Un paso decisivo para el éxito de la negociación

Por primera vez en medio siglo, el Gobierno y las FARC encuentran un terreno común para que esta guerrilla tenga las garantías suficientes para dejar las armas y pasar a la política: esta es la crucial importancia del acuerdo que anunciaron ambos este miércoles.

El texto del acuerdo es general, tiene pocos detalles (que se prometieron para próximos días), deja interrogantes de fondo sobre qué fue exactamente lo que se pactó en algunos puntos y aplaza otros, claves. Pero contiene dos elementos decisivos para el éxito de la negociación: las FARC aceptan que dejarán las armas y se convertirán en movimiento político y el Gobierno admite la necesidad de “una nueva apertura democrática”, para rodear la actividad política de las garantías cuya falta ha convertido el ejercicio de la oposición en Colombia en uno de los menesteres más peligrosos del mundo (ver los puntos del acuerdo).

Si el tema rural, el primero en acordarse, en mayo pasado, era importante por estar en el origen de las FARC y del conflicto, el de participación política lo es por razones estratégicas. Una insurgencia como esta no se desmoviliza sino para pasar a la política, y de las condiciones en las que se pacte hacerlo depende el éxito de cualquier negociación. Que ambas partes hayan podido ponerse de acuerdo en torno a ellas es, en consecuencia, un paso crucial para el éxito del proceso, y acerca seriamente la posibilidad de que lleguen, como pretenden, a un acuerdo final para poner fin al conflicto armado.

Lo que se anunció este miércoles en La Habana le da al proceso un segundo aire que estaba pidiendo a gritos, luego de más de cuatro meses de conversaciones sobre este punto (ver el optimismo internacional que despertó este hecho).

Le proporciona al presidente Santos, en trance de anunciar su reelección, combustible para sostener la credibilidad en el proceso entre una opinión pública escéptica y reacia a hacer concesiones a las FARC.

Y, al ser un abrebocas de las garantías con las que el Estado está dispuesto a rodear a la guerrilla para que deje las armas y abrace la política legal y sin violencia, pone a Márquez, Catatumbo y sus colegas ante el trance de hacer los gestos que el país está esperando como contraprestación, en materia de víctimas y otros temas, sin los cuales difícilmente una amplia mayoría de los colombianos aceptará que se les hagan concesiones.

El acuerdo, además, navega una fina línea entre las garantías a la guerrilla y los cuidados frente a las obvias reservas de la opinión pública.

Por una parte, lo pactado deja claro que las FARC tendrán garantías de seguridad; que se crearán condiciones “especiales” para que se elijan representantes a la Cámara en sus zonas de influencia (“las más afectadas por el conflicto”); que se reforzarán y rodearán de garantías la participación ciudadana y el papel de los movimientos y organizaciones sociales, o que habrá acceso a medios de comunicación institucionales o regionales. Estos y otros puntos son evidentes reconocimientos de las posiciones que las FARC han enarbolado en el punto de participación política, y así los destacó su vocero, Márquez, en la intervención que hizo luego del anuncio.

Pero, por otra parte, lo anunciado es muy cuidadoso en los puntos más sensibles para la opinión pública urbana y el establecimiento político. No se habló de curules para el nuevo movimiento que crearán las FARC ni de cómo estas ingresarán a la política (todo ello se aplazó para un punto posterior). No se pactó con ellas ni el Estatuto de la Oposición ni la reforma al sistema electoral, sino que se acordó discutirlos con los partidos, los expertos y los movimientos sociales. Es decir, características claves de la “apertura democrática” acordada serán definidas por representantes de la sociedad, no por la Mesa de La Habana. Se dejó pendiente el tema que cuenta quizá con la mayor oposición entre la opinión: cuáles miembros de las FARC podrán participar en política y cuáles no, por razones jurídicas. Y quedó nítidamente claro queólas medidas acordadas solo se implementarán después de que los guerrilleros dejen las armas y hagan el tránsito a la vida legal.

¿Evidencia de que no sólo el Gobierno sino los guerrilleros asumen que las complejidades y las sutilezas del momento político que vive el país deben ser tenidos en cuenta en la negociación? Quizá. El caso es que lograron llegar a un acuerdo en un tema que era esencial para el éxito de la negociación.

Después de esto, el proceso gana un impulso al que no será fácil dar reversa. Por algo, el presidente Santos, que hace apenas un par de semanas preguntaba a sus partidarios sobre la posibilidad de una pausa o una ruptura, descartó ahora ambas como algo “irresponsable” y llamó a continuar a toda vela las negociaciones, que se retoman el próximo 18 de noviembre para discutir sobre narcotráfico y drogas ilícitas.