Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2015/11/14 22:00

Lo del fiscal con el M-19, ¿un saludo a la bandera?

La revisión de los indultos y amnistías otorgados al M-19 hace un cuarto de siglo no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué llevó al fiscal a semejante decisión?

Últimamente el fiscal montealegre envía mensajes contradictorios para el proceso de paz. Foto: Juan Carlos Sierra

Cada vez que el fiscal y el procurador están de acuerdo en algo es para preocuparse. Lo mismo sucede cuando el gobierno de Santos y Álvaro Uribe coinciden. Y eso fue precisamente lo que ocurrió la semana pasada cuando el fiscal Eduardo Montealegre, apoyado por Alejandro Ordóñez, anunció que revisaría la amnistía y el indulto otorgados en 1989 a los guerrilleros del M-19. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, inmediatamente rechazó esa decisión, lo mismo que el propio Uribe, quien en su momento fue el promotor de la ley de perdón y olvido para ese grupo insurgente.

La primera interpretación que se le dio a ese anuncio era que se trataba de una cortina de humo del fiscal para desviar la atención de sus controvertidos contratos multimillonarios. Eso no es verdad. Entre otras razones, porque la decisión de reabrir procesos contra el M-19 le hace tanto daño a la imagen de Montealegre como el escándalo de los contratos.

Montealegre tiene dos argumentos para justificar su última salida. 1) Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar a la Nación por el holocausto del Palacio de Justicia implícitamente llamaba a seguir en la búsqueda de la verdad y la justicia sobre esa tragedia. 2) Que la familia de un policía que murió en la toma había pedido que se investigara si lo habían asesinado con barbarie.

Ninguna de esas explicaciones es convincente. La del fallo de la Corte Interamericana es una interpretación acomodaticia del fiscal que no corresponde al texto de la sentencia. Y en el caso del policía, además de ser extemporáneo, sería desproporcionado que por la muerte de un uniformado en un acto de guerra se revisara un acuerdo de paz histórico.

La verdadera razón parece ser otra. Los militares están indignados con la justicia colombiana y se consideran víctimas de una persecución injusta. Para ellos los responsables del holocausto son los guerrilleros del M-19, y los únicos que están en la cárcel son los militares y policías que pusieron su pecho por la patria. Eso es relativamente cierto, pero tiene sus explicaciones. En primer lugar, los guerrilleros que participaron en la toma murieron todos. Y en segundo, la justicia internacional es más severa con los agentes del Estado que comenten excesos, que con los que atentan contra este. El argumento es que los representantes del Estado encarnan la defensa de los derechos humanos y no pueden violarlos como lo hacen sus enemigos.

Lo anterior significaría que se busca, con el anuncio de revisar indulto y amnistías de guerrilleros, dar la impresión de que la Fiscalía es imparcial, que no hay un sesgo contra las Fuerzas Armadas y que el tratamiento frente a los dos actores del conflicto es simétrico. Eso en el fondo es un saludo a la bandera pues en la práctica es inviable. Ninguna amnistía o indulto va a ser anulada por varias razones. 1) Como ya se dijo no hay sobrevivientes de ese episodio. 2) Las comparaciones con las revisiones de los casos del Cono Sur no son pertinentes pues en esos países no hubo proceso de paz. 3) Probatoriamente después de 30 años es casi imposible llegar a conclusiones que modifiquen veredictos anteriores. 4) El país políticamente no aceptaría que guerrilleros desmovilizados como Antonio Navarro o Gustavo Petro, que han cumplido, acaben enjuiciados tres décadas después.

Pero así como no habrá consecuencias para los exguerrilleros del M-19, sí hay consecuencias para el proceso de paz que se adelanta en La Habana con las Farc. La prioridad para los negociadores de esa guerrilla es la seguridad jurídica. En otras palabras, que lo que se firme sea inmodificable. Y la reapertura de los casos del M-19 es un precedente que deja la impresión de lo contrario. Ese punto es tan delicado que no solo Cristo y Uribe se oponen a revolver el avispero sino que todos los sectores lo han hecho, con excepción del procurador Ordóñez.

Lo paradójico de este nuevo capítulo es que Montealegre, quien durante mucho tiempo fue considerado un abanderado del proceso de paz, en los últimos tiempos envía mensajes contradictorios que acaban convertidos en palos en la rueda de ese proceso.

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