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| 2/17/2017 2:21:00 PM

Erradicación forzada, ¿peor el remedio que la enfermedad?

El aumento indiscriminado de cultivos ilícitos revivió la necesidad de combinar las formas de lucha para reducir el número de áreas sembradas. ¿Funcionará?

Vuelve la historia de un fracaso, con unos triunfos pírricos. El Gobierno decidió combinar los tonos de la lucha antidroga como una respuesta al indiscriminado crecimiento del número de áreas sembradas en el país. Este martes, a través de la resolución 249 el presidente Juan Manuel Santos facultó a la Policía Nacional para que contrate a quienes adelantarán la erradicación manual de 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

El permiso para erradicar a la brava no cayó nada bien. Aunque la sustitución se convirtió en el mantra de la nueva estrategia, aparentemente se dio un timonazo y muchos sintieron que el país volvió por el sendero de una práctica ineficiente, costosa e inhumana. La meta: reducir en el 2017 al menos 100.000 hectáreas. La mitad de ellas, por la vía forzosa.

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"Es ineficiente porque la capacidad de cientos de miles de campesinos motivados para sembrar y re-sembrar coca es (y seguirá siendo) mayor a la capacidad de un par de miles para erradicarla", le dijo una fuente a Semana.com. Lo cierto es que ni en los años del uribismo cuando se erradicaron 96.000 hectáreas -seis veces más de lo que se hizo en el 2016- las tasas de resiembra cedieron.

Pero las críticas que le llovieron al controvertido decreto que salió del Departamento Nacional de Planeación, a la cabeza de Simón Gaviria, no paran ahí. Además de reflejar una fórmula que en más de 40 años no ha podido surtir efecto, lo que muchos reclaman es que se esté atentando contra el espíritu de los acuerdos de paz que se pactaron en La Habana y que se firmaron en el mes de noviembre en el Teatro Colón.

"Insisten en el enfoque fracasado de la criminalización y la represión. Anuncia la voluntad de sustituir y al mismo tiempo de erradicar y eso nos pone en un escenario de violencia", señala el líder social César Jerez, quien hace hincapié en las 400 confrontaciones que hubo desde abril del 2016 cuando el Ministerio de Defensa emitió la resolución 3080 que perfiló cómo será la lucha antidrogas de ahora en adelante en el país. 

El Gobierno vuelve a quedar en una encrucijada. Después de la polvareda que se levantó por cuenta de la suspensión de la fumigación aérea, el retorno a la estrategia de arrancar directamente las matas empieza a provocar más de una división. 

"Es un decreto al que uno le ve la mala intensión porque colocan a la Policía a contratar de manera directa personas para erradicar y por el contrario en las Zonas Veredales que se requiere alimentación no han aceptado que se contrate de esa forma con los campesinos productores. Vemos dos estrategias muy complicadas del Gobierno y tenemos que debatirlo. Estamos analizando seriamente si paramos el acompañamiento hasta que el Gobierno asuma una posición coherente frente al proceso de paz", le dijo Pastor Alape a Semana.com quien insistió que la implementación no tiene marcha atrás. 

El remedio parece peor que la enfermedad. Al menos 58 erradicadores han muerto por la activación de minas antipersonal en estas zonas y cerca de 356 han quedado lesionados por estos artefactos. Esa es la segunda preocupación que despierta la estrategia del Gobierno. Al temor de que se repite la misma historia de la erradicación abusiva y desarticulada donde el principal objetivo es mostrar resultados sin aterrizar una política pública que invite a abandonar la actividad ilícita, se le suma la inseguridad que ronda en los territorios que deben ser intervenidos. 

"Desconocen que varias partes de las zonas están afectadas por la presencia de minas antipersonal y entre los estudios que tienen contemplados no tienen el de las minas y en esos territorios el problema es real", manifestó Álvaro Jiménez, director nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas. 

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Ese mismo reparo le hizo el Comité de  Derechos Humanos de la ONU a Colombia en su última sesión. Para el organismo internacional, el país debe ser más precavido a la hora de contemplar este tipo estrategias. "El Estado debe interrumpir el uso de civiles en actividades de erradicación manual de cultivos de coca hasta que se verifique, de conformidad con los estándares internacionales para dicha verificación, que las áreas en las que se deban realizar tales actividades estén efectivamente libres de minas terrestres; y se verifique también que esas áreas estén efectivamente libres de otros peligros que puedan poner en riesgo su vida o integridad", se lee en uno de los apartados. 

Las tareas de erradicación manual de coca le quitaron la vida a Brayan Estiven Murcia, de 19 años. Un proyectil que salió de la nada le perforó el cuello y lo tumbó sobre el pastizal. Nadie sabe que pasó. Aunque las autoridades responsabilizaron a los disidentes del Frente primero de las FARC que se mueven en el Guaviare, el nombre de su homicida sigue siendo una incógnita. Pero ese no es el único hecho que permite medir la temperatura de la complejidad de la erradicación. Hace quince días un grupo de campesinos inmovilizaron a 14 agentes antinarcóticos que desarrollaban labores en esa región del Caquetá. 

Esta no es la primera vez que el sector defensa busca tercerizar los servicios operacionales con civiles violando convenios como el de Ottawa y Ginebra, por los riesgos a los que se expone a quienes ejecutarán los contratos que haga la institución. 

El Gobierno, sin embargo, lo ve con otros ojos y aunque el decreto y la resolución afianzan la apuesta de una estrategia arbitraria que reduce el vertiginoso florecimiento de la hoja de coca en el país, no corresponde a la estrategia central. 

"Estamos trabajando muy duro para que la sustitución voluntaria sea el camino que predomine en el país. En medio de una situación en la que los cultivos están creciendo en muchos territorios y se convierten en un imán para la presencia de grupos ilegales", dijo Eduardo Díaz director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, quien debe liderar unas mesas de diálogo regionales que encaminen a firmar acuerdos para sustituir.  

Frente a las críticas que ha recibido la estrategia por los pocos niveles de seguridad, agregó que: "la erradicación se ha hecho con el previo acompañamiento de los procesos de desminado (...) No en todas partes va a ser posible la sustitución voluntaria y por consecuencia esta labor debe ser detallada por grupos civiles coordinados por la Policía.

Sin duda, esta vez el esfuerzo que se hace para que las cifras caigan es mayor. La Policía seguirá usando el glifosato, pero no por vía aérea sino en la superficie, mientras los militares arrancarán directamente las matas. Sin embargo, muchos auguran que será un camino de espinas. Primero porque la erradicación forzada encenderá la chispa de la protesta social entre aquellos que exigen que esta se convierta en una oportunidad para conocer la presencia del Estado y segundo porque ambos procesos no serán tan ágiles como algunos esperan.

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