El escándalo de corrupción que dejó capturado a Víctor Alfonso Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, incluyó a otras personas que terminaron procesadas por la Fiscalía. Ese es el caso de Juan Camilo Sánchez, un contratista que ahora se suma a la lista de vinculados a esta investigación.
Sánchez Torres terminó metido en este escándalo cuando, de acuerdo con la Fiscalía, el alcalde de Villa de Leyva pidió a una empresa inversionista vincular al ahora imputado a la nómina y participar en el proceso de modificación de una licencia de construcción para un proyecto inmobiliario en el municipio.
“Las evidencias recaudadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión de un caso de posible corrupción en Villa de Leyva (Boyacá), dan cuenta de que Juan Camilo Sánchez Torres habría sido favorecido con un contrato de prestación de servicios por la posible intermediación irregular del alcalde municipal, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro”, dijo la Fiscalía.
Pero que la contratación fuera una solicitud del alcalde no fue lo único irregular que detectó la Fiscalía, Juan Camilo Sánchez, además, es publicista de profesión, es decir, no tenía nada que ofrecer de conocimiento a un proyecto inmobiliario y particularmente en el plan de modificar las licencias de construcción.
“El 8 de junio de 2025, el mandatario solicitó a la representante legal de una empresa inversionista vincular a Sánchez Torres para que supuestamente la asesorara en el proceso de modificación de una licencia de construcción de un proyecto inmobiliario. El beneficiado con el trabajo era publicista y no contaba con experiencia en temas de ingeniería o procesos de licenciamiento. No obstante, fue contratado”, señaló el ente acusador.
Durante la imputación de cargos, la Fiscalía aseguró que cinco días después de la contratación, el alcalde se comunicó por mensajería instantánea con la representante legal de la inversora y, al parecer, le pidió aumento salarial para su referido. El incremento se concretó en tres salarios mínimos mensuales.
“En el curso de la investigación se conoció que Sánchez Torres presuntamente le sirvió como enlace al alcalde y en realidad lo mantuvo enterado de todos los detalles del trámite de la ampliación de la licencia. Entre junio de 2025 y abril de 2026, recibió por concepto de honorarios más de 48 millones de pesos, sin realizar actividades relevantes para la empresa”, advirtió el fiscal en la imputación.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de concusión, luego de presentar todos los elementos de prueba, la evidencia de su participación en el entramado de corrupción.