Le llegó la hora al ‘Gatico’ en el Consejo de Estado

La demanda contra el exsenador Héctor Julio Alfonso López, alias ‘el Gatico’, avanza a pasos agigantados en el Consejo de Estado. Hace varias semanas, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Rafael Merchán, interpuso una demanda de pérdida de investidura al considerar que el senador del PIN, e hijo de la controvertida empresaria del chance, Enilce López, la 'Gata', había incurrido en irregularidades porque él, como accionista de la empresa Aposucre, pretende contratar con el Estado.

En efecto el ‘Gatico’, como lo llaman en la costa Caribe, hace parte de esta empresa que quiere quedarse con el manejo en concesión del chance en Sucre, Aposucre S. A, fue la única proponente para quedarse con la concesión por 6.389 millones de pesos que le permitiría por cinco años la operación del juego del chance en el departamento.

La presunta irregularidad es una sola: los congresistas no pueden contratar con el Estado. La junta directiva de Emcoazar, la empresa que vela por los juegos de suerte y azar en ese departamento, acusó recibo de la denuncia y su gerente Edwin Romero no tuvo otra alternativa que enfrentar el asunto y frenar por 15 días el proceso licitatorio.

Pero el secretario de Transparencia no se quedó con el anuncio de investigación de Emcoazar y fue más allá. Entabló una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado contra el congresista por, presuntamente, violar el régimen de inhabilidades.

Semana.com conoció este miércoles que dicha demanda fue aceptada por el alto tribunal, al considerar que tiene todos los elementos y pruebas necesarias para estudiar si se produjo irregularidad alguna en la elección de Alfonso López como congresista.

Este jueves se definirá cual será el magistrado elegido como ponente del proyecto de fallo. Podrían ser Jesús Albeiro Yepes, Susana Buitrago o Lucy Jeannet Bermúdez.

Posterior a esta aceptación será llamado a declarar Héctor Julio Alfonso López, para que explique su participación en la empresa que piensa contratar con el Estado y en poco tiempo se sabrá si esa demanda deriva en la pérdida de investidura. Los abogados del ‘Gatico’ han dicho en privado que la demanda no es procedente por cuanto su cliente no violó el régimen de inhabilidades.