FARC piden pasar por alto el plebiscito

Con el tiempo corriendo contra reloj, el Gobierno y las FARC buscan desesperadamente salidas jurídicas para salvar el acuerdo de paz. Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos explora un consenso con los sectores políticos que se pronunciaron por el No. Por el otro, las FARC esgrimen la posibilidad de pasar por alto el plebiscito.

La puerta la abrió este lunes ‘Timochenko‘. En su segundo pronunciamiento desde que el No se impuso en la jornada electoral, el máximo jefe de la guerrilla aseguró que los acuerdos siguen vigentes y que "la consulta plebiscitaria no tiene un efecto jurídico, sino sólo político". El mismo argumento que minutos más tarde desenfundó el jefe del equipo negociador de las FARC, ‘Iván Márquez‘.

Según expusieron ambos miembros del Secretariado, lo que se pactó tiene el estatus de Acuerdo Especial y fue depositado "ante el Consejo Federal Suizo en Berna, lo que le confiere innegable e irrevocablemente un efecto jurídico".

Pero el panorama no está tan despejado como la guerrilla cree. Primero que todo, porque el plebiscito obliga al presidente a cumplir lo que el pueblo ordene con su voto. En este caso, ganó el No, no podrá implementar los acuerdos. Es decir, no podrá pasárselos por la faja.

Segundo, porque el plebiscito es el punto de partida de la implementación. En el Acto Legislativo para la Paz que aprobó el Congreso se estipula que los acuerdos de La Habana sólo pueden volverse parte de la Constitución después de ser refrendados. Es decir, se amarró la condición de la refrendación popular para que pudieran entrar en vigencia.

"El problema no es jurídico, sino político. Primero, porque jurídicamente el presidente tiene el poder constitucional para firmar este acuerdo. Jurídicamente el Congreso podría implementar estos acuerdos (...) el problema es político porque hay que respetar el resultado de las mayorías. El No ganó", aseguró el senador del Partido de la U, Roy Barreras.

Nadie había explorado que camino le quedaba al país si lo que triunfaba era el rechazo de los colombiano. Incluso, la misma Corte Constitucional se abstuvo de aventurar escenarios posibles. Lo único claro que quedó fue que ante un voto negativo -como ocurrió- se “inhibiría la implementación del Acuerdo Final”.

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Pero el alto tribunal no dejó del todo la puerta cerrada. En el mismo falló detalló que la "inhibición" sólo cubre el acuerdo que fue derrotado en las urnas. Así las cosas, el presidente tiene el derecho de seguir buscando la paz con un acuerdo distinto o renegociando el que se derrotó.

Todo se congeló. Sin la aprobación de los colombianos los acuerdos no alcanzaron a hacer carrera en el Congreso y mucho menos ser incluídos en el bloque de la constitucionalidad. El caballito de batalla del Acuerdo Especial a la luz del derecho internacional humanitario, tampoco tiene mucha fuerza.

Pese a que el Gobierno y las FARC como parte del blindaje jurídico alcanzaron a depositar los acuerdos en Berna, Suiza, sería difícil rescatarlos en su totalidad o la parte que tiene que ver con los asuntos humanitarios, como el fin del conflicto o el punto de víctimas. ¿La razón?, la única manera de volverlos vinculantes para el Estado es que sean incorporados en la Constitución, y eso nunca pasó. Esto se iba a realizar por medio de una ley habilitante que radicaría Santos y que incluiría las casi 300 páginas del acuerdo al bloque de constitucionalidad. Así pues, el único camino que les quedaría es el trámite de las leyes ordinarias que podría tardar un par de años.

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Todo está por definirse. Existe la posibilidad de renegociará el acuerdo, el problema es que mientras se consigue el consenso el tiempo no detendrá su marcha y volverá vulnerable el cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo, que ya había empezado a verificar la ONU.