Así terminó la discusión por el equilibrio de poderes

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Otro rifi rafe entre Montealegre y Angélica Lozano

Una de las razones de Eduardo Montealegre para que se caiga el Tribunal de Aforados radica en el supuesto de que la eliminación del antejuicio político a altos funcionarios del Estado solo fue introducido al proyecto durante la segunda vuelta de su trámite aprobatorio.

Sin embargo, la representante a la Cámara por Bogotá, Angélica Lozano, sostiene que no es cierto. Como prueba de su afirmación, trajo a colación una certificación del Congreso que demostraría que en el tercer debate de la primera vuelta ya se había propuesto eliminar ese tipo de juzgamiento. 

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Exfiscal Montealegre, preocupado por juzgamiento a altos funcionarios del Estado

Al defender los argumentos de su demanda, Montealegre explicó cuáles son sus principales preocupaciones sobre la manera como operaría el Tribunal de Aforados, en reemplazo de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes.

Para él, no se puede admitir que magistrados, el fiscal general y el presidente pierdan la garantía que les brindó la Constitución de 1991 de ser juzgados primero políticamente, antes de que puedan ser juzgados penalmente por sus actuaciones.

Su principal preocupación es evitar que quienes terminen afectados por las decisiones las cortes, la Fiscalía o el Gobierno de turno utilicen el Tribunal de Aforados como catapulta para librar revanchas.

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Gobierno defiende la reforma

Para el ministro de Justicia, Yesid Reyes, era evidente la necesidad de suprimir el Consejo Superior y transformar el esquema para gobernar y administrar el poder judicial. Anotó que en los últimos años crecieron exponencialmente los gastos en la Rama y en la Fiscalía, lo que podría reflejar medianamente la magnitud del problema.

Además, defendió el nuevo modelo de gestión y administración de la Rama que propone esta modificación a la Carta. Fundamentalmente, negó que se estén concentrando funciones en el gerente del poder judicial, que empezaría a hacer parte del Consejo de Gobierno.

Para él, decisiones de trascendencia central, como el presupuesto y el nombramiento de empleados, no dependen exclusivamente de este funcionario, sino que son el producto de la discusión y deliberación con los demás integrantes del Consejo.

Además, negó que la participación del Gobierno comprometa la independencia del poder judicial frente a las demás ramas. Aclaró que incluso desde antes de la reforma los ministros podían participar, con voz pero sin voto, de las discusiones.

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Espaldarazo del procurador

Para él, si bien la Corte debe declararse falta de competencia para juzgar esta y otras reformas constitucionales, tampoco cree que el Congreso no tenga facultades para eliminar el Consejo Superior y la Comisión de Investigación sustituyéndolas por otras entidades.

Como el jefe del Ministerio Público está convencido de que la Corte Constitucional no le hará caso cuando él le pide que se abstenga de juzgar la iniciativa, se dedicó a defender las decisiones que tomaron el Gobierno y el Congreso para modificar el método de juzgamiento a altos funcionarios del Estado y al manejo que se le viene dando al poder judicial.

Así las cosas, Ordóñez volvió a destacar que el legislativo sí era competente para establecer la creación de una Comisión de Aforados, el Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial, por lo que le pidió a la Corte declarar constitucional el proyecto si decide juzgarlo.

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Altas cortes se resisten a la reforma

La presidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello, pidió a la Corte Constitucional tumbar la reforma al Equilibrio de Poderes. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, no está de acuerdo con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Tampoco con el hecho de que los magistrados, el fiscal y el presidente sean juzgados por un tribunal de aforados.

Eso significa que si el tribunal constitucional accede al pedido de Cabello, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes seguiría operando. En consecuencia, el Tribunal de Aforados, el Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial no podrían entrar a operar.

Para la magistrada Margarita Cabello, el Congreso se extralimitó en el ejercicio de sus funciones cuando decidió modificar de esa manera el funcionamiento del poder judicial. Según ella, si se permite adoptar una reforma como esta, se podría aceptar que, en el futuro, el Legislativo termine eliminando instituciones como la propia Corte Constitucional.

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¿De qué se trata?

En medio de la discusión por la Reforma al Equilibrio de poderes que se da en la Corte Constitucional, este alto tribunal ha llamado a audiencia a las principales cabezas de la Rama Judicial y diferentes expertos para pronunciarse sobre la iniciativa.

Como se sabe, esa corporación estudia una demanda que busca tumbar dicha reforma. A la par, Semana.com conoció que el proyecto de fallo que resolvería esa acción jurídica propone declarar exequible la disposición, a pesar de que la mayor parte de los integrantes de la Corte podría no estar de acuerdo.

Eso significa que aunque el magistrado ponente quiera que se declare constitucional la iniciativa, su tesis sería derrotada y la reforma corre el riesgo de caerse, al menos en algunos de sus aspectos más trascendentales, como lo es Tribunal de Aforados.