"La paz se consagra no sólo como derecho sino como deber"

En 2004 publicó el libro titulado “Sí al acuerdo humanitario”, después de haber sido asesora de varios ministros del interior (en los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana), gobernadora encargada del departamento del Amazonas, secretaria general encargada del Ministerio y asesora del Alto Comisionado para la Paz a inicios del gobierno de Álvaro Uribe. En los últimos años se ha dedicado a la investigación, a acompañar a las familias de los políticos secuestrados y a defender la salida negociada al conflicto armado.
 
Su nombre es Caterina Heyk Puyana, una abogada, colaboradora de Semana.com, quien hace unos días presentó en Colombia su tesis de doctorado europeo hecho en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada de España y en la Universidad de Leiden, Holanda, con el apoyo de la Unión Europea. Su tesis, titulada “Derecho Internacional, Acuerdo Humanitario y resolución pacífica del secuestro” propone como telón de fondo para una salida negociada al conflicto su “humanización”. Y como primer paso la investigadora plantea un acuerdo humanitario, en otras palabras, el derecho a la vida y a la libertad de los 17 uniformados que permanecen en poder de las Farc.
 
La semana pasada, Heyck se reunió con Colombianas y colombianos por la paz en Buenos Aires, Argentina, en donde compartió con Piedad Córdoba, Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO; Adolfo Pérez Esquivel, nobel de paz; representantes de las Madres de Mayo, entre otros. El tema: la paz en Colombia.
 
Allí presentó una síntesis de su investigación basada en el método del noruego Johan Galtung, quien aduce que los conflictos se pueden tratar como una enfermedad: primero hay que hacer un diagnóstico, luego un pronóstico y al final plantear una terapia. Para este caso ella insiste en el acuerdo humanitario, un tema que hace varios meses salió del debate y en su lugar el Gobierno ha exigido a las Farc las liberaciones de quienes permanecen en su poder, sin contraprestaciones, para que se abra la puerta del conflicto.
 
Semana.com habló con Heyck, quien explicó en qué consistió su investigación y cuáles son las bases jurídicas que sustentan la viabilidad de un acuerdo humanitario.
 
Semana.com: ¿Cuál fue el diagnóstico del secuestro?

Caterina Heyck Puyana: El diagnóstico corresponde al análisis de la historia, evolución, participación de los grupos armados, y la respuesta gubernamental al problema del secuestro. Una de las conclusiones de esta parte de la investigación es que hay un desconocimiento sobre las cifras y que los desaparecidos fueron borrados de las estadísticas.

También documenté las condiciones de todos los secuestrados, para lo cual me leí todos los libros que han escrito sobre su cautiverio. La conclusión es que en esas condiciones no se puede garantizar el derecho a la vida y que los secuestrados temen un rescate porque cada que se producen sobrevuelos el riesgo es inminente. Por ejemplo, Orlando Beltrán sufrió una parálisis en una de esas operaciones.

Semana.com: ¿Cuál libro le gustó más?

C.H.P.: Me gustaron todos porque en ellos descubrí y entendí cuál es la realidad del cautiverio. Dos me llevaron a aprender otras cosas. En el de Oscar Tulio Lizcano pude adentrarme en la vida de los guerrilleros, cómo son, qué los llevó a la guerrilla. Una conclusión que saqué es que la mayoría de los guerrilleros secuestradores en cierta forma también están secuestrados: muchos son menores de edad, reclutados contra su voluntad, o por la fuerza de las circunstancias. Una vez entran a la guerrilla no se pueden salir porque la deserción se paga con la ejecución.

Semana.com: ¿En qué consistió el pronóstico?

C.H.P.: Esta parte de la tesis revisé los antecedentes en el mundo sobre rescate y negociación. En primer lugar expuse la “pragmática política de Israel” que ha excarcelado a miles de presos, no sólo a cambio de la entrega de combatientes sino también por la devolución de cadáveres. También investigué lo que fueron las negociaciones en Afganistán, Pakistán y la del gobierno español frente a los secuestros de barcos pesqueros por piratas en el Océano Índico y por Al Qaeda del Magreb Islámico.

Semana.com: ¿A qué cree que se debe esa pragmática política del gobierno de Israel?

C.H.P.: Primero, porque el servicio militar es obligatorio. Entonces la liberación de combatientes es una forma de responderle a las familias, una contraprestación del Estado por valerse de los hijos en el conflicto. También hay factores de tipo religioso como la importancia que tiene el entierro de los muertos, o lo que significa pertenecer al “pueblo de Israel”.

Semana.com: ¿A qué cree que un Estado militarista acuda a la negociación?

C. H.P.: En un estado militarista la negociación del intercambio no es vista como un paso a la resolución de un conflicto, lo que busca es darle reconocimiento a la vida de los militares del país y ser consecuente con su importancia en la sociedad.

Semana.com: sigamos con el pronóstico…

C. H.P.: Investigué los tantos casos de negociación en Colombia, como el secuestro de Juan Carlos Gaviria, hermano de César Gaviria; del exministro Fernando Londoño y Londoño, la toma de la embajada de República Dominicana, el intercambio del gobierno Pastrana, entre otros. En todos estos, la negociación ha dado resultado en el deber fundamental de un Estado que es garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos.

También analicé punto por punto la posición del gobierno de Álvaro Uribe. A pesar de las liberaciones de guerrilleros presos, como en el caso de Granda, realmente nunca hubo voluntad de diálogo y tan solo se dieron movidas políticas de conveniencia según la coyuntura.

Semana.com: ¿Y cuáles son los antecedentes de los rescates?

C.H.P.: Casos como la liberación de los deportistas israelíes secuestrados en los Olímpicos de Münich Alemania (1972), la Operación Entebbe (Uganda, 1976); la Operación Chavín de Huantar (Perú, 1996); el rescate con gases asfixiantes del Teatro de Moscú (Rusia, 2002); la toma del colegio en Beslán (Osetia del Norte, 2004); o locales como la toma del Palacio de Justicia; los intentos de rescate de Diana Turbay (1991), del gobernador del Antioquia Gilberto Echeverry (2003), y del gobernador del Caquetá Luis Francisco Cuéllar (2009), entre otros; todos han dejado saldos trágicos de pérdidas de vidas humanas. En algunos casos la respuesta desproporcionada de los gobiernos dio al traste con las salidas negociadas, que no se pueden considerar victorias militares.

Semana.com: ¿Y Operación Jaque, que es considerada por el actual ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, como una obra de arte?

C.H.P.: Después de leer varias versiones de esa historia y hacer análisis de las noticias, creo que esa fue una negociación económica disfrazada de rescate.

Semana.com: Y la terapia…

C.H.P.: La terapia que se propone es la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y la teoría de la Investigación para la paz.

Al profundizar en el DIH aplicable a los conflictos armados de carácter no internacional encontré que existe un vacío en la definición de “combatiente”. Para el CICR, combatientes no son todos los miembros que pertenecen a un grupo armado ilegal sino lo que están en “función continua de combate” (un guerrillero cocinero o enfermero no lo serían, por ejemplo). Por su parte, para la CIDH (establecida en el famoso caso de La Tablada – en Argentina) los miembros de los grupos armados ilegales son “civiles que pierden el derecho a la protección frente a los ataques en caso de participar directamente en las hostilidades”. La Corte Suprema de Justicia de Israel, en un importante fallo proferido en diciembre de 2006, cuando revisó la legalidad de la política de asesinatos selectivos de ese gobierno, determinó que los miembros de grupos terroristas son “civiles” que pierden el derecho a la protección en caso de participación en las hostilidades.

Como se evidencia, la determinación de la condición de combatiente es fundamental. Lo que realmente está en juego es la garantía del más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida.

Semana.com: ¿De qué manera el discurso antiterrorista ha afectado esos principios que usted menciona?

C.H.P.: La doctrina de la guerra contra el terror de George W. Bush pretendió estar al margen de todo referente normativo, excluir la aplicación de los Derechos Humanos, por ser una guerra, y al mismo tiempo denegar la vigencia del DIH y por ende de su regulación sobre los derechos de los combatientes y prisioneros de guerra.

En una situación de guerra, el derecho a la vida cede. El problema es cómo se entiende la excepción en un conflicto armado interno. Por ejemplo, cómo se garantiza el derecho a la vida de un menor de edad que ha sido reclutado, contra su voluntad, que tiene derecho a desertar y no lo hace porque lo matan. Por eso, considero cuestionables los bombardeos indiscriminados en los que probablemente caen menores de edad. En Colombia tenemos una distorsión de los derechos debido a la prolongación del conflicto. Por eso se han generado fenómenos macabros como los falsos positivos que son ejecuciones sumarias en las que se ha disfrazado a civiles de combatientes para reportar resultados militares y obtener beneficios. Todo porque nos acostumbramos a no cuestionar la legalidad de las bajas de la guerrilla.

Semana.com: Pero las guerrillas también han contribuido a la degradación del conflicto…

C.H.P.: Eso es indiscutible. El secuestro de civiles, las minas antipersonal, el uso de armas no convencionales. Todo eso ha contribuido a la degradación del conflicto. Pedirle a la guerrilla que respete el DIH es necesario, tanto para ella como para el Estado es una obligación. Lo que pasa es que una parte es la institucionalidad en tanto que la otra no lo es. A veces parece que cuando uno defiende el diálogo corre el riesgo de que lo tilden de defender a la guerrilla. En absoluto.

Semana.com: ¿Qué significaría en Colombia la aplicación de un acuerdo humanitario?

C.H.P.: La aplicación del DIH y la regularización del conflicto ayudarían a definir quiénes son combatientes y quiénes no. Con el intercambio humanitario, además de la liberación de estas personas, las Farc se comprometerían a respetar el DIH y por ende a acabar con la práctica del secuestro. Pretender comenzar un diálogo con cese de hostilidades y de combates es ingenuo. Lo primero que hay que hacer es “humanizar el conflicto, definir quiénes son los combatientes y sacar a la población civil. Además, hay que resaltar que el intercambio promueve privilegiar la vida de los soldados – de los combatientes que son todos colombianos.

Semana.com: ¿Cree que en Los términos del conflicto es factible la aplicación de un acuerdo humanitario?

C.H.P.: En Colombia, la aplicación del DIH es un imperativo legal y constitucional. Tiempo atrás se pretendió la creación de una ley antisecuestros que prohibía el pago de rescates. La Corte Constitucional dijo que quienes acudían al pago lo hacían bajo el “estado de necesidad” y cumpliendo el deber de solidaridad para la protección de los derechos humanos que tienen los ciudadanos con las víctimas, deber que está consagrado en la Carta Política.

En el mundo hay dos legislaciones que consagran explícitamente el derecho a la paz: la Carta Africana y la Constitución colombiana. En el artículo 22 de nuestra Constitución, la paz se consagra no sólo como derecho sino como deber. La Corte Constitucional ha dicho que este derecho es fundamento del Estado y de la sociedad y exige a las autoridades buscar la paz. Eso conduce a pensar que cualquier colombiano no solo tiene el derecho a buscar el diálogo para la resolución de un conflicto sino que obra en ejercicio de un deber. Obviamente tal facultad no implica poder decretar despejes militares o modificar la institucionalidad, pero todos los ciudadanos tenemos el derecho a dialogar.

Semana.com: Cada que hay liberaciones suena nuevamente la posibilidad de un acercamiento entre el Gobierno y la guerrilla. Hace unos días un grupo comenzó a promover en internet la recolección de firmas para impedir que el gobierno dialogue con las Farc. ¿Usted qué piensa de eso?

C.H.P.: Insisto, la paz es un derecho y un deber constitucional. Iniciativas como esa demuestran la insolidaridad de la gente. Es increíble que en Colombia tengamos ciudadanos secuestrados cautivos desde hace más de 13 años y sigamos tan indiferentes. En España pagaron por el rescate de sus ciudadanos cuando fueron secuestrados por piratas somalíes y al poco tiempo fueron liberados. Como ese hay muchos casos. En lugar de valorar el trabajo de Colombianas y Colombianos por la Paz, el presidente Uribe prefirió llamarlos el “Bloque Intelectual de las FARC”. ¡Qué desconocimiento de la Carta Política! Como está visto, buscar la paz es un deber constitucional y un derecho que nadie nos puede quitar.

Semana.com: Finalmente, para una salida negociada, ¿qué significaría la muerte de Alfonso Cano?

C.H.P.: Independientemente de quién esté al frente de las Farc lo importante es privilegiar siempre el diálogo.