Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2015/09/22 22:00

Las razones de la Procuraduría para pedir el fin del Incoder

Para el Ministerio Público, se trata de una entidad carente de credibilidad y legitimidad, que no lograría las conquistas que exige el posconflicto.

Según la Procuraduría, Incoder no cuenta con suficiente personal ni presupuesto. Foto: Incoder.gov.co

Para la Procuraduría, las pretensiones del Gobierno de recuperar el campo se podrían ver truncadas frente a la gestión de autoridades agrarias como el Incoder.

El ente de control presentó un balance de la gestión de esa entidad, en el que explica por qué el Gobierno debería pensar seriamente en su desaparición.

Según el estudio, incluso si no existiera un escenario de posconflicto, es evidente la necesidad de rediseñar el modelo institucional agrario, ya que la falta de acceso a la tierra ha sido uno de los factores determinantes del conflicto en el campo.

Fraudes

Dentro de los hallazgos más sorprendentes, la Procuraduría registró cómo excombatientes de grupos alzados en armas –a los que el Ejecutivo pretende beneficiar con su inclusión en proyectos productivos– incurren en algunos episodios de fraude, en contraste con la situación de muchos campesinos y desplazados que no logran obtener medidas efectivas de protección.

El informe denuncia casos en los que desmovilizados presentan como compañeras permanentes a mujeres con las que jamás convivieron, con la única intención de hacerse al dominio de tierras de cuantioso valor. Peor aún, los predios ni siquiera son empleados en el desarrollo de proyectos productivos, sino vendidos nuevamente a estructuras mafiosas.

A juicio del ente de control, estructuras narco-paramilitares creadas tras la desmovilización de las AUC junto son otras que nunca dejaron la ilegalidad nunca han dejado de ejercer control territorial en los predios que, supuestamente, fueron objeto de extinción de dominio.

Lo peor, señala el estudio, son los casos en los que desplazados, campesinos y desmovilizados han sido reubicados en un mismo predio, revictimizando a quienes recibieron el dominio de bienes ubicados en zonas donde bandas criminales ejercen control.   

Subsidios para tierras

Desde el 2008, el Gobierno estableció ayudas para la compra de tierras que serían explotadas por campesinos y por víctimas de la violencia. El esquema, que permite subsidiar hasta el 70 % del valor de los predios, no sólo ha sido lento e ineficaz, sino que se presta para la corrupción, dice el Ministerio Público.

La Procuraduría Delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios criticó también el modelo de entrega de los subsidios a través de convocatorias públicas en las que los potenciales beneficiarios presentan los proyectos productivos que pretenden desarrollar.

Según cálculos de la evaluación, el Incoder gasta en este proceso nueve veces más del valor que invierte en la adquisición de la tierra que adjudica.

Predios no aptos para el desarrollo de la agricultura, sobrecostos en el valor de las tierras y la necesidad de reubicación a algunas de las familias a las que ya se les habían entregado terrenos, según el estudio, demuestran la deficiente gestión del Incoder.

Los 238.000 millones de pesos invertidos en la adjudicación de 55.000 hectáreas de tierras que fueron otorgadas a 8.070 familias son algunos de los resultados en los que la Procuraduría sustenta su tesis.

Los procesos son lentos, poco confiables y se prestan para la corrupción, dice esta evaluación, en la que también se critica la valoración a los proyectos y la condición de los terrenos, en muchos casos no aptos.

Y es que la ineficacia del Instituto ha sido de la tal magnitud, que se registran casos de compra de predios que carecen de fuentes de agua y otros en los que se han adquirido terrenos para el desarrollo de proyectos de ganadería extensiva en zonas de páramo con condiciones de conservación de alto grado, en las que está prohibido el desarrollo de estas actividades.

Procesos agrarios

Para la Procuraduría, se trata del punto más débil en las labores del Incoder, pues no cuenta con suficiente personal ni presupuesto adecuado para afrontar los retos que le exige la recuperación de baldíos.

Del millón de hectáreas intervenidas hasta ahora para ser entregadas a campesinos pobres y víctimas del conflicto armado a octubre del 2014, sólo frente a 1.455 se finalizó el trámite para su adjudicación, lo que a juicio del organismo de control explica por qué se exigen medidas urgentes de reforma.

Si además se tiene cuenta la total inactividad en el trámite de procesos agrarios durante los dos primeros meses del 2015, para el ente de control es más que necesaria la intervención.

El estudio concluye que muchas de las expectativas que nacieron en la población campesina se han venido frustrando una tras otra, pues terminaron siendo invisibilizados por esta política pública de recuperación del campo.

De hecho, dice, no son pocas las ocasiones en las que han debido ampararse en las reivindicaciones de comunidades afro, indígenas y las de otros grupos minoritarios que han tenido un lugar mucho más privilegiado en las prioridades de las autoridades.

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