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¿Qué es el 'fast track'?

La Corte Constitucional le dio luz verde al Congreso para que apruebe las leyes y reformas constitucionales que se necesitan para la implementación del acuerdo en la mitad del tiempo legislativo.

13 de diciembre de 2016

Este martes se cerró una discusión que tenía en vilo la terminación de más de 52 años de guerra con las FARC: el visto bueno de la Corte Constitucional al fast track. Un tema del que dependía la celeridad con la que se tramitarán las leyes y reformas constitucionales que se necesitan para la implementación del acuerdo de paz y el futuro de quienes dejarán las armas en los próximos meses.

Lo primero que hay que decir es que el fast track (vía rápida) es un mecanismo contemplado en el acto legislativo número 1 de 2016, que reduce el número de debates -en el Congreso- que se requieren para la aprobación de leyes y reformas constitucionales. En este caso, de todas las que se necesitan para aterrizar el acuerdo de paz que el Gobierno firmó con las FARC.

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Puntualmente, la luz verde que le dio este martes al alto tribunal al Congreso permite dos cosas: acortar el tiempo del trámite y la obligatoriedad de votar en bloque. Es decir, las normas que reformen la Constitución como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), ya no se tramitarían en ocho sino en tres debates. Ocurre lo mismo con los proyectos como el de la Ley de Amnistía, que se gestionaría apenas en tres debates.

Para las FARC el tema era vital. Por un lado, porque no podían esperar muchos meses más para tener la amnistía, entonces si esa ley se hubiese tramitado por la vía normal (sin fast track), habría tardado meses, y ellos tienen sólo 180 días para dejar las armas. De cara a este nuevo panorama, y con los miembros de la guerrilla ubicados en 26 puntos de preagrupamiento, algunos congresistas esperan que antes de que termine el año la Ley de Amnistía haya terminado su trámite en el capitolio.

El segundo punto es el que más malestar había despertado en los sectores de oposición. Con el fast track el Gobierno presenta una ley y el Congreso se limita a aprobar o rechazar las iniciativas, para darle vida jurídica a lo pactado con las FARC en La Habana. En ese sentido, se cierra la puerta a la discusión pormenorizada de los proyectos y reformas que se tramiten, lo que ha valido al Congreso la calificación  de "notario" de los acuerdos.

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Sin el fast track, las leyes y reformas constitucionales habrían tenido que recorrer un camino largo y tortuoso en los procesos ordinarios. Un trámite engorroso, en lo formal, y además complicado por el clima de campaña electoral por la presidencia, que se sentirá con fuerza en el 2017.

La decisión de la Corte Constitucional da un empujón al desarme de las FARC que empezó la semana pasada a contrapié por la falta de claridad sobre el futuro del acuerdo. Y es que desde la firma del documento renegociado en el teatro Colón, para la guerrilla se había convertido en una inamovible el visto bueno del alto tribunal para poder avanzar a las zonas veredales donde estarán bajo supervisión de la ONU hasta el 30 de mayo que habrá concluido el proceso de desarme

El Gobierno, que tiene preparado un paquete de 50 iniciativas, había tomado la decisión de no presentar ninguna de ellas hasta que se conociera la decisión de la Corte. Incluso, no había llevado al capitolio, ni siquiera, la Ley de Amnistía, considerada una condición indispensable para dar comienzo a los desplazamientos de las FARC a las 20 zonas veredales y siete puntos campamentarios.

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Con el camino despejado, se espera que las FARC descongelen su tránsito a los puntos de concentración. Desde este momento, y mientras duren los trámites de las reformas y leyes en el Congreso, tendrán tres voceros en Cámara y tres en Senado, con voz pero sin voto.

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