El pasado 7 de mayo generó gran revuelo nacional un desalojo llevado a cabo por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Barranquilla a la iglesia cristiana Vida Abundante, que congrega a más de 2.000 feligreses y que desde hace casi 30 años ocupaba el predio donde antiguamente funcionaba la reconocida bolera Titos Bolos, que fue incautada en su momento al grupo Nasser Arana, responsables por lavado de activos y narcotráfico a finales del siglo pasado.
Para llevar a cabo ese procedimiento, la entidad argumentó que la iglesia habría “ocupado irregularmente” más predios de los que se le habían subarrendado desde hace varios años y que se habría ampliado sin autorización, “pasando de dos a cuatro locales”. Asimismo, que por concepto de falta de pagos del arriendo, habría una deuda superior a los 2.227 millones de pesos.
Desde la fundación que representa a la iglesia reclaman que varios de esos hechos no serían ciertos y cuestionan que se habrían registrado presuntas irregularidades en el procedimiento, por lo que han emprendido una batalla jurídica para recuperar ese lugar.
Uno de los hechos por los que más cuestionan el proceso adelantado por la SAE es que, en medio de la diligencia, hizo presencia el gerente de Activos por Colombia, Abraham Antonio Katime, quien está a cargo de la plataforma sobre la cual la SAE tiene el ciento por ciento de las acciones y que, como reveló SEMANA, Katime hace proselitismo abiertamente por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, por lo que cuestionan si este desalojo tendría relación con algún hecho político de cara a las elecciones que vive el país.
De hecho, desde la página de Activos por Colombia cuestionaron al líder religioso detrás de esta comunidad, más allá de los incumplimientos que dice la SAE que hubo sobre el predio.
“Lo indignante no es solo la ocupación, sino quién la ostenta: la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia-Iglesia Vida Abundante, liderada por el pastor Jorge Freyle. Lo que debería ser un activo para la inversión social se convirtió en el beneficio particular de una congregación que decidió dejar de cumplir con sus obligaciones legales”, aseguraron desde esa plataforma junto a una foto de Katime y funcionarios de la SAE.
Desde la congregación religiosa cuestionaron si podría haber intereses políticos o ideológicos detrás del desalojo, en el cual hubo más funcionarios con chalecos que los identificaban de Activos por Colombia.
En videos e imágenes conocidas por esta revista se ve a Katime hablando a los medios de comunicación, informando de este desalojo, lo que le generó dudas a los miembros de la comunidad cristiana, que protestaron en medio de la diligencia.
Reclaman que el gerente de Activos por Colombia habría acompañado a los funcionarios de la SAE, quienes además llegaron con miembros de la Policía Nacional, Militar y hasta el Ejército, como reconoció la misma entidad, con armas de largo alcance, lo que consideran que se trató de una intimidación a los feligreses, quienes denuncian que no fueron notificados previamente de este desalojo por parte de la entidad.
Ante la situación, con la que no estuvieron de acuerdo, decidieron presentar un derecho de petición al gerente de Activos por Colombia para que detalle su participación en este proceso. Sin embargo, hasta el pasado 21 de mayo Katime no lo había contestado, a pesar de que para ese momento ya se habían cumplido los plazos establecidos por ley, por lo que presentaron un incidente de desacato, pues una tutela del 13 de mayo les había dado la razón y le había ordenado al gerente de Activos por Colombia entregar esta información.
Allí preguntaban por la relación contractual que tiene Activos por Colombia con la SAE, varios detalles del contrato de esa plataforma con la entidad y la forma de comercializar los bienes. Dicen que si Katime no cumple, podría llegar a ser sancionado.
Según documentos presentados por los representantes de la iglesia, y conocidos por esta revista, firmados en 2012, el inmueble estaba en manos de una empresa en liquidación, que a partir de ese año cedió el contrato de arrendamiento a la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia, por lo que argumentan tener todos los papeles en regla. En esos documentos se detalla que ese acuerdo de cesión del arriendo contempló los locales 2, 3, 4 y 5, que antiguamente eran ocupados por Titos Bolos, por lo que reclaman que no es cierto, como dice la SAE, que se hayan apropiado de más espacios de manera indebida.
En medio del enredo jurídico por la cesión del contrato hay dos versiones. Desde Vida Abundante reclaman que, al tratarse de un acuerdo privado que se había hecho en 2012 por la cesión del contrato de arrendamiento, solo un juez de la república podía ordenar ese procedimiento.
Mientras tanto, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, argumentó que se habría registrado un incumplimiento del pago de los arriendos desde hace varios años.
Ante estos hechos, la defensa de la iglesia cristiana no descarta presentar recursos jurídicos en contra de la presidenta de la entidad. “Pueden presentar todos los recursos que quieran”, respondió Pérez, quien aclaró que la SAE ha desarrollado todo el proceso sobre la ley de extinción de dominio.
Los feligreses reclaman que el valor por el que se estaría ofreciendo el predio en la plataforma de Activos por Colombia es mucho menor al avalúo, pues ellos consideran que ese espacio costaría alrededor de 27.000 millones de pesos, pero cuestionan que se estaría ofreciendo en la plataforma de Activos por Colombia por un valor cercano a los 13.500 millones de pesos. Aunque el proceso de subasta fue anunciado por la plataforma para el pasado 27 y 28 de abril, el procedimiento se paralizó ante el lío jurídico. Ellos reclaman que nunca les avisaron de esa subasta y que en varias ocasiones estuvieron interesados en comprar el predio, pero les negaron esa posibilidad.
Ante la disputa jurídica, que sigue vigente, desde Vida Abundante radicaron un derecho de petición al Senado de la República en el que solicitan que se verifique la naturaleza jurídica de Activos por Colombia, la legalidad de sus facultades como liquidador y que haya una plena identificación del bien en su caso, además de que se tenga en cuenta que se trata de una comunidad religiosa que se podría ver afectada.
Precisamente, en varios de los recursos que han presentado, han reclamado que como comunidad religiosa serían sujetos de protección constitucional y que podrían estar siendo estigmatizados por la SAE en este procedimiento. Dicen que en medio del proceso de enajenación se pudo haber presentado un trato desigual o el desconocimiento de los impactos sociales por la venta del inmueble, afectando a esa comunidad religiosa, que lucha por quedarse en este lugar donde ha funcionado por más de dos décadas.
El caso ha sido de tal magnitud que desde la iglesia cristiana han notificado a líderes en Estados Unidos de lo que estaría ocurriendo, pues estarían afiliados a la Oficina de Fe de la Casa Blanca y ya habría una delegación de pastores que estaría verificando el caso para ver si hacen un pronunciamiento.
SEMANA consultó a la SAE sobre lo que sucede con este predio y todo el lío jurídico que se ha generado. Según dijeron en la entidad, nunca se trató de una actuación adelantada en contra de la comunidad religiosa, sino de un proceso administrativo tras la deuda que se registra por 2.261.768.533 pesos que aseguran que se debe del arriendo del lugar. Aclararon que el Ejército hizo presencia en la diligencia de desalojo para garantizar y preservar la seguridad de las personas.