¿Se quedará en promesa Santos con la Ley de Garantías?

Se ha vuelto costumbre que el presidente Juan Manuel Santos, en cada asamblea de la Federación de Municipios, sorprenda a los alcaldes de todo el país con sugestivas promesas.

El año pasado, en el mes de febrero, Santos, presidente y candidato a la reelección, propuso acabar la reelección presidencial y ampliar el período de cuatro a seis años. Además unificar el  del presidente con los de las autoridades locales. Y para ello prometió a los actuales alcaldes la posibilidad de ampliar su período dos años más.

Ahora Santos, comenzando otro año electoral, hizo eco a un “clamor” de los actuales alcaldes, que no podrán contratar ni ejecutar presupuesto a partir del próximo 25 de junio por cuenta de la Ley de garantías. Prometió derogar dicha ley con el propósito, entre otros, de que los actuales alcaldes puedan ejecutar los 5,8 billones de pesos que el Gobierno ordenó sobre recursos provenientes de las regalías.

Los alcaldes ya saben qué pasó con la primera promesa. El gobierno Santos la presentó al Congreso y apenas en el primer debate se la tumbaron. Ahora con la segunda promesa podría pasar lo mismo, sencillamente porque no está en manos directas del mandatario y podría quedarse en solo anuncios.

La única forma de derogar la Ley de garantías es con la expedición de una nueva ley. El presidente Santos anunció que presentaría el proyecto y le pondría mensaje de urgencia, con lo que busca que el trámite sea más expedito. El propósito es que en el mes de mayo supere los cuatro debates.

Sin embargo, como la Ley de garantías es una ley estatutaria, el artículo 153 de la Constitución señala que la nueva ley que derogue sus efectos debe tener revisión de la Corte Constitucional. El Gobierno sabe que la revisión en ese alto tribunal se puede extender más de la cuenta y para poder cumplir con el clamor de los actuales alcaldes, la ley debe estar lista antes del 25 de junio. Por eso, el reloj no es el mejor aliado del Gobierno para materializar esta promesa.

Lo que ha generado críticas es que tal ofrecimiento haya sido en año de elecciones a alcaldes, cuando la mayoría de los mandatarios locales tienen herederos políticos como candidatos, y tener habilitada la posibilidad de ejecutar presupuesto es entendido por algunos como un riesgo de desequilibrio e imparcialidad en las elecciones.

Después de Semana Santa el Congreso deberá ocuparse de este asunto. Y como el Gobierno mostró mucho empeño en el proyecto, probablemente los congresistas puedan utilizarlo para ejercer algunas presiones al Ejecutivo. Suele suceder con los proyectos del Gobierno.

En todo caso, esta es la segunda promesa de Santos a los actuales mandatarios locales. En pocos meses se sabrá si serán ellos los que la disfrutan o sus sucesores en el cargo.