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| 7/8/2017 10:15:00 PM

“Las excarcelaciones van a ser un desastre”: Daniel Mejía

El secretario de Seguridad de Bogotá habló con SEMANA sobre la reducción de homicidios, el ataque al Andino, la falta de policías en Bogotá y el impacto de las excarcelaciones masivas de delincuentes en la ciudadanía.

SEMANA: Un sector de la ciudadanía y la clase política de Bogotá tienen la percepción de que la inseguridad en la capital va en aumento. ¿Cuál es la realidad?

DANIEL MEJÍA LONDOÑO: Las cifras objetivas de criminalidad muestran una reducción importante en prácticamente todos los delitos. Los homicidios, de acuerdo con Medicina Legal, están disminuyendo en 15,3 por ciento. Eso significa que se han salvado en los primeros seis meses de este año entre 90 y 100 vidas. El año pasado, cuando tuvimos una reducción de 6 por ciento, se salvaron 61 vidas. En seis meses de este año ya se ha salvado el 50 por ciento más de vidas. Esto de alguna manera consolida los resultados del año pasado, demuestra que los estamos sosteniendo y que se están reduciendo no solo los homicidios, sino todos los temas como riñas, lesiones personales y violencia interpersonal, medido tanto por Policía como por Medicina Legal.

SEMANA: ¿Cuál ha sido la estrategia para conseguir esa reducción?

D.M.L.: Este es un trabajo liderado por el alcalde Enrique Peñalosa y un trabajo en equipo con el general Hoover Penilla, que ha mostrado un gran liderazgo en la Policía Metropolitana de Bogotá, y con la Fiscalía en los trabajos de investigación para desarticular estructuras criminales. Eso se traduce en lo que están mostrando las cifras y es que la situación de seguridad en Bogotá está mejorando.

SEMANA: Durante años el Fondo de Vigilancia, encargado de manejar los recursos para la seguridad, fue un hueco negro en donde se perdían los recursos y por eso incluso varios de sus funcionarios tienen procesos penales. ¿Qué ha pasado con el fondo y las inversiones?

D.M.L.: Con la creación de la Secretaría de Seguridad el alcalde decidió liquidar el Fondo de Vigilancia y Seguridad. Como se sabe, ese fondo en los últimos años tuvo muchos cuestionamientos en los entes de control sobre muchos de los contratos que se hicieron allí. El tema de las cámaras de vigilancia, de las cámaras de reconocimiento facial, las motos eléctricas que todo el mundo conoce, el tema del Comando de la Policía Metropolitana, y así se pueden enumerar decenas de contratos hechos sin seguir los procedimientos estatales. Por eso, todo el tema de contratación pasó a la Secretaría de seguridad. Desde allí duplicamos el presupuesto de inversión en seguridad, que ya empezó a fluir hacia los bienes, servicios y equipamientos que necesitan Policía, Fiscalía y Ejército para hacer su labor. Hemos entregado más de 1.300 motos a la Policía Metropolitana, las vans de vigilancia para las localidades, buses, camiones, equipos para investigación criminal e inteligencia policial, todo el sistema de sostenimiento de carabineros para el patrullaje en los cerros orientales. Acá demostramos que se están haciendo estas contrataciones estatales siguiendo los principios de contratación. Mucho de esto se ha adquirido a través de Colombia Compra Eficiente, y hemos obtenido unos ahorros importantes. Un solo ejemplo. En uno de los contratos que firmamos el año pasado, para cámaras de vigilancia, inicialmente se presupuestaba la compra de 200 cámaras y vamos a terminar comprando 360, casi 60 por ciento más, debido a que se hizo con competencia y se obtienen buenos precios y calidad.

SEMANA: Bogotá tenía un déficit de cámaras de seguridad. ¿En qué está ese tema hoy?

D.M.L.: Estamos avanzando muy rápido. El Concejo nos apoyó para fortalecer todo el tema de videovigilancia. Nosotros recibimos 302 cámaras instaladas y funcionando. A finales de este año vamos a dejar más de 1.500 cámaras y en el primer semestre del próximo año esta cifra debe estar por encima de 2.500. Esto también implica un trabajo con privados, con centros comerciales, en donde estamos articulando las cámaras perimetrales de esos lugares a nuestro Centro de Comando y Control de la Policía para dar un salto cualitativo. No solo se trata de comprar y conectar cámaras. Estamos fortaleciendo los centros de monitoreo y adquiriendo un software de análisis de video para hacer mucho más eficiente el monitoreo de las cámaras.

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SEMANA: ¿Bogotá sigue con ese dramático déficit de pie de fuerza de policías?

D.M.L.: De las 17 Policías Metropolitanas que hay en el país, Bogotá es la que tiene menor pie de fuerza por cada 100.000 habitantes. Tiene un poco menos de 240 agentes por cada 100.000 habitantes. Cuando uno mira la evolución del pie de fuerza en Bogotá, en los últimos cuatro años disminuyó de 20.300 policías a 17.400 el año pasado. Este año la última cifra que tenemos es que a junio hay 19.074 policías en total. De esa incorporación, en la que hubo muy buena voluntad del gobierno nacional y del general Nieto, la realidad es que la brecha todavía es muy grande. Para que Bogotá pase de tener 240 policías a tener 354 por cada 100.000 habitantes, el promedio nacional, la capital necesitaría de 9.000 policías más. ¿Por qué nuestra insistencia en ese tema? Bogotá concentra todos los paros y las protestas del país, la capital no es un secreto, ha enfrentado una serie de atentados terroristas en los últimos dos años, y por eso necesita más compromiso del gobierno nacional para que ese esfuerzo que hacemos en el presupuesto se vea también compensado en el pie de fuerza que Bogotá necesita. A pesar de ser la Metropolitana con menos pie de fuerza de todo el país, tiene resultados en seguridad muy alentadores y eso es muestra del liderazgo general Penilla en el uso de los recursos que tiene.

SEMANA: ¿Cuál es el impacto sobre la seguridad de las inminentes excarcelaciones masivas de delincuentes?

D.M.L.: En el gobierno distrital nos preocupa que haya una excarcelación masiva de delincuentes. Por problemas en eficiencia de la justicia terminarán saliendo en Bogotá entre 2.000 y 3.000 personas que, por no haber resuelto su situación judicial en los tiempos procesales, terminan en la calle. En la mayoría de los casos, afectarán la seguridad. Muchos de ellos son delincuentes reincidentes que no han cometido delitos menores. Nos preocupa que por un problema de ineficiencia en la justicia, y estamos muy de acuerdo con el fiscal general, estas personas terminen en la calle afectando la seguridad. Todo derecho es relativo. Los capturados tienen unos derechos procesales. Pero también los habitantes de Bogotá tienen un derecho a vivir con seguridad.

SEMANA: ¿Qué porcentaje de los delincuentes en Bogotá son reincidentes?

D.M.L.: Un porcentaje muy alto. Entre enero de 2013 y julio de 2016 fueron capturados 156.741 personas. Casi 4.000 de ellos ya habían sido capturados más de tres veces; 394 de esos delincuentes tienen entre 6 y 10 capturas; 50 tienen entre 11 y 15 capturas; 10 tienen entre 16 y 20 capturas. Son personas que van a salir a la calle y afectan la seguridad. Pueden ser delitos menores como hurtos, pero muchos son a mano armada y ponen en riesgo la vida de la ciudadanía. Estas personas no tienen por qué estar en la calle.

Puede leer: Las comprometedoras pruebas del atentado al Centro Andino

SEMANA: Unos pocos han cuestionado las capturas por el ataque al Centro Andino y las otras bombas que han detonado en Bogotá en los últimos dos años. ¿Qué piensa de esto?

D.M.L.: Lo primero que queremos resaltar y felicitar es el trabajo de la Policía Metropolitana, la Policía Nacional y la Fiscalía porque desplegaron todas las capacidades para resolver este caso. Desarticularon un grupo terrorista como el MRP, los principales líderes están capturados, y son presuntamente responsables no solo del atentado al Andino, sino que también hay elementos probatorios y pruebas técnicas muy sólidas que los vinculan a muchos de los atentados recientes en Bogotá, como la sede de la Dian, Cafesalud, entre otros. Esto no quiere decir que ya se desarticuló todo el grupo y que Bogotá no está libre de esas amenazas, pero sí estamos tranquilos porque los principales responsables fueron capturados. Ya la Fiscalía tendrá que probar, con base en lo recaudado, la responsabilidad de estas personas.

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