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| 11/14/1983 12:00:00 AM

HABLA MIN-GOBIERNO

ENTREVISTA

HABLA MIN-GOBIERNO HABLA MIN-GOBIERNO

SEMANA: ¿Qué balance puede presentar de los resultados de la amnistía?
MIN-GOBIERNO: La ley fue un paso firme en el proceso de buscar la paz, y a ella se han acogido unas mil personas, lo cual, se supo, pondera un aspecto positivo. Además, constituyó y representa un factor psicológico que contribuye a crear ambiente de confianza.

S.: Hay la sensación de que en el gobierno exísten dos lenguajes: uno el del diálogo y otro el del general Landazábal que dice "no más diálogos con subversivos". ¿Por qué esa dicotomía?
M. de G.: Puedo decirle que en el gobierno solamente hay una orientación y no hay dicotomía. El gobierno, según la Constitución, está compuesto por el Presidente y el ministro respectivo en áreas de su competencia. No está por demás advertir que el diálogo para explorar, buscar la paz, lo viene cumpliendo con significativa abnegación y alto patriotismo, la Comisión de Paz que tiene origen gubernamental.

S.: La situación de orden público en el Magdalena Medio ha sido calificada por diversos medios de información como de guerra. ¿Cree usted que se ha llegado a un punto de no retorno?
M. de G.: La situación en el Medio Magdalena desde hace más de un mes presenta ostensible atenuación, respecto del rigor violento de mediados del año Es una zona que sufre ese flagelo desde hace un cuarto de siglo, con acción sucesiva, primero de las guerrillas liberales que comandó Rafael Rangel Gómez, antes del 13 de junio de 1953; después la acción delictuosa de pequeños grupos supérstites, entre ellos el que dirigió "El Mico"; más tarde la irrupción del ELN (en la zona de San Vicente de Chucurí fue muerto en combate el sacerdote Camilo Torres); y desde hace varios años las FARC, con secuela ominosa de secuestro extorsivo y muertes. A mediados del año en curso aparecieron grupos contraguerrilleros (el MAS, Los Tiznados) que están neutralizados por la fuerza del Estado. Le anotó que los jueces del Socorro recibieron hace unos días, después del asalto a la población de Suaita, 10 personas vinculadas a las actividades delictivas de Los Tiznados. Esto quiere decir que no se puede hablar de una situación incontrolable.

S.: ¿Podría usted traducir en cífras concretas: reparto de tierras, auxilios, créditos, obras de infraestructura, obras sociales, soluciones de vivienda... lo que se ha hecho para rehabilitar las zonas de violencia?
M. de G.: El Plan de Rehabilitación se ha programado para 4 años con una inversión prevista de 68 mil millones de pesos para todo el país, en las zonas seleccionadas, y con una primera etapa que ya tiene los primeros acuerdos de ordenaciones fiscales para su ejecución en su primera etapa, y con prioridades referidas a las vías, solución de problemas de tierras y crédito agropecuario, electrificación, agua potable, servicios escolares y puestos de salud. En los cuatro años, para las diferentes zonas del país, puedo discriminarle que en servicio de energía se invertirá el 10%, en vías el 58%, en comunicaciones el 3%, en salud el 11%, en tierras y servicios agropecuarios el 11%, respecto del monto indicado.

S.:¿Comparte usted la idea de que parte de los problemas de orden público se deben al tipo de información que difunden los medios?
M. de G.: El efecto de la información, en el caso concreto de las perturbaciones existentes en Colombia, es principalmente de alarma, que fija una idea y en ocasiones generaliza casos particulares. Pensemos en el caso reciente del Magdalena Medio cuya violencia tiene un cuarto de siglo, y que en sus antecedentes de los años inmediatamente anteriores ha tenido caracteres de atrocidad y repugnancia semejantes a los hechos ocurridos en los meses recientes. Lo atinente a los años anteriores se difundió en muy escasa medida, y sin el despliegue de lo reciente. Así se tiene que los secuestros, extorsiones y eliminaciones físicas de personas de la primera etapa, no causó la sensación o alarma de los acontecimientos recientes, éstos sí difundidos copiosamente.

¿Cuál es la posición del gobierno frente a proyectos como el de financiación electoral y el de un estatuto para los partidos de oposición?
M. de G.: Hay unos proyectos de iniciativa parlamentaria cuyos ponentes no han presentado sus informes, o no se ha iniciado la discusión en el seno de las comisiones. En años anteriores también los hubo a iniciativa, entre otros, del fallecido senador Enrique Pardo Parra, lo cual demuestra que hay interés en el Congreso para trabajar sobre esto. Cabe advertir, sí, que el proyecto sobre financiación electoral y garantías políticas propuesto por el gobierno, no se ocupa de la institucionalización de los partidos, porque esto tiene otra caracterización.

S.: El proyecto de ley que busca establecer la financiación de los partidos políticos está entrabado. ¿Qué fórmula evitaría su inconstitucionalidad?
M. de G.: A mi juicio, las dudas expresadas con respecto al proyecto de financiación de los partidos son las mismas que surgen en relación con la generalidad de las iniciativas legales, pero no las aprecio como vehementes o concluyentes. Es desde luego oportuno que se pongan de presente y para eso es la discusión en el seno del Congreso. En este momento hay crítica alzada de variado origen respecto de la financiación electoral. Pero el proyecto tiene otros capítulos de grande interés, que el gobierno ha juzgado oportuno someter a la consideración del Congreso, como la limitación del término de las campañas, la limitación de aportes nacionales, la prohibición de aportes extranjeros, el uso de medios de comunicación y otros relativos a garantías para los partidos políticos.

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