Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2016/08/12 22:00

Boda gay en medio de la tempestad sobre la diversidad sexual

Ricardo Betancur y Fernando Silva, una de las cinco parejas que ganaron la pelea por el matrimonio gay ante la Corte Constitucional, contraerán nupcias este sábado en Bogotá.

Ricardo Betancur y Fernando Silva. Foto: Archivo particular

Mientras buena parte de la sociedad colombiana se manifiesta contra las políticas de las autoridades educativas en torno a las orientaciones sexuales diversas, los organismos administrativos no tienen otra opción de materializar las decisiones de la justicia que les abren espacios a las parejas del mismo sexo.

En cumplimiento de una decisión judicial, este sábado el presidente de notarios de Colombia, Álvaro Rojas Charry, tendrá que casar a una de las cinco parejas que le abrieron la puerta a la comunidad LGBTI para poder casarse en los mismos términos en los que lo hacen las parejas heterosexuales.

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En una notaría del nororiente de Bogotá, Fernando Silva y Ricardo Betancur se darán el sí ante las autoridades civiles, luego de 33 años de feliz noviazgo, gracias a un fallo de la Corte Constitucional que concibe el matrimonio como la decisión libre y consensuada que toman dos personas para conformar una sociedad conyugal formal, independientemente de sus preferencias sexuales.

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No sólo en Colombia sino en otras sociedades menos proclives al prejuicio, el homosexualismo llegó a ser entendido como actuación delictiva, pervertida e incluso como trastorno de la conducta que ponía en duda el equilibrio síquico de la persona que lo practicaba.

Incluso en el siglo XX esas concepciones seguían teniendo cabida. Homosexuales y lesbianas siguieron siendo vistos como enfermos mentales hasta que en mayo de 1970 la Organización Mundial de la Salud encontró que ese tipo de orientación sexual o de género no tenía nada de patológico.

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El espacio de transición que pasaron a recorrer las sociedades para aceptar a estas personas como iguales a las heterosexuales fue lento y tortuoso en algunas de las más conservadoras. Así ocurrió en Colombia, donde sólo desde la Constitución de 1991, la comunidad LGBTI empezó a conquistar realmente los espacios que siempre le fueron esquivos.

El cambio tampoco fue de buenas a primeras, ni ha sido todo lo efectivo que debía ser, pero es innegable que se viene dando. Eso sí, ha sido la Corte Constitucional la institución que ha inspirado las transformaciones que han llevado a que la homosexualidad no sea una condición digna de esconder y excluir como lo fue antes.

Primero se ganaron el derecho a ser reconocidos legalmente como capaces de conformar sociedades conyugales, luego como propicios para conformar familias, después como personas aptas para ser padres o madres y ahora como posibles contrayentes de matrimonios. Las uniones entre parejas del mismo sexo tienen hoy -gracias a la Corte- exactamente las mismas garantías de las que gozan las heterosexuales, aun cuando una parte importante de los colombianos siga siendo reacia a aceptarlo.

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Por eso, la boda que contraerán Ricardo y Fernando este sábado no sólo solidifica desde lo simbólico el amor que se han profesado durante tres décadas. Es también una prueba digna y conmovedora de perseverancia.

No parece ser más propicia la coincidencia de este evento con la coyuntura a la que se enfrenta la sociedad colombiana en nuestros días. Las primeras páginas de los medios escritos y los titulares de los noticieros de radio y televisión siguen siendo encabezadas por la respuesta iracunda de buena parte de la ciudadanía, que se niega a que los niños vean a los homosexuales como iguales por temor a que asuman esa misma orientación.

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Aunque lo que intenta el Ministerio es evitar que parejas como la que conforman Ricardo y Fernando tengan que repetir su calvario, muchos colombianos y algunas instituciones creen que el Gobierno busca imponerles a los padres y a los colegios la manera como deben educar a los menores en materia de sexualidad.

La experiencia de Sergio Urrego, el alumno de un colegio de Bogotá que no resistió el matoneo y la discriminación que sufrió por ser homosexual, parece una prueba irrefutable de cuánto urge la intervención de las autoridades educativa, para sembrar, desde las instituciones donde los niños reciben sus primeros años de formación , la semilla de una sociedad menos excluyente y más tolerante con la diversidad sexual.

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La infructuosa lucha que libró por años esta pareja de novios también debería explicar por qué es necesaria la intervención que prepara la ministra Gina Parody, no para obligar a padres y maestros a educar de una u otra forma a los niños, ni a inducirlos a ser homosexuales, sino para promover que personas no heterosexuales sean aceptadas y dejen de ser blanco de burlas, maltrato y agresiones físicas y verbales.

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