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| 7/21/2015 10:11:00 PM

La dura carta de Rodrigo Uprimny al Consejo de Estado

El reconocido abogado, quien demandó la elección del procurador, se despachó sobre la cacería de brujas de ese proceso.

Al despacho del presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, acaba de llegar una misiva que dará mucho de qué hablar. El documento tiene que ver con la dura polémica que existe entre el Gobierno, esa alta corte y el procurador por cuenta de un supuesto complot para sacar a Ordóñez de su cargo. En todo ese berenjenal sólo había una parte que no había hablado: el demandante, Rodrigo Uprimny.

El abogado es el director de la organización Dejusticia, uno de los demandantes de la elección del procurador. En un juicioso estudio, se logró probar que magistrados y congresistas que habían participado en la reelección de Ordóñez tenían familiares trabajando en la Procuraduría o habían sido elegidos con el favor de este. Así, pidieron anular su reelección, pues consideran que esta viola el artículo 126 de la Constitución. En esa norma se prohíbe la conocida práctica del “yo te elijo, tú me eliges”.  (http://www.semana.com/nacion/articulo/rodrigo-uprimny-hay-que-recuperar-el-prestigio-de-las-altas-cortes/409819-3)

Pero ese silencio se acaba de romper. Uprimny hizo llegar al Consejo de Estado una carta en la que toma posición en ese conflicto. “Soy uno de los demandantes en el proceso de la nulidad de la reelección del señor procurador general, Alejandro Ordóñez, quien ha argumentado públicamente … que no existe ninguna razón jurídica que pudiera justificar la anulación de su reelección, y que este proceso estaría lleno de irregularidades e interferido por intereses políticos y criminales”, comienza el escrito.

Uprimny sostiene que Ordóñez ha podido utilizar las vías procesales apropiadas para defender su reelección, pero en vez de hacer eso, se ha dedicado a cuestionar el proceso públicamente “para sembrar un manto de duda sobre una eventual decisión de anulación de su reelección”. Con esto lo que buscaría es quitarle piso jurídico a la sentencia que emita el Consejo de Estado y en caso de esta sea adversa a él, atribuirle motivaciones de grupos al margen de la ley o de intereses electorales.

La carta tiene un tono fuerte y agudo, muy lejano al que normalmente caracteriza al jurista. Le atribuye a Ordóñez cierta hipocresía al cuestionar al Gobierno por supuestamente estar repartiendo puestos en el Consejo de Estado para aceitar su salida, cuando precisamente los cargos de la demanda le endilgan lo mismo a él. “El procurador nombró en cargos que no eran de carrera a familiares de magistrados de la Corte Suprema, quienes votaron a su favor para incluirlo en la terna para ser reelecto”, agrega.

Sin embargo, en lo que más se extiende Uprimny es en rechazar los cuestionamientos “tácitos” que le han hecho Ordóñez y el magistrado Marco Antonio Velilla, muy cercano al procurador. Según el abogado, ambos han dado a entender que la magistrada Stella Conto le filtró a Uprimny el fallo del proceso contra el exmagistrado Francisco Ricaurte. El tema parece de alta filigrana jurídica, pero es importante.

La sentencia contra Francisco Ricaurte es el principal precedente que existe en el caso del procurador. Como se sabe, el expresidente de la Corte Suprema se lanzó para el Consejo Superior de la Judicatura con el favor de quienes habían sido sus colegas. La situación fue demandada y el caso llegó al Consejo de Estado, que finalmente anuló su elección. El fallo es muy importante pues fue el primero que dictaminó en un alto cargo que en el país estaba prohibido el “yo te elijo, tú me eliges”.
 
Sobre el tema había una discusión, pues el artículo 126 de la Constitución establece que no se permite que un funcionario nombre a los familiares cercanos de quien lo nombró, pero no prohíbe específicamente nombrar a quien lo había nombrado. La sentencia de Ricaurte fue la primera que hizo claridad en que esta última hipótesis también estaba incluida en la prohibición.

El procurador ha dado a entender que la magistrada Conto, que es la ponente de su caso, le filtró esa decisión a Uprimny. “Esa denuncia del exmagistrado Velilla, a la cual le da resonancia el señor procurador, es falsa, simplemente porque esa filtración no ocurrió”, dice tajante Uprimny.

La razón que dan de la supuesta filtración es que Dejusticia presentó posteriormente un escrito de recusación contra los magistrados Marco Antonio Velilla Moreno, Alfonso Vargas Rincón, Gustavo Gómez Aranguren, Enrique Gil Botero y las magistradas Bertha Ramírez de Páez y Susana Buitrago Valencia. En ese documento, Uprimny usó, según Velilla, información de la sentencia de Ricaurte.

Las acusaciones tienen peso, pues buscarían recusar a la magistrada Conto. La misma estrategia que desplegaron en el pasado cuando hicieron lo mismo con el magistrado Alberto Yepes. Como se recordará, después de que en medios trascendió que su ponencia estaba a favor de anular la reelección de Ordóñez, fue apartado del proceso también supuestamente por una filtración (http://www.semana.com/nacion/articulo/procurador-alejandro-ordonez-vaya-con-dios/395366-3).

Uprimny argumenta que la filtración no existió. Argumenta que si bien él presentó su escrito el 21 de julio, unos días antes de que notificaran la sentencia de Ricaurte, el 25 de julio, no conocía la providencia. Agrega que la mencionó pues la entonces presidenta del Consejo de Estado, Maria Clara Rojas, la había anunciado en una entrevista en medios el 25 de junio. “Esto significa que casi un mes antes de mi escrito de recusación, el país conocía que esa decisión había sido tomada por el Consejo de Estado… La presidenta Rojas, al anunciar esa decisión anulatoria, explicó sus fundamentos jurídicos básicos”.  En la carta adjuntan un fragmento de la entrevista que dio la magistrada a El Tiempo.

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/tumban-eleccion-de-magistrado-ricaurte/14168336
En el Consejo de Estado, el proceso contra el procurador mantiene la corporación en la más alta tensión. La carta de Uprimny le agregó un elemento adicional y es el hermetismo que piden muchos de los magistrados para ese expediente. Aunque la ponencia para tumbarlo se presentó en julio pasado, el caso lleva más de un año enredado en recusaciones y vericuetos procesales. Se espera que la decisión salga en los próximos meses.
 
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