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| Foto: Archivo particular

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Fiscalía pide 5,5 años de cárcel y multa de $ 6.800 millones para Otto Bula

Este es el preacuerdo al que llegó el exsenador por tres delitos dentro del caso Odebrecht. Parte de la plata la pagaría con el predio La Bomba, en Córdoba.

26 de octubre de 2017

El principal protagonista del escándalo de corrupción de Odebrecht firmó un preacuerdo con la Fiscalía que a esta hora es expuesto ante un juez especializado de Bogotá. 

Otto Bula Bula fue señalado por los ejecutivos de Odebrecht como el destinatario de USD $4,5 millones (casi 12.600 millones) para facilitar la adjudicación del otrosí Ocaña-Gamarra. 

Sin embargo, en el preacuerdo que presenta la Fiscalía se da cuenta del recibo por parte de Bula de solo $6.600 millones. Con estas cuentas, el ente investigador cerró una negociación con Bula en la que se compromete a pagar 5,5 años de cárcel efectiva y $6.800 millones de reintegro. 

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Este preacuerdo, que tendrá que ser avalado por un juez, se concedería por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho por dar y ofrecer. 

Para el pago del dinero, Bula ofreció una finca en Córdoba llamada La Bomba, cuyo valor asciende a los $4.400 millones. Este predio está actualmente a nombre de Agropecuaria El Central, firma en la que Bula aparece como propietario. 

Tambien firmó un pagaré a 18 meses por el valor de $2.400 millones de pesos restantes. 

Aunque este no es el único caso por el que es procesado el exsenador Bula sí es el más importante. Aún tiene pendiente un principio de oportunidad que se adelanta por el delito de tráfico de influencias. La Fiscalía subraya que en esta negociación, Bula se comprometió a declarar en contra de 12 personas de manera directa y 7 de manera indirecta. 

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También están por resolverse los términos de la aceptación de cargos en el caso por el ofrecimiento de dádivas al exfiscal Rodrigo Aldana, quien fue sentenciado en la Corte Suprema de Justicia a 9 años de prisión. 

Al preacuerdo se opusieron la Contraloría y la Procuraduría quienes manifestaron objeciones por la falta de seguridad en relación al reintegro del dinero. Las anotaciones específicamente tienen que ver con la firma de un pagaré que a juicio del representante del Ministerio Público en  nada se asegura el reintegro. "Qué asegura que en 18 meses va a ser pagado el dinero si va a estar privado de la libertad. Parece favorable al imputado pero desfavorable para la sociedad y la fiscalía".