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| 8/9/2017 9:19:00 PM

Cesarín, el capo de La Oficina que se habría beneficiado de los magistrados del Meta

Hernán Darío Giraldo es un viejo conocido en el crimen organizado de Medellín. Su caso está estrechamente ligado al escándalo en el que se vieron involucrados miembros de la sala penal del Tribunal Superior del Meta.

A Argemiro Salazar, se le coló la muerte por una ventanilla. El rey del chance, como le decían en Medellín, estaba apenas concluyendo la revisión diaria de sus negocios en el hotel El Continental cuando dos sicarios se bajaron de un renault blanco y empezaron a disparar en contra de su vehículo blindado, el 15 de agosto de 2009, a las 3:50 de la tarde.

Como era de esperarse, la balas no atravesaron la coraza de la camioneta, pero uno de los asesinos se percató de que el empresario llevaba medio abierta una de sus ventanillas y desde allí le pegó el tiro de gracia.

Aunque los rescatistas alcanzaron a llevarlo a la clínica Saludcoop de Villanueva, el zar del chance no sobrevivió al ataque.

Con este homicidio emergió por primera vez a la luz pública el nombre de Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín: un antiguo miembro del bloque Cacique Nutibara de las autodefensas que migró a la temible Oficina de Envigado dirigida por Diego Fernando Murillo Bejarano, Don Berna.

Según indica una fuente de la Fiscalía que participó en su captura, durante mucho tiempo Cesarín fue un fantasma para las autoridades, una figura menor oculta en la sombra de patronímicos célebres como El Chata o Carlos Pesebre, uno que aprovechó la extradición de Don Berna y la fractura que generó en la oficina de Envigado la guerra emprendida entre Sebastián y Valenciano para hacerse un nombre en el mundo del hampa.

De ser un simple contador en el seno de la organización, Cesarín pasó a controlar el rentable negocio de los juegos de azar, el cual  tan sólo en la capital de Antioquia pudo generar cerca de 20 mil millones de pesos al año, de acuerdo con lo que indicó en su momento Etesa. Así como parte de los "chances" de la ciudad, particularmente útiles para lavar dinero.

Aunque decidió no alinearse con los bandos en disputa, Giraldo Gaviria contrató a cerca de 300 hombres provenientes de combos sicariales paisas para protegerse e intimidar a los que se le resistieran, como fue el caso de Argemiro Salazar.

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Por ese homicidio, Cesarín fue condenado a 20 años de prisión por el juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado de Medellín el 4 de junio de 2010, por los delitos de concierto para delinquir con fines de cometer homicidios, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones y explosivos.

Durante la audiencia, "El abogado de San Cristóbal", como también le decían, se allanó a cargos y reconoció los mismos hechos que denunció al año siguiente el narcotraficante Juan Carlos "El Tuso" Sierra en una corte de Virginia. Admitió haber mandado a matar al rey del chance porque este se negó a pagarle extorsiones por el manejo del negocio de los juegos de azar.

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Los que lo conocen, dicen que es un hombre educado con modales que le han permitido mantener durante mucho tiempo un bajo perfil a pesar de su larga trayectoria delincuencial.

En su mejor momento, Cesarín llegó a dirigir un emporio criminal que se extendió desde la carrera 80 de Medellín hasta el Golfo de Urabá, donde incluso inició una alianza con el clan de los Urabeños. Venía regresando de esa  región cuando fue capturado en la carretera por agentes de la Dijin en un vehículo particular.

Otro dato que se dio a conocer al momento de su captura fue que se encontraba en compañìa de un policía que le servía de escolta y mantenía nexos con la corporación a través de un conocido uniformado. El primero era un simple patrullero de apellido Franco adscrito a la estación de Envigado, pero el segundo fue el que más preocupó a las autoridades.

Resultó que el capitán Édison García Higuita había sido escolta personal del general Dagoberto García cuando este fue comandante en el Valle de Aburrá en 2008 y luego comandante de Medellín.

En contexto: Los uniformados de la ‘Oficina‘

-Cesarín es particularmente peligroso porque es un hombre inteligente. No es el más belicoso ni el más poderoso, pero su capacidad para corromper a las autoridades es la que lo hace temible, indicó al respecto la fuente de la Fiscalía que participó en su captura.

Durante el arresto previo a su condena, Cesarín fue parte del grupo de narcotraficantes de la Oficina de Envigado que siguieron delinquiendo al interior de la cárcel de Itaguï, desde donde él y sus compañeros iniciaron negociaciones con el gobierno nacional para bajar la ola de violencia que azotó a Medellín desde finales de 2009. En su celda los investigadores encontraron celulares y abundante material de comunicación.

Ese fue el motivo para que lo trasladaran a la prisión de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá en diciembre de 2009.

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Para llegar a la cárcel de Villavicencio en la que presuntamente inició su relación con los magistrados del Meta, Cesarín tuvo que pasar por una odisea de traslados y mudanzas entre prisiones digna de un vaudeville.

Gracias a diversas órdenes administrativas emitidas por el Inpec, Cesarín se mudó por lo menos en 9 ocasiones entre las cárceles de Cómbita, Itaguï y Medellín entre diciembre de 2009 y enero de 2012. Hasta que en resolución de un fallo de tutela, un juez de Puerto López, en la región del Meta, avaló su traslado a la prisión de mediana seguridad de Acacías, lejos del foco de los proyectores mediáticos antioqueños.

¿Porqué quiso un capo paisa ser transferido a una prisión del Meta, lejos de su territorio natural? La cuestión empezó a aclararse cuando se hizo público que el abogado William Alejandro Cardona lo visitó al menos en 6 ocasiones -según consta en los registros del Inpec- a lo largo de 2013 en las prisiones de Acacías y Villavicencio sin ser su representante. De acuerdo con la Fiscalía, allí fue donde Cardona, como presunto emisario de los magistrados le propuso el negocio de la casa por cárcel que los acabaría sentando en el banquillo de acusados por los delitos de prevaricato por acción, cohecho y concierto para delinquir.

Pero lo que no podían prever era que el juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, Álvaro Carrillo, le negaría una primera vez la prisión domiciliaria el 5 de marzo de 2013. Esto según la versión que expuso la Fiscal que imputó a los magistrados. 

En entrevista con SEMANA, Carrillo explicó su fallo. Aseguró que aunque sí había una sentencia constitucional que permitía el otorgamiento de penas de prisión domiciliaria para los padres cabeza de hogar, los condenados que habían cometido crímenes graves entre los que se encontraba incluido el homicidio se encontraban excluidos de ese beneficio, de acuerdo con lo que detalla el artículo primero de la ley 750 de 2002.

En ese momento Cesarín presentó un recurso de apelación en contra de esa sentencia que fue declarado desierta por carecer de sustentación y un recurso de reposición el 5 de abril de 2013 que también fue declarado desierto porque no justificó las razones por las cuales no sustentó dentro del término de ley el recurso de apelación.

Entonces la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio aceptó la tutela interpuesta por Cesarín y con base en una ponencia de su presidente Fausto Rubén Díaz Rodríguez, profirió el fallo del 5 de junio de 2013 en el que ordenó la nulidad del auto emitido por el juez Álvaro Carrillo por considerar que no valoró las pruebas presentadas por la defensa en su sustentación. A pesar de eso, Álvaro Carrillo nuevamente le negó la prisión domiciliaria.

Fausto Rubén Díaz Rodríguez Foto: Guillermo Torres / Semana

La historia podría haber terminado allí, si no fuera porque Cesarín fue transferido a la prisión de Villavicencio el 2 de octubre de 2013, en donde cayó bajo la competencia del juez segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad en descongestión, Ronald Floriano Escobar, quien sí le otorgó casa por cárcel el 12 de diciembre de 2013.

Dos meses después, el 4 de febrero de 2014, Hernán Giraldo Gaviria se fugó.

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***

En el momento en que la Fiscalía 27 especializada en crimen organizado de Medellín inició la investigación sobre el escape de Cesarín, comenzaron a evidenciarse varios elementos del montaje que permitió la fuga del capo.

Para conseguir el beneficio de la encarcelación extramural, la defensa de Cesarín aseguró que sus hijos habían sido abandonados por su madre, una mujer de la tercera edad que trabajaba en oficios varios y que por lo tanto Giraldo Gaviria era su único sustento.

Pero ocurre que ese no era el caso. La madre de los hijos de Cesarín siempre vivió en Medellín junto con sus chicos y sólo acudió en ocasiones a Villavicencio para ser entrevistada por el trabajador social. Los menores estuvieron efectivamente matriculados en Villavicencio pero tampoco acudieron nunca a clases y lejos de abandonar a su marido, la esposa de Giraldo Gaviria lo visitó en las diferentes prisiones en las que fue trasladado a lo largo de su peregrinación carcelaria.

Igualmente, cuando se fugó, Cesarín indicó a través de una llamada que se había desplazado a un hospital por una grave deficiencia cardiaca, pero ese dato también fue refutado ya que sólo acudió al sistema médico para realizar una visita de rutina. Por ese motivo, Cesarín fue nuevamente condenado a 3 años de prisión.

***

Alrededor del caso gravita una serie de elementos sospechosos que la Fiscalía ha tratado de unir para justificar su acusación en contra de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibiades Vargas Bautista y Joel Dario Trejos Londoño.

Según consta en la agenda manuscrita presentada por el el Magistrado de la Sala Civil, Laboral-Familiar del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio Alberto Romero Romero, existen nexos entre los magistrados y los diferentes jueces por las manos de los cuales pasó el caso de Cesarín. Álvaro Carrillo fue postulado por Fausto Rubén Díaz Rodríguez el 24 de mayo de 2012, mientras que Ronald Floriano Escobar fue postulado por Dario Trejos Londoño en 2009.

Joel Darío Trejos Londoño Foto: Guillermo Torres / Semana

Igualmente, Ronald Floriano Escobar y Alcibiades Vargas Bautista se declararon impedidos para conocer sobre el juicio de Ronald Floriano Escobar debido a la relación que mantenían con él desde hace tiempo, en tanto que Alcibiades Vargas también admitió tener lazos de amistad con William Alejandro Cardona, el hoy prófugo "hombre del maletín".

Alcibiades Vargas Foto: Guillermo Torres / Semana

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Pero hasta la fecha no se considera un delito tener amigos imputados por diferentes delitos, ni postularlos a un cargo de responsabilidad judicial. Por lo que la verdadera batalla se libra en el terreno jurídico.

Mientras que la Fiscal 8 delegada ante la Corte trata de demostrar que efectivamente los magistrados incurrieron en prevaricato por omisión al aceptar una tutela que sabían improcedente por no haberse agotados los recursos existentes, la defensa de Fausto Rubén Díaz Rodríguez en boca de su abogado Julio Gilberto Lancheros aseguró que ese no era el caso y que sí se habían interpuesto los recursos.

- Lo que pasa es que no es lo mismo no interponer un recurso que no sustentarlo adecuadamente. Lo que entendemos es que Cesarín sí lo intentó. De todas maneras cuando se violan los derechos fundamentales de una persona vulnerable como un preso o una persona iletrada proceden las tutelas, porque lo que prima es el debido proceso. Además de que la fiscal sustenta su acusación en la Ley 750 de 2002 (ver la ley), pero desde entonces se expidió la ley 906 de 2004 (ver la ley) que levantó esa prohibición, aclaró.

Aunque este último argumento probablemente no tenga mucha validez si se toma en cuenta la investigación realizada por la Fiscalía 27 de Medellín en la que se demuestra la falsedad del argumento en el que se basó Giraldo para solicitar prisión domiciliaria.

***

El hecho de que grandes criminales terminen purgando sus condenas en sus casas no es nuevo en Colombia. Varios miembros de la Oficina de Envigado se han beneficiado de tratos similares en Valledupar y Cartagena. Hace un par de semanas, fueron imputados dos fiscales de esta ciudad por presuntamente haber participado en ese tipo de acuerdos.

Pero lo que nunca se había visto era que se desmontara toda una maquinaria judicial que abarca desde médicos legales, guardias del Inpec,  agentes del CTI, fiscales regionales, funcionarios del ICBF y jueces hasta miembros de la OEA. Y sobre todo, que se puedan incluir en ese combo a dos miembros de una sala penal de un Tribunal Superior que quedó prácticamente desierto a raíz de las imputaciones y a su ex presidente. Así como a un magistrado de la judicatura acusado de encubrir a sus colegas, en caso de que se verifiquen las acusaciones presentadas por la Fiscalía.

Foto: Guillermo Torres / Semana

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Entrevistada al respecto, la investigadora del Externado y directora del área de sector público de la Corporación Transparencia por Colombia indicó que el asunto era particularmente grave porque al afectar a la rama judicial mermaba la confianza de los ciudadanos en una de las funciones más fundamentales del Estado que es la atribución de Justicia y participaba en la desconfianza generalizada hacia las instituciones que socava las bases de la democracia.

Pero en el mundo de la inteligencia criminal, el hecho resultó particularmente relevante porque se dijo que cuando las autoridades volvieron a capturar a Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín en la vereda La Esperanza de Turbo en Antioquia, el hombre había retomado contacto con el clan Úsuga para reorganizar el negocio del narcotráfico en Montería y volver a iniciar su prontuario delictivo que dejó una estela de sangre en Medellín. Entre otros eventos, cuando mandó a asesinar al rey del chance Argemiro Salazar, a quien le llegó la muerte por una ventanilla.

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