónicamente: “No hay una encuesta que permita concluir si existe esa percepción. ¿De dónde sale la información sobre la supuesta manipulación de las encuestas?”, se preguntó.

Los investigadores, sin embargo, se mostraron de acuerdo con la creación de una comisión técnica que analice las encuestas, pero advirtieron que esta debe estar integrada por un representante de las encuestadoras y tener en cuenta que los enfoques de la publicación son los que se prestan para malos entendidos.

Lemoine y Restrepo son conscientes de que hay empresas que no son serias, pero argumentaron que en Colombia hay una legislación que les exige a quienes hacen estudios de opinión cumplir requerimientos técnicos. Además, el CNE tiene la facultad de sancionarlos hasta con el cierre de sus empresas en caso de que falseen o no entreguen la información completa.

Posada aduce que su proyecto no busca coartar la libertad de expresión, sino que esta se ejerza con responsabilidad. Los encuestadores consideran que no son las encuestas ni quienes las hacen el problema, sino el uso que se le da a sus resultados. El debate está abierto.
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