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| 6/24/2017 10:15:00 PM

La guerra que se desató por los contenedores que entran al país

La decisión de ponerles dispositivos electrónicos a todos los contenedores que entran al país desata una guerra entre empresarios de la seguridad y la tecnología.

Dentro de la modernización que viene adelantando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, (Dian) el gobierno está decidido a implementar la trazabilidad y seguimiento de la carga que ingresa al país, tal y como lo recomienda la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Por eso, un proyecto de resolución de la Dian busca instalar dispositivos electrónicos en los 720.000 contenedores que llegan al país, para controlarlos en todo su recorrido desde el desembarque hasta su destino. Esos aparatos, emplazados en las puertas de los contenedores, permiten conocer en tiempo real su ubicación,  ruta, si fue abierto o no, y múltiples variables. Son una de las herramientas más eficaces para frenar el contrabando, el lavado de activos y otras actividades ilícitas. Además, reducen los costos logísticos, de seguros o de Policía, al crear un sistema confiable y expedito de la carga.Pero la medida tiene enfrentados a empresarios, compañías de seguridad y en alerta a las redes de contrabando en Colombia.   

Para poner a andar este sistema, determinar las tecnologías a usar  y las empresas que podrán prestarlo, la Dian publicó hace unas semanas  ese borrador de resolución que tuvo, a la vez, acogida y pocas críticas.

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En efecto, mientras el gobierno plantea que este nuevo servicio debe estar abierto a todas las empresas que tengan la tecnología, capacidad y confianza para certificar la trazabilidad de un contenedor, el gremio de la seguridad privada lo rechaza por considerar que solo ellos pueden ofrecerlo, lo que sacaría del negocio a la industria de las telecomunicaciones o telemática. Y para blindar aún más ese negocio, que podría facturar más de 200.000 millones de pesos anuales, pidió que la Dian exija que quien vaya a prestar el servicio tenga un concepto de la Superintendencia de Vigilancia.

Santiago Rojas Arroyo, director de la Dian, se mostró contrario a esta propuesta. Dice que el gobierno –al igual que la mayoría de los empresarios y del sector– quiere que haya libre competencia porque busca abaratar los precios y hacer más eficiente el tráfico de la mercancía. “Con los dispositivos electrónicos de seguridad, toda la cadena va a tener las garantías de que la mercancía que salió del puerto va a ser la misma que llegue al destino. Incluso, esto disminuye los costos en materia de seguros, de logística, porque con el reporte de lo que ocurre en el recorrido ya no habrá necesidad de la inspección en carretera, sino en el lugar de llegada”, explica.

La Dian se ha venido reuniendo con los gremios económicos, empresas e instituciones del Estado, con el objetivo de determinar los estándares adecuados, pues las especificaciones técnicas, por ahora, se enfocan en que los dispositivos no pierdan su eficacia, no puedan ser bloquedos y no vayan a dejar de operar durante el trayecto.

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El directivo de una de las compañías  que presta servicios de alta tecnología dijo que detrás de obstaculizar la participación de nuevas empresas está el “cartel de la seguridad”, que opera desde hace tiempo en el país. “Este es un servicio, más que de seguridad, de nuevas tecnologías, en el que Colombia puede crear una nueva industria, incluso de exportación, si se reglamenta para el bien del país y no de un gremio en particular”, dijo.

En el país, según cifras oficiales, se movilizan 1.250.000 contenedores al año, de los cuales 150.000 serían objeto de utilización del dispositivo en una primera etapa. Se estima que la instalación del aparato en las puertas de este embalaje y el monitoreo pueden costar unos 250.000 pesos desde Buenaventura y 120.000 pesos desde Cartagena, lo que disminuiría en más de un 40 por ciento los gastos actuales de movilización, por la disminución en seguros, escoltas, operación logística y tiempos.

Varios expertos consultados por SEMANA advirtieron que la Dian, la Policía y el Estado podrían atacar de forma contundente el contrabando, que solo el año pasado movió 15 billones de pesos. Y dicen que por esto la idea tiene la oposición de sectores cercanos que se benefician de este comercio ilegal.

Se espera que en los próximos días la Dian termine de perfeccionar la resolución tras escuchar a todos los sectores. Se sabe que los puertos, la Andi y toda la cadena están de acuerdo. En las manos de la entidad está la posibilidad de ubicar a Colombia a la altura de los mejores países en el manejo de contenedores, y de crear una industria de exportación que genere miles y miles de empleos, siempre y cuando no se impongan fuerzas oscuras.

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