Así funcionará la justicia, tras estocada al equilibrio de poderes

Como le ocurrió hace cinco años, al presidente Juan Manuel Santos se le quemó en la puerta del horno su intención de reformar el poder judicial. La Corte Constitucional tumbó el Consejo de Gobierno Judicial y le dio una estocada de muerte a la intención del mandatario de reformar el esquema de administración de la Rama.

Semana.com le cuenta cómo seguirá operando el poder judicial después de esta determinación que altera por completo los planes que tenía la administración Santos de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.

Dada su intención de suprimir esa entidad, el Gobierno estableció que tras la reforma constitucional entrarían en funciones un Consejo de Gobierno Judicial y una Comisión de Disciplina Judicial que asumirían las funciones administrativas y de juzgamiento disciplinario de los abogados que actualmente tiene el Consejo Superior. (Lea: Corte Constitucional salvaría Consejo de la Judicatura)

Frente a las potestades de ese Consejo de Gobierno, la intención era que en su seno se concentraran todas las labores de administración, manejo del presupuesto y ejecución del mismo, que también cumplen la Comisión Interinstitucional y la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial en la actualidad.

Esas intenciones quedaron otra vez sin concretarse debido a que la Corte Constitucional estableció que la creación de un nuevo órgano administrativo para la Rama, como el planteado en el acto legislativo, reemplazaba uno de los pilares de la Constitución del 91.

Eso significa que las decisiones administrativas y de planeación volverán a estar en cabeza de la Sala Administrativa del Consejo Superior, mientras la ejecución del presupuesto seguirá siendo competencia de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial.

Así mismo, la Comisión Interinstitucional de la Rama, que integran los presidentes de las altas cortes, el fiscal general y un representante de los trabajadores, también seguirá discutiendo los asuntos relacionados con la administración del poder jurisdiccional.

Pero no todos los planes del Gobierno se frustraron. Al menos por ahora, el juzgamiento disciplinario de todos los abogados litigantes, jueces, magistrados de tribunal y fiscales será competencia de la Comisión de Disciplina Judicial.

Además, el Tribunal de Aforados, que nació con la reforma a la justicia y que está a la espera de ser reglamentado, será el organismo que asumirá las investigaciones a magistrados de altas cortes, al fiscal general y al presidente, en reemplazo de la atribución que hoy tiene la Comisión de Acusación de la Cámara.