Miércoles, 26 de noviembre de 2014

| 2013/03/29 17:00

Infraestructura, la locomotora a empujar

El gobierno radicó un proyecto para resolver los enredos en la construcción de carreteras.

La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, espera que con el proyecto de ley se eliminen algunos problemas jurídicos que frenan el avance en la ejecución de las carreteras del país. Foto: Reynel Ruiz / Alejandro Acosta - Revista Dinero

Construir una carretera en el país, en el tiempo previsto y con el presupuesto proyectado, es una tarea casi imposible. Las demoras de algunos contratistas se mezclan con los líos en la compra de predios, con el otorgamiento de licencias ambientales y con los conflictos con las comunidades y el resultado es un coctel explosivo que no deja progresar prácticamente ninguna obra. La infraestructura colombiana es hoy una de las más atrasadas de América Latina y del mundo.

Este hecho, que de por sí es preocupante, es más grave en momentos en que el gobierno sigue adelante con la firma de tratados de libre comercio y cuando ha puesto en marcha un ambicioso plan de construcción de infraestructura por 44 billones de pesos. Por muy buenas que sean las intenciones, hoy todos esos cuellos de botella hacen que las vías que comunican al centro del país con los puertos siguen a medio camino. Es el caso de las carreteras Bogotá-Buenaventura y Bogotá-Cartagena (conocida como la Ruta del Sol) donde hay varios tramos parados por problemas de predios y licencias ambientales.

Para ponerle el tatequieto a este círculo vicioso la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, radicó la semana pasada en el Congreso un proyecto de ley que incluye varias de las recomendaciones de la Comisión de Infraestructura que se creó hace un año y que está conformada por exministros de Hacienda, ingenieros, abogados y economistas. Además, acoge las peticiones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. 


¿Cuál es la magia del proyecto de ley?

En primer lugar busca hacer más ágil la compra de predios, un proceso que hoy se puede demorar hasta tres años. En la ley hay herramientas para expropiar el inmueble por vía administrativa y judicial cuando no haya un arreglo directo, acudiendo al principio de que el interés general prima sobre el particular. Los jueces podrán en un término de 30 días ordenar la entrega de los inmuebles. Es decir, no se permitirá que un predio se atraviese como ‘mula muerta’ en la mitad de una vía porque el propietario se niega a conciliar. En la construcción de una carretera se deben adquirir, en promedio, entre 1.000 y 2.000 inmuebles. Y esa tarea está en cabeza de los contratistas. 

Lo mismo ocurrirá cuando haya títulos mineros en el camino, es decir, prevalecerá el interés general sobre el particular: la prioridad será la construcción de la carretera y no el proyecto minero. En este caso se indemnizará al dueño del título.

El otro gran cuello de botella son las licencias ambientales. Los contratistas deben presentar estudios de impacto ambiental y planes de mitigación de riesgos antes de comenzar la obra. Actualmente, se presentan retrasos porque muchas obras empiezan a ejecutarse sin que se haya obtenido o esté en firme una licencia. Ese es el caso del tramo 1 de la Ruta del Sol, en el sector de Villeta, que está paralizado en 21 kilómetros porque el concesionario no ha presentado todos los estudios exigidos por la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales).

El último cuello de botella, el de la consulta con las comunidades, quedará pendiente. Este asunto será abordado en otro proyecto de ley que prepara el Ministerio del Interior para regular todo lo relativo a estas consultas, que se han convertido en un escollo complicado en todo tipo de obras de desarrollo en el país, no solo las viales. El gobierno incluyó otras soluciones para los problemas como la instalación de redes de servicios públicos, pues hoy no hay normas que definan quién asume los costos cuando hay que hacer un traslado. También, para cuando los contratos no avanzan, hay una propuesta para que el Estado pueda retomar una concesión cuando haya motivos de utilidad pública y de interés social. 

Aunque de los 44 billones de pesos que anunció el gobierno solo están en proceso de licitación poco más de 4 billones, la esperanza es que se apruebe este proyecto para que desaparezcan los obstáculos de las vías y por fin despegue la locomotora de la infraestructura. 

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