Misión imposible

La reforma a la justicia, que hace su trámite en el Congreso, ha dado para muchas polémicas. Pero uno de los pocos puntos en los que todos están de acuerdo y, más aún, consideran urgente resolver es el que tumba el artículo que obliga a que sea la fiscal general en persona la que lleve los casos de personas con fuero.

El país tal vez no se ha dado cuenta de lo que esto implica. En pocas palabras, se traduce en que la propia Constitución ha dado pie a que se abra un gran boquete a la impunidad en los casos de personas que ostentan cargos como ministros, gobernadores, embajadores, cónsules y generales de todas las fuerzas, entre otros. Cuando estos altos cargos del Estado deben responder por algún delito, la Constitución dice que el fiscal general debe encargarse de hacer la investigación y de acusarlo ante la Corte Suprema.

Esto quiere decir que, por ejemplo, para un caso como el del ministro Andrés Felipe Arias, la fiscal general Viviane Morales tiene que sacar de su ya escaso tiempo para estudiar a fondo los indicios, preparar los argumentos y litigar, literalmente, ante los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El problema se agrava si se tiene en cuenta que 1.149 investigaciones de 'aforados' están hoy vigentes. Eso quiere decir que casi cada día de los próximos tres años la fiscal tendría que estar resolviendo uno de los casos. Lo cual es, desde todo punto de vista, imposible.

Y como si eso fuera poco, lo más escandaloso es que los casos que están en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, el que comenzó a operar en 2005, son en total 695 y, según la propia Morales, el despacho del fiscal general solo ha hecho cinco audiencias de imputación: tres de ellas a cargo de sus antecesores (Mario Iguarán y Guillermo Mendoza) y dos adelantadas por ella en tan solo seis meses en el cargo. Cabe anotar que de las cinco imputaciones solo se han hecho tres juicios y se ha producido una condena.

De tal manera que los únicos juicios que finalmente avanzan son los escándalos mediáticos, que se convierten en ineludibles. Así ocurrió con el caso del exdirector del DAS Jorge Noguera, el exdirector de Fiscalías de Antioquia Ramiro Valencia Cossio y recientemente con el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.

La obligación de que sea el despacho del fiscal general el que lleve estos casos da lugar a todo tipo de problemas. Los casos de Jorge Noguera y del exministro Sabas Pretelt, por ejemplo, fueron anulados y tuvieron que comenzar nuevamente de cero porque por uno u otro motivo no estuvieron a cargo de la cabeza del búnker de la Fiscalía. O también da pie para aparentes injusticias, como ocurrió recientemente en el caso de Andrés Felipe Arias, que mientras tres técnicos subordinados suyos estaban en la cárcel, el proceso del exministro no avanzaba.

No son, sin duda, los fiscales generales los responsables de que se acumulen tantos procesos sin resolver. Ellos tienen que responder a una carga de trabajo monumental, que incluye la gerencia de una institución de más de 25.000 funcionarios y el diseño y la aplicación de la política criminal del país. Por mencionar apenas dos de sus funciones más importantes. Y llevar un caso a la Corte Suprema les implica una dedicación casi exclusiva, en el mejor de los casos, por lo menos de una semana.

La fiscal puso el dedo en la llaga el miércoles pasado en la Comisión Primera de la Cámara. Allí, ante los congresistas que decidirán el futuro de la reforma a la justicia, lanzó una especie de SOS. Morales expuso que desde cuando ella llegó a la Fiscalía, el 12 de enero de este año, hasta el 30 de junio ingresaron a su despacho 387 procesos nuevos. "Tal y como está, este sistema de aforamiento favorece la impunidad", dijo a los congresistas. Y agregó que por más dedicación que le ponga un fiscal general, no logrará hacer más de tres imputaciones al año, y que ella en particular nunca podrá encargarse de los 1.150 casos a cargo de su despacho.

El tema no es fácil, pero lo que busca la fiscal es que en la reforma a la justicia se apruebe que ella pueda encargar al vicefiscal o a fiscales delegados ante la Corte algunos de los casos.