Grabando, grabando...

Desde hace unos días se ha despertado una paranoia colectiva en varios sectores: el síndrome de las 'chuzadas' telefónicas. Se han vuelto comunes, en las conversaciones por teléfono, frases como "saludos a quienes nos están oyendo", "encontrémonos porque esto no lo puedo hablar por esta vía" o "últimamente se me caen las llamadas, seguramente porque estoy 'chuzado'". El fenómeno no es nuevo, ni cobija a toda la población, pero se ha incrementado entre las elites.

El origen tiene que ver con la sorprendente declaración del presidente Álvaro Uribe en la rueda de prensa que convocó para defenderse de las acusaciones que le había hecho el senador Gustavo Petro en el Congreso. Uribe se refirió a "la inteligencia militar" como fuente para criticar el trabajo que han hecho miembros de la oposición contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. "Pregúntenle a (Andrés) Peñate (el director del DAS)", dijo.

La respuesta presidencial dejó muchas preguntas cruciales en el aire. ¿Está 'chuzada' la oposición? Tanto en el Polo Democrático como en el Partido Liberal hubo fuertes reacciones contra lo que consideran un abuso del poder legislativo que limita las libertades para la acción política de quienes no forman parte del gobierno. Jorge Enrique Robledo, vocero del Polo, dijo que "es muy grave lo que ha pasado en Colombia después de que el Presidente reconoce esa agresión contra los sectores de la oposición". El Partido Liberal, a través de Juan Fernando Cristo, señaló: "Nosotros hemos tenido antecedentes muy graves como los que ocurrieron al final del período anterior y a la oficina llega gente que dice que tiene información, que tiene 'chuzado' el teléfono, no sólo el celular, y el de la oficina, sino también el de la casa". El allanamiento por parte de una fiscal a la oficina del senador Gustavo Petro incrementó el nerviosismo. Hubo reacciones, incluso, en el campo internacional: 11 diputados del Parlamento Europeo hicieron una dura declaración la semana pasada para expresar su preocupación por estos hechos contra la oposición en Colombia.

La Fiscalía y la Procuraduría recibieron solicitudes formales de abrir investigaciones. Y el director del DAS, Andrés Peñate, recibió una lluvia de llamadas de los medios de comunicación que atendieron la provocadora invitación del Presidente. En forma tajante, Peñate niega que haya un plan de espionaje contra la oposición y reitera que las órdenes que ha recibido de su jefe inmediato, el Presidente de la República, son respetar las garantías de expresión política de los sectores críticos y cumplir en forma estricta las leyes que existen sobre la materia.

Lo anterior significa que no hay 'chuzadas' a granel. Las normas son garantistas y en general prohíben estas prácticas. Solamente las entidades que tienen facultades de policía judicial -es decir, que investigan a los criminales para fortalecer los casos contra ellos en la justicia-, como la Dijín y el DAS, pueden hacerlo. Pero con estrictas limitaciones: se requiere, por ejemplo, la orden de un juez o de un fiscal. Este régimen reduce el número de ciudadanos susceptibles de ser espiados, lo limita a quienes están procesados por la justicia y excluye a quienes se oponen al gobierno de turno dentro de los marcos legales. En general, la recurrente paranoia colectiva sobre las escuchas es exagerada. (Ver recuadro) No sólo porque están prohibidas, sino porque la capacidad de los organismos de inteligencia para procesar y asimilar cientos de horas de conversaciones es precaria. Identificar voces y diseminar la información valiosa es un trabajo dispendioso y complejo que requiere de equipos calificados.

Las garantías jurídicas y las dificultades logísticas, sin embargo, no bastan para calmar las susceptibilidades. La gente se siente 'chuzada' y en especial los miembros de la oposición. Y hay elementos para ello: la historia demuestra que las interceptaciones de teléfonos y de correos electrónicos son mucho más amplias de lo que reconocen las autoridades. Se han conocido numerosos casos de oficinas paralelas que operan dentro de la ley, que 'chuzan' conversaciones y comunicaciones en forma irregular (Ver recuadro).

Los avances tecnológicos, además, permiten escuchar conversaciones con equipos fácilmente adquiribles en el mercado internacional, y por costos del orden de los 10.000 dólares. La feria de interceptaciones se ha expandido a los grupos ilegales. La mafia, la guerrilla y los paramilitares tienen incentivos y posibilidades para hacerlo. Y, obviamente, lo hacen. Los medios de comunicación publican con frecuencia diálogos por teléfono o intercambios de correspondencia por correos electrónicos que vinculan a todo tipo de personajes.

La interceptación es un método que se utiliza más de lo que se reconoce, por sus implicaciones políticas y por las limitaciones legales. En la comunidad internacional, además, el espionaje telefónico es muy cuestionado. Pero, como se dice de las brujas, "que las hay, las hay". En Estados Unidos, The New York Times publicó un informe en diciembre de 2005 que denunciaba que la Agencia Nacional de Seguridad realizaba interceptaciones ilegales en gran escala. El escándalo terminó con un fallo de la Corte Suprema que volvió a restringir las licencias para hacer interceptaciones.

El dilema que existe en el fondo es el del enfrentamiento entre dos objetivos clave. El de contar con los mejores instrumentos posibles para garantizar la seguridad nacional, y el respeto al fuero íntimo de las personas Cuando se redactan las leyes se impone lo segundo, pero cuando hay guerras, externas o internas, termina primando lo primero. Y con frecuencia termina afectando a personas que no forman parte de la guerra, sino de la política institucional. Esa es la realidad, aunque pocos se atrevan a reconocerla.