Patalear, patalear y patalear

Aunque usualmente enero es un mes en el que pocas cosas suceden en materia política, este primer mes de 2004 parece estar siendo toda una excepción a la regla. Porque no habían pasado 10 días de empezado el año cuando el Consejo Nacional Electoral anunció que definitivamente el referendo no había pasado y que tan sólo el primer punto había sido aprobado por pocos votos. Este anuncio de la autoridad electoral tuvo dos efectos. El primero es jurídico y consiste en que finalmente se cumplió la obligación de anunciar oficialmente los resultados de la votación de octubre de 2003. Y el segundo es político y consiste en que se le echó un nuevo baldado de agua fría al presidente Alvaro Uribe, quien desde que supo que había perdido las elecciones, está empeñado a toda costa en que se baje el umbral para que se apruebe el referendo. Los argumentos El Presidente ha tenido siempre razón en una cosa: existen varios motivos para pedir que se baje el umbral. El censo electoral para el referendo incluyó gente muerta y militares activos. Y es extraño, por decir lo menos, que sus cédulas se cuenten dentro de las que pueden votar. Adicionalmente, más de 300.000 jóvenes en edad de sufragar se quedaron sin reclamar su documento para poder hacerlo. Este es un potencial de votantes nada despreciable para un referendo que se ahogó por pocos votos. Por otro lado, existen argumentos constitucionales muy sólidos que, extrañamente, no han sido tenidos en cuenta por el gobierno. Para el abogado Francisco Vergara hay dos que son muy de fondo. El primero es que cuando la Corte Constitucional en la sentencia sobre el referendo quitó la posibilidad de que se marcaran casillas para votar en blanco o en bloque, modificó la Ley 134 de 1994, que ordena que existan esas casillas. En otras palabras, que la Corte Constitucional desconoció la ley. Y el segundo, que si como dijo la Corte la abstención tiene eficacia jurídica como opción para enfrentarse a un referendo, y si como dice el artículo 378 de la Constitución para aprobar el referendo tienen que votar más de "la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral", la conclusión lógica es que no todas las abstenciones cuentan igual, sino que sólo cuentan para el umbral las de los ciudadanos. Y que como sólo son ciudadanos quienes pueden ejercer sus derechos políticos, ni la abstención de los muertos, ni la de los presos, ni la de los militares puede ser tenida en cuenta para determinar el umbral. Esto quiere decir que el Consejo Nacional Electoral debería distinguir cuáles abstenciones tienen efecto y cuáles no. La pelea de Uribe A pesar de la fortaleza de los argumentos, el Presidente ha perdido en esta pelea hasta el momento todos los rounds. Primero perdió en las urnas cuando la votación no le alcanzó. Luego perdió frente a la Registraduría porque le pidió a la registradora, Alma Beatriz Rengifo, que bajara el umbral y ella se negó. Y luego volvió a perder cuando se presentó personalmente ante el Concejo Nacional Electoral para pedir que se acogieran sus explicaciones. En esa oportunidad la cara del santo no hizo el milagro y siete de ocho magistrados apoyaron la ponencia negativa presentada por su colega Guillermo Mejía. El Consejo dijo que el censo electoral no es una cifra exacta sino un número que se determina antes de cada elección para que existan reglas fijas. Y que, frente a la ley, la petición del Presidente era extemporánea. Por eso ahora el anuncio de que oficialmente sólo pasó una pregunta es, por decir lo menos, echarle sal en la herida de la derrota presidencial. La respuesta de Uribe resultó un tanto destemplada. "Este es un nuevo triunfo de la politiquería", dijo. Como el Presidente no es hombre que se dé fácilmente por vencido, ha decidido seguir en la lucha. El problema es que se está quedando sin opciones. Una de ellas es demandar ante el Consejo de Estado la resolución de la Registraduría que fijó el umbral antes de la votación del referendo. Ese camino es un verdadero proceso judicial que podría demorarse varios años. Con el agravante de que aun si gana el Presidente, no es claro que la decisión afecte el resultado del referendo. Algunos juristas dicen que sí porque las sentencias judiciales deben tener un efecto útil. Pero otros dicen que no porque los efectos de los fallos deben ser sólo hacia el futuro y no deben interferir con los resultados de votaciones que ya pasaron. La otra opción que tiene Uribe es interponer una acción de tutela. Esta iniciativa tiene al menos dos inconvenientes. Por una parte resultaría paradójico que el gobierno que quiso acabar con este mecanismo a través de una reforma judicial presentada por el ministro Fernando Londoño, termine acudiendo a él para revivir el referendo. Y por otra es difícil que un juez se le mida a fallar favorablemente cuando la tutela sólo puede interponerse si no existe otro mecanismo, que en este caso es la propia demanda ante el Consejo de Estado. De hecho ya fue presentada una tutela por el abogado Helí Abel Torrado buscando depurar el umbral. La tutela fue negada en primera instancia y le corresponde ahora al Concejo Superior de la Judicatura decidir. A pesar de la fuerza de los argumentos no se ve que Uribe vaya a salir bien librado de esta contienda. Este no es un litigio cualquiera en el que se discuten dos posiciones válidas, sino una confrontación con fuertes consecuencias políticas. La principal tiene que ver con la imagen misma del Presidente. Porque para cualquier observador, nacional o internacional, es difícil entender que un mandatario popularmente elegido quiera cambiar los efectos de unos resultados electorales que le han sido adversos. Otra tiene que ver con la concepción del propio país como democracia. Porque un cambio en las reglas del juego cuando ha terminado el partido es algo típico de los países con gobiernos precarios en los que el Ejecutivo quiere atornillarse al poder cuando se siente débil. Es posible que de todos modos Uribe termine sin el pan y sin el queso. Porque si insiste y no logra que le modifiquen el umbral, habrá quedado derrotado en lo jurídico y en lo político. Y si gana y se ajusta el censo, habrá quedado bien en lo jurídico, pero ciertamente mal en lo político. Por eso hay quienes consideran que Uribe debería desistir definitivamente de esta pelea. Y que en 2004 debería dedicarse más a trabajar, trabajar y trabajar, y menos a patalear, patalear y patalear.