Santos pone sal en la herida: “la justicia cojea… pero llegó”

Desde el mismo instante en que el Consejo de Estado anuló la reelección del procurador general, Alejandro Ordóñez, y más allá de las reacciones a favor y en contra que generó tan polémica decisión, fue inevitable que las miradas se escurrieran hacia la figura del presidente Juan Manuel Santos.

Los primeros en responsabilizar al mandatario de la destitución de Ordóñez fueron los miembros del opositor Centro Democrático. Con argumentos o sin ellos, desde varios días atrás han tendido un manto de duda sobre la independencia y la autonomía de la rama judicial, y de una presunta injerencia y presión por parte del jefe de Estado.

Los uribistas aseguran que Ordóñez, desde el ‘balcón’ de la Procuraduría, era la única voz que desde la institucionalidad hacía rigurosas críticas al proceso de paz y a los acuerdos que el Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron para poner fin al conflicto.

En ese contexto, el de la paz, se produjeron los pulsos más tensos entre Santos y Ordóñez. Desde aquella marcha del 9 abril del 2013, liderada por el presidente de la República y el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el procurador no sólo fue el único funcionario del Estado que se abstuvo de salir a las calles a movilizarse por la paz, sino que se declaró como el más crítico de la negociación que se adelantaba en La Habana.

Frente a las cámaras de televisión, frente a los micrófonos de la radio, en foros académicos, en el Congreso y en la Corte Constitucional, Ordóñez advertía los ‘pecados’ que en su criterio se estaban cometiendo en Cuba. Impunidad para los autores de delitos atroces, o que el país nadaba en coca por cuenta de los diálogos.

Santos tenía que enfrentar las críticas no sólo de la oposición, sino también las del procurador, y no lo hizo con maneras “políticamente correctas”. Fueron muchas las oportunidades en las que el mandatario le sugirió a Ordóñez no extralimitar sus competencias y no meterse en el tema de la paz, del exclusivo resorte y responsabilidad del presidente de la República.

El procurador no paraba de presionar al mandatario. Cartas, advertencias y extensos cuestionarios en los que exigía respuestas, las cuales Santos supo eludir con habilidad y con argumentos constitucionales.

Pero la circunstancia que más generó suspicacia fue la que tuvo lugar en la Casa de Nariño el lunes 22 de agosto. Ese día Santos posesionó a César Palomino como magistrado del Consejo de Estado y le pidió a ese alto tribunal que resolviera la demanda sobre la reelección de Ordóñez. La razón, llevaba más de tres años y cinco meses sin fallarse, algo que desprestigiaba la administración de justicia.

El mensaje de Santos fue en la misma semana en que culminó el proceso de paz con el cierre del acuerdo final de La Habana. La misma en que se anunció el plebiscito. Precisamente, la convocatoria para el 2 de octubre generó un pulso más tenso por las reglas de juego de la campaña, y la participación de funcionarios en ella. Mientras Ordóñez ‘amenazaba’, Santos los impulsaba a promover el Sí.

Los ingredientes que condimentaron las horas previas a la decisión del Consejo de Estado dieron pie para que el presidente Santos, así no tuviera la mínima responsabilidad, estuviera envuelto en la polémica decisión.

Este jueves en la mañana, en el programa Alerta Bogotá de la emisora Radio Uno de RCN, dio su primera reacción al fallo del Consejo de Estado. Desde cuando se posesionó en el 2010, el mandatario ha demostrado su respeto y su obediencia a los fallos judiciales, pero al referirse al caso del procurador, pareció ponerle una buena dosis de sal. No de otra forma se pueden interpretar sus declaraciones.

“Siempre recibo los fallos de la Corte con respeto. Estaba en mi oficina. Me comunicaron que el Consejo de Estado había tomado esa decisión. Mucha gente estaba pendiente esperando que esa decisión se tomara, como estipula la ley, y lo recibí como cualquier fallo. Con respeto y con independencia de lo que haga la justicia. Uno no siempre tiene que estar de acuerdo con los fallos, pero tiene que respetarlos (…) Lo que debemos hacer es dejar esa polarización, los ataques entre instituciones con altos funcionarios atacándose unos a otros. Eso no le conviene al país”.

A ese mensaje mesurado le añadió otros con mayor dosis de veneno. “Demoró tres años y medio y no ha debido demorarse tanto. La justicia debe operar con más agilidad. Hay unos que dicen que la justicia cojea pero llega, y llegó”.

También, ante las presiones que Ordóñez atribuye al Gobierno y a las FARC para su destitución, Santos confesó que “hace mucho dejé de oír lo que dice el procurador porque son acusaciones que no tienen fundamento. No le paré muchas bolas y no tiene fundamento alguno lo que él dice”.

Y rechazó categóricamente la afirmación de Ordóñez, quien dijo que el primer pacto de La Habana había sido sacar al procurador. “Las FARC no tienen esa capacidad ni ese poder para influir en una decisión en el Consejo de Estado. Esa acusación se cae de su propio peso”, dijo Santos.

Pocos se imaginaban que la relación entre el procurador y el presidente Santos tendría este desenlace. Parecen muy lejanos esos días de noviembre del 2012 en que el procurador fue reelegido con los votos de la Unidad Nacional. El mandatario sólo ternó a su candidata (la magistrada María Mercedes López) tres meses después de que la Corte Suprema hubiera postulado a Ordóñez, circunstancia que le permitió adelantar campaña en solitario y asegurar los votos antes de que se conocieran sus rivales.

Incluso, el día en que se produjo la elección, el 27 de noviembre de ese año, María Mercedes Ruiz renunció a conformar la terna, pero el presidente Santos ni aceptó esa dimisión ni se la comunicó al Senado, por lo que una elección que parecía irregular, con una terna de dos candidatos, terminó legitimándose. En aquel momento, Jorge Robledo, senador del Polo, responsabilizó públicamente al mandatario de la reelección del procurador. “Aquí nunca hubo terna (…) el candidato de Santos es Ordóñez”.

Ahora Ordóñez ya no tendrá limitaciones para pronunciarse sobre el plebiscito, pero sin el poder del cargo que ocupó durante casi ocho años. Podrá hacerlo en la calle, en los medios, en el balcón, haciendo política, lo que según el presidente venía haciendo desde la institucionalidad. Eso sí, en la Procuraduría seguirá un ejército de fieles subalternos que seguramente harán cumplir las instrucciones de uno de los más polémicos procuradores que recuerde la historia del país.