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| 2/16/2017 1:01:00 PM

La pelea que Santa Marta comenzó ganándole a Metro Agua

Un juez ordenó devolver a la ciudad las redes de acueducto. Sin embargo, la ciudad y la empresa mantienen una pelea multimillonaria, mientras el servicio cada vez produce más críticas.

Después de multitudinarias manifestaciones, Santa Marta puede estar cerca de resolver sus problemas en el servicio de agua. La decisión terminó llegando a manos de la justicia, que acaba de darle la razón a una acción popular que, por cuenta del mal servicio, reclama que se termine el contrato que la ciudad tiene con la empresa Metro Agua. En una medida cautelar que no tiene antecedentes en la capital de Magdalena, un juez le ordenó a la empresa devolver las redes de acueducto. 

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El pasado martes centenares de habitantes se reunieron para protestar contra la empresa. El malestar de la ciudadanía no es nuevo, es común el bloqueo de vías y la quema de llantas en señal de protesta contra el mal servicio. Durante los últimos cinco años el malestar no es sólo entre la ciudadanía y la empresa, sino que ha trascendido al campo político. Los dos últimos alcaldes de Santa Marta, en representación de los intereses del Distrito y de la ciudadanía, han comenzado a exigirle a Metro Agua inversiones y resultados. La situación se ha convertido en un tire y afloje de responsabilidades en el que cada quien se tira la pelota. 

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El 17 de abril del 2017 se termina el contrato de arriendo de las redes de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que el distrito de Santa Marta tiene con la empresa Metro Agua desde abril de 1991. Y por cuenta de esto, la empresa está exigiendo al distrito la suma de 60.000 millones de pesos de inversiones no amortizadas por el componente del recaudo que va dirigido a inversiones.

Foto: Álvaro Beltrán

En los últimos 13 años la compañia recaudó 265.000 millones de pesos vía tarifa que debieron ser invertidos en la ampliación de cobertura y en mejoramiento del servicio. Además, sostienen haber realizado inversiones superiores a esa cifra en un monto de 60.000 millones. El problema está en que, amparados en una cláusula del otrosí número 4 suscrito en el año 2002, aseguran que si el Distrito no les reconoce esos 60.000 millones de pesos, no entregarán las redes ni la base de datos de usuarios.

Hace dos meses, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso una vigilancia especial a Metro Agua. El miércoles de esta semana, el superintendente José Miguel Mendoza anunciará medidas para proteger y garantizar la prestación del servicio.

Este anuncio no ha generado expectativas positivas en Santa Marta, pues la entidad no ha logrado meterle el diente a la situación de la empresa.

Los samarios cada vez tienen más quejas del servicio de agua. En muchos lugares, el líquido no es potable y por eso los ciudadanos tienen que instalar filtros y hervirla, lo que implica mayor consumo de gas y de energía porque tienen que instalar motobombas para impulsar el agua.

La situación también ha tenido impactos en la salud. Por ejemplo, en Santa Marta cuatro de cada diez menores de cinco años, de acuerdo con la Secretaría de Salud Distrital, presentan diarreas, vómitos y enfermedades de la piel que pueden estar asociadas a la mala calidad del líquido.

El liderazgo de las protestas ha estado a cargo del exalcalde Carlos Caicedo Omar, quien en su gobierno le exigió a la empresa resolver esas dificultades. El exmandatario le entregó al Juzgado Segundo Administrativo 230.068 firmas que fueron aportadas a una acción popular presentada por el Distrito contra Metro Agua exigiendo un pronunciamiento en respaldo del cambio de operador y de que la empresa entregue las redes el 17 de abril próximo.

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El lunes 13 de enero líderes gremiales del sector hotelero y comercial expidieron un comunicado en el que apoyan el cambio de operador y expusieron algunos puntos que resumen el malestar de la ciudadanía samaria: 1) El constante rebosamiento de las aguas servidas en la zona turística creando problema de malos olores e insalubridad, 2) La falta de continuidad en el suministro que a ningún sector llega las 24 horas, 3) El alto precio del servicio, confirmado por un estudio de la SSPD, estudio que además se refiere a que el agua es impotable, 4) Las zonas de la ciudad en el donde Metroagua no presta el servicio pero si llega la factura, 5) 18.000 familias sin conexión por falta de inversión lo que obliga a miles de samarios a abastecerse con agua lluvia o de pozos artesianos, comprar a carrotanques y recoger de los ríos y quebradas.

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El gerente de Metroagua, en un comunicado expedido el pasado lunes, aseguró que no eran necesarias las manifestaciones públicas promovidas por el exalcalde Carlos Caicedo pues ellos serán respetuosos de las decisiones de las autoridades. Agregaron que están listos para la entrega pacífica e integral de la infraestructura recibida en arrendamiento, no es nuestra intención secuestra las redes como han estado diciendo.

El alcalde Rafael Martínez le ha pedido a Metroagua que haga pública la información sobre dónde han realizado las inversiones por las cuales reclaman los 60.000 millones de pesos. Para el Distrito, el estado de las redes les hace pensar que la empresa no sólo no hizo inversiones, sino que tampoco hizo mantenimiento de las redes que manifestó haber recibido en buen estado hace 27 años. Con la decisión del juez del martes, se produce un giro en lo que ha sido la relación de la empresa con la ciudad. Y por ahora, comenzó ganando la segunda. 

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