Lunes, 22 de septiembre de 2014

| 1994/01/10 00:00

"Esta guerra es un fraude"

Las confesiones de un ex agente de la DEA ponen al descubierto las contradicciones de la política y del accionar de Estados Unidos en la guerra contra las drogas.

"Esta guerra es un fraude"

LA GRAN MENTIRA BLANCA, EL LIBRO DE Michael Levine, un agente de la DEA a cargo de operaciones encubiertas contra los traficantes de droga, revela verdades insospechadas sobre la política estadounidense en la guerra contra las drogas. La obra, publicada por la Editorial Thunder's Mouth Press, se ha convertido en un verdadero bestseller. SEMANA revela algunos apartes.
Fui a un teléfono público y llamé a uno de los abogados con quienes había hablado durante el caso Suárez. El había cometido el error de darme el número de teléfono de su casa y de haberme dicho que lo llamara en cualquier momento.
-"¿Quien?", preguntó entredormido el abogado.
-"Mike Levine", dije. "El agente de la DEA que trabajó el caso de Roberto Suárez. Usted y yo cenamos un día, hace como un año".
-"Sí, recuerdo".
-"Por favor, estoy en la mitad de algo que... Sólo quise asegurarme de que alguien más fuera de mí supiera to- da la historia, y usted ya sabe una parte de ella". Y le conté la historia de la Operación.
Unos minutos después concluí:
"Y ahora no sólo están cubriendo al alemán, a Pacho Cuevas y a los otros. Apuesto a que ni siquiera van a elevar cargos contra Arce Gomez y tal vez ni contra Mejía. Y a mí sí siguen investigándome -la misma maldita investigación que me estaban haciendo cuando lo conocí-".
-"¿Puede probar algo más fuera de incompetencia?", dijo el abogado.
-¿Prueba? Recuerda el caso Suarez? ¿Cómo comenzó todo este lío?".
-"¿No tenía eso algo que ver con un juez federal, o el Fiscal de Miami suspendiendo los cargos?".
-"El Fiscal suspende los cargos contra uno de los mayores traficantes de la historia, y luego la CIA ayuda al naldito a destronar a Bolivia", dije mientras caía en la cuenta de que debía sonar igual a los lunáticos que había tenido que entrevistar yo mismo.
-"¿Ah, si?".
-"Y entonces, con cada informante que nos advertía lo que iba a suceder, un juez federal le reduce la fianza de Al- fredo Gutierrez, y al tipo le permiten salir de la cárcel y tomar un avión de regreso a Bolivia. Para colmo, la DEA se niega a mandar a un tipo detrás de él".
-"¿Cuál es su punto? Ya hemos hablado de esto antes", dijo en tono molesto. Comenzaba a arrepentirme de haber llamado.
-"¿Cuál es mi punto? Esto no es sólo un viejo caso de drogas; este es el mayor caso que hemos tenido. La Policía Secreta Argentina me dijo que están trabajando pa- ra la CIA para ayudar a la misma gente que yo arresté. Liberan a los mayores traficantes de la cárcel y los ayudan a regresar a sus malditos países. Estoy, en este preciso instante, trabajando encubierto tras la misma gente y todo esta sucediendo de nuevo. Están protegidos; los mayores traficantes del mundo son intocables".
-"¿Y eso qué tiene que ver con usted?".
-"¿Conmigo personalmente? Soy un agente federal antinarcóticos. He pasado toda mi vida tratando de coger a esos tipos. Escribí una carta a Newsweek y me pusieron bajo investiga- ción. Se voltean y me acusan falsamente de toda clase de cosas: desde ir a la cama con una agente casada, hasta poner mi radio demasiado duro.
Por Dios, ahora tienen bajo investigación hasta a mi motocicleta. Y puedo probar todo esto. Estos bastardos me están atacando tan personalmente como pueden. Y ahora están haciendo lo mismo con la Operación, y estoy tras la misma gente, y el mismo sucio gobierno boliviano. ¿No le suena a al- go más que incompetencia?".
-"Levine: la última vez que hablamos me dijo que la DEA lo estaba acosando, poniendo su vida en entredicho, dañando su reputación y todo eso, ¿verdad?".
-"Sí"
-"Creo que entonces le dije que el hecho de que la DEA viole sus propios procedimientos en el manejo de su investigación puede darnos un caso, pero usted decidió abstenerse de ir a juicio ".
-"Eso fue entonces. Ahora están volviendo a hacerlo. Me tienen trabajando encubierto mientras tratan de meterme a la cárcel. Desde donde me encuentro, todo parece indicar que la guerra contra la droga es un fraude y que cual- quiera que amenace con ponerlo en evidencia será atacado. Y es lo que están haciendo conmigo ".
-"Un momento. Usted suena como si quisiera emprenderla contra todo el gobierno, y la mayor parte de esto no tiene nada que ver con usted ".
-"Pero sí tiene que ver. ¡Nuestro propio gobierno está detrás del boom de la cocaína en este país!".
-"Eso puede ser cierto. Pero como abogado sólo puedo litigar sobre la base de lo que están haciendo con usted, no con sus casos".
Las maniobras tras bambalinas que convencieron a los políticos bolivianos de violar su propia ley al entre- gar a Luis Arce Gómez (el famoso Ministro de la Cocaína) a los estadounidenses bien vale un examen.
(...) Mientras Pat Sullivan negociaba la pena con la defensa de Ana Tamayo, la guerra contra las drogas en Colombia adquiría nueva fuerza. El presidente Barco trató de apretarle las clavijas al cartel de Medellín por medio de la incautación de un par de laboratorios de cocaína y la ex- tradición de algunos traficantes insignificantes.
Barco dejó a otros traficantes, más del estilo "hombres de negocios" -como el no violento cartel de Cali-, expanderse y florecer.
Después de todo, como él y los políticos de detrás de las escenas en Estados Unidos lo sabían, la economía colombiana era demasiado dependiente de las drogas para enfilar una verdadera guerra contra la cocaína. Además, el dinero de la coca era el único que pagaba las grandes deudas que países como Colombia, Bolivia y Perú habían adquirido con banqueros estadounidenses cada vez más nerviosos.
Con doble juego e hipocresía, la nueva ofensiva en Colombia se estaba convirtiendo en una bendición para los políticos estadounidenses y colombianos. La prensa escribía concienzudamente las historias que los fabricantes de políticas les revelaban: las bombas, atentados, amenazas, secuestros y extradiciones. Los eventos en Colombia también sirvieron como cortina de humo para los altos oficiales del gobierno estadounidense, tachados de ser traficantes de drogas durante las audiencias del caso Irán Contras. Una vez más, a los estadounidenses se les dijo que estaban ganando la guerra contra las drogas y, gracias a ello, el presidente Bush ob- tuvo nueve billones de dólares del Congreso en 1989 para la lucha (en 1990 obtuvo 11 billones). La mayor parte de ese dinero se destinó a la guerra militarizada contra las drogas.
Para los políticos estadounidenses que habían apoyado la guerra militar contra las drogas, esto resultaba conveniente: mientras siguieran produciéndose titulares de prensa, ellos podrían continuar ganando las elec- ciones. Para los burócratas de la guerra contra las drogas, ello garantizaba más fondos para sus crecientes imperios. Para los políticos colombianos significaba mas dólares tanto de los contribuyentes estadounidenses como de los drogadictos de ese país, cuya creciente demanda estaba siendo satisfecha por un cartel de Cali que se expandía en silencio. Colombia esta- ba, además, obteniendo la mayor prensa que jamás había logrado.
Pero para diciembre de 1989, Bolivia estaba rezagada en la guerra contra las drogas. Colombia había ex- traditado a 11 "barones de la droga" y Bolivia no había extraditado a ninguno. Además, Bolivia no había erradi- cado los 12 mil acres de coca que había prometido destruir en 1987. Sencillamente no podía hacerlo sin matar de hambre a la mitad de la población. La administración Bush apretó a los bu- rócratas del Departamento de Estado que se encargaban de hacer que las cosas sucedieran en Bolivia, y ellos, a su vez, lo hicieron con los políticos bolivianos. Si los bolivianos esperaban turno en los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses, debían ponerle manos a la obra al programa.
(...) Entonces, ¿por qué no enviar a Luis Arce Gómez cinco mil millas al norte, ya que los gringos tanto lo querían? Los estadounidenses obtendrían así sus titulares y Bolivia sus ayudas financieras para los pagos, y, al tiempo, se desharían de un estorbo.
(...) Arce Gómez podría ser el sacrificio perfecto. No les importaría a los gringos que fuera un hombre viejo, quebrado y retirado del negocio de las drogas, y que no fuera una amenaza sino para él mismo: implicaría gran- des tituIares. Sería el símbolo perfecto para demostrar al mundo que Bolivia era tan seria en la guerra contra las drogas como Colombia. Implicaría por lo menos 50 millones de dólares en ayuda.
Y de ese modo, un domingo en la mañana en diciembre de 1989, la policía boliviana, acompañada por asesores de la DEA "encontraron" a Arce Gómez en la finca de su madre, poniendo de este modo punto final a una"búsqueda" de seis años, tras las huellas de quien los agentes de la DEA aseguraban ver haciendo compras abiertamente en Santa Cruz en los últimos años... Poco después, Bolivia recibió un aumento en la ayuda.
La guerra contra las drogas bajo La administración Clinton es más grande y más sana que las anteriores. Todo parece indicar que cada departamento del gobierno federal tiene algun papel en ella -DEA, FBI, CIA, NSA, IRS, DIA, ATF, el Departamento de Estado, el Pentágono, la Aduana, los Guardacostas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, los marines- y cada uno de ellos pelea por obtener un pedazo cada vez mayor del presu- puesto de guerra contra las drogas. Cuando comencé mi carrera como agente en 1965, había dos agencias federales involucradas, su presupuesto era inferior a los 10 millones de dólares. Hoy existen 54 agencias involucradas y el presupuesto supera los 13 billones. Para dirigir ese desastre existe el Zar Antidrogas, un puesto político que generalmente hace caso omiso de la preparación especial para ese trabajo.
Quizás el mayor problema del Zar es que cada una de esas agencias que supuestamente luchan contra las drogas son absolutamente esquizofrénicas con el asunto de la lealtad. Durante décadas, la CIA, el Pentágono, las organizaciones secretas, como la Empresa de Oliver North, se han dedicado a apoyar y proteger a los mayores traficantes de droga. Esos valientes luchadores por la libertad en Afganistán, los Muyaidín, son quienes suministran la mayor parte de la heroína que entra a Estados Unidos. Los Contras y algunos de sus aliados centroamericanos, como los hondureños, son responsables, según la DEA, de al menos el 50 por ciento de nuestro consumo de cocaína. Ellos fueron el principal conducto de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos en los 80. El resto del suministro para el vicio estadounidense viene de otros grupos apoyados por la CIA, como el DFS (el equivalente mexicano de la CIA), la Armada Unida Shan en el Triángulo de Oro en el sureste asiático, y una serie de grupos o individuos como Manuel Noriega. El apoyo a este general se ha convertido, lenta y secretamente, en algo más importante que sacar la droga de nuestras calles.
El otro problema que enfrenta el Zar Antidrogas son los millones de personas en países pobres como Bolivia, Perú, Colombia, Afganistán, Turquía, Taiwan, Ghana, Nigeria, Irán, India, Pakistán, México y el sureste asiático que dependen del dinero que los estadounidenses gastan en droga (estimado en 200 billones de dólares al año) para pagar su comida, su vestido y su alojamiento. Los líderes de esos países dicen que están de nuestro lado en la guerra contra las drogas, pero es difícil que uno declare la guerra a lo que da de comer a sus hijos.
De esta manera, con la ayuda de los burócratas y de los cobardes políticos, se montan algunos shows para de- mostrarles a los contribuyentes estadounidenses cuán comprometidos están en la guerra contra las drogas. Y con gratitud les pagamos billones de dólares en ayuda, y miles de millones en "fondos para la guerra contra las drogas".
E, increíblemente, luego de casi tres décadas de cooperación internacional, y de políticos que se llenan de estadísticas para decirnos una y otra vez que estamos doblando la esquina en la guerra contra las drogas, estas siguen cruzando nuestras fronteras en proporciones cada vez mayores.

La CIA busca oficio
DESDE MEDIADOS DE LOS años 80, cuando el presidente George Bush le dio luz verde para entrar en operaciones antinarcóticos, la CIA ha estado buscando su entrada triun- fal a la guerra contra las drogas.
Pero las cosas no han resultado como se esperaba. En los últimos meses han salido a flote dos escándalos que involucran a la agencia, uno en Venezuela y otro en Haití. A ojos de algunos funcionarios, más que la intención de ganar la batalla contra las drogas, ambos episodios reflejan el afán de la agencia por justificar su existencia en un mundo libre del fantasma del comunismo.
Para la justicia de Venezuela y de Estados Unidos, en estos fiascos hay detalles que sugieren que funcionarios de ambos países podrían haberse lucrado con las operaciones an- tidroga. Uno de los episodios del escándalo se produjo en Ve- nezuela, donde paradójicamente la CIA montó el más costoso centro de operaciones antinarcóticos de Latinoamérica. El centro, cuyo costo fue de más de cuatro millones de dólares, fue instalado en las colinas que rodean a la ciudad de Caracas y dotado con los más modernos equipos de informática y rastreo de comunicaciones. Desde allí el representante de la CIA en Venezuela, Mike McFarlin, y el jefe antidrogas de la Guardia Nacional Venezolana, Ramón Guillén, se confabularon para en- viar droga del cartel de Cali hacia Estados Unidos.
Los primeros indicios de este tipo de operaciones de la CIA se conocieron por accidente en 1990, cuando un agente encubierto de la policía venezolana , que se hacía pasar por piloto del cartel de Cali, descubrió que quienes le entregaron la droga para llevarla a Estados Unidos eran los hombres de confianza del general Ramón Guillén.
Más tarde se supo que, gracias a un informante colombiano que se había infiltrado en el cartel de Cali, Gui- llén acumuló 3.000 libras de cocaína que fueron depositadas en el cuartel general de la unidad antidrogas de la Guardia Nacional. Sin notificar a la DEA ni a ninguna otra entidad del gobierno estadounidense, McFarlin y Guillén comenzaron a enviar droga a Estados Unidos, donde fue vendida ilegalmente en las calles.
Se calcula que por lo menos una tonelada de cocaína ingresó a Estados Unidos por esta vía. Como consecuencia de estas irregularidades, McFarlin renunció a su cargo en la CIA, una funcionaria de la DEA es investigada y el gene- ral Guillén, quien afronta un juicio en su país, tiene pendien- te otro proceso dirigido por un gran jurado en Miami.

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