Militares (r) descalifican proyecto de fuero militar

El mismo día en que el Ejército le asestó el más duro golpe del año a las FARC, en el que murieron en combate 35 subversivos, varios de ellos cabecillas del Bloque Oriental (según lo informó el propio presidente Juan Manuel Santos), generales en retiro de las Fuerzas Armadas revivieron el fantasma de la presunta "desmoralización de la tropa".

Una "desmoralización" que, según los oficiales en retiro, radica en la actual prelación de la justicia ordinaria sobre los combates que los militares despliegan contra la subversión.

Dicen que la prelación se originó por el acuerdo entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa firmado en el 2006, que buscaba dar transparencia a los procedimientos castrenses (Ver artículo: Un enredo de Álvaro Uribe)

Los uniformados, dicen los generales en retiro, hoy sólo pueden actuar para defenderse, pues si sus actos de servicio son de corte ofensivo, "nadie les quita el temor" de que puedan terminar "empapelados en la Fiscalía" y expuestos a 40 años de prisión.

Por eso le "clamaron" al Congreso para que recuperen la naturaleza del fuero, que brinde plena seguridad jurídica a los miembros de la tropa, pero advirtieron que el proyecto de reforma a la justicia penal militar, que el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón radicó el pasado 16 de marzo, no es la fórmula más eficaz.

Rodrigo Quiñónez y Arturo Camelo, ambos generales en retiro, asistieron a la Comisión Primera de la Cámara a la audiencia que marcó el inicio formal de los debates de este proyecto. Y varios fueron los reparos que ambos formularon a la iniciativa.

Quiñónez le pidió al Congreso "no retirar"  el artículo que busca fortalecer el fuero de la reforma a la justicia, como lo quiere el Gobierno. Por el contrario, sugirió que ese texto se mantenga y que se le hagan mejoras.

Camelo, en cambio, cuestionó que el proyecto pretenda elevar a rango constitucional un listado de delitos que deban ser de conocimiento de la justicia ordinaria. Incluso, dijo que un retén podría ser interpretado por esa jurisdiccion civil como la privación de la libertad.

Para Camelo, el fortalecimiento del fuero de los uniformados se consigue en que sea la justicia militar y no la ordinaria la que defina qué casos son de su competencia y cuales de la jurisdiccion ordinaria. Según el general en retiro, así lo había dispuesto una sentencia de la Corte Constitucional en el año 2001 (C-361).

"Los uniformados deben tener la seguridad de que sus actos los conocerán jurados que conozcan los procedimientos castrenses", dijo.

Tambien cuestionó las propuestas de la creación de un tribunal de garantías del que sólo hagan parte jueces civiles y que el proyecto separe la justicia penal militar del mando castrense.

"Si hay casos en que desde el propio mando se afecta la independencia, que se castigue", aseguró.

Mientras tanto, los uniformados en activo respaldaron el proyecto y lo consideraron la mejor herramienta. Los militares en retiro controvirtieron, y aseguraron que portando el uniforme sólo pueden respaldar a sus jefes: el ministro de Defensa y el presidente de la República.

Juan Lozano, presidente del Partido de La U, acogió en buena parte el discurso de los generales en retiro. Y sobre el nuevo proyecto lo calificó con varios adjetivos, quizá los más críticos que se le han escuchado en lo que va de este debate.

Lozano consideró que "Los actos legítimos del servicio deben ser conocidos por una justicia especializada" y que la salida es anular el acuerdo del 2006 entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, la que calificó de "engendro".

Y reiteró que el nuevo proyecto, aunque es bien intencionado, puede ser peor que la enfermedad.

Por ejemplo, dijo que la Comision Mixta, propuesta para dirimir la competencia de la justicia militar y la ordinaria, es "extraña y riesgosa" y podría ser una "tronera" contra el fuero militar. "Por enmendar el error, estaríamos agravando la seguridad de la tropa (...)".

Lozano también le pidió al Congreso soberanía para legislar el mejor fuero militar, sin presiones de otros poderes, de ONG internacionales u otros gobiernos, como también lo reclamaron los militares en retiro.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que el proyecto sólo es la recomendación de expertos constitucionalistas y militares en retiro y que es un texto dispuesto a mejorarse. Para eso tiene ocho debates, aclaró.