Más de 8.000 personas terminaron estafadas mediante una modalidad de negocio que, según confirmó la Fiscalía, correspondía a una captación ilegal de dinero. El negocio estaba relacionado con la supuesta exportación de plátano, que prometía altas rentabilidades a cambio de una inversión. Sin embargo, la realidad era que los inversionistas terminaban perdiendo su dinero.
El monto de la defraudación, de acuerdo con los cálculos de la Fiscalía, superó los 200.000 millones de pesos en al menos cuatro años. Entre los inversionistas había madres cabeza de hogar, desplazados por la violencia, profesores y campesinos, quienes estaban convencidos de haber encontrado una oportunidad de negocio que les garantizaría millonarias retribuciones.
“La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos, quienes estarían involucrados en un esquema de captación ilegal mediante el cual se habrían recibido cerca de 200.000 millones de pesos de 8.000 ciudadanos, entre 2021 y 2024”, explicó la Fiscalía.
Los presuntos responsables de esta defraudación a los inversionistas no solo prometían rentabilidades que superaban el 50 % de los aportes, sino que, con el paso del tiempo, fueron modificando su razón social y pasaron de operar como exportadores a presentarse como socios de una cooperativa de carácter social.
“La investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, da cuenta de que la captación habría comenzado en 2021 a través de una comercializadora y exportadora y, un año después, continuó mediante la conformación de una cooperativa”, advirtió el ente acusador.
Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad y un juez ordenó que los presuntos responsables de estafar a 8.000 personas cumplieran la medida de aseguramiento en su lugar de residencia.