Con licor, dinero y mujeres habrían comprado a magistrados en el Meta

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos sucedieron de la siguiente manera: en una de las tantas fiestas a las que asistieron los magistrados Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos Londoño y Fausto Rubén Díaz en las cabañas de un reconocido hotel en el Meta a principios de 2013, los togados recibieron un maletín con 150 millones de pesos en efectivo entregados por el abogado del exparamilitar Smith Bayardo Parra, mejor conocido como Manopicha.

El dinero habría sido el primer avance de un pago de 1.000 millones prometido por Manopicha y su esposa Marbely Sofía Jiménez a cambio de su colaboración judicial. Además del gasto en efectivo, dice la Fiscalía, a los magistrados les fueron proporcionadas repetidas estancias en balnearios que incluían gastos de licores y la compañía de mujeres que amenizaron sus viajes en 2012, 2013 y 2014.

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Según se dio a conocer en la audiencia de imputación de cargos que se desarrolló el 10 de julio en el Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca, el favor solicitado por Manopicha habría consistido en retrasar un proceso en contra suya y de su pareja por la denuncia de una víctima a la que le masacraron la familia. 

Por estos hechos, Smith Bayardo y Marbely Jiménez fueron condenados el 5 de enero de 2012 por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, sin embargo, fueron absueltos de concierto para delinquir y por otros crímenes que pesaban en su contra. Así lo consignó una decisión del juzgado tercero penal de Villavicencio.

La decisión que tomó por sorpresa a los denunciantes, vino acompañada de la detención domiciliaria en favor de Marbely Jiménez. Por un recurso que puso la víctima, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión meses después. 

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el tema no para allí. Una vez que llegó el proceso de apelación a las manos del magistrado Alcibiades Bautista en el año 2012, este ‘lo demoró voluntariamente‘ durante más de cinco años con la intención de mantener la conducta impuesta en contra de la pareja. Esta jugada habría tenido como propósito que al no quedar en firme la condena, tal como la resolvió el juzgado tercero, se propiciaría una posible excarcelación de los sujetos por vencimiento de términos. Así sucedió el 6 de julio de 2017.

Por haber presuntamente participado en la entrega del dinero, el abogado Juan José Velázquez Flores, defensor de Smith Bayardo fue arrestado en este golpe que dio la Fiscalía al poder judicial del Meta. El socio del exparamilitar William Carmona sigue prófugo de la Justicia.

Entre los argumentos de la Fiscalía está el hecho de que los casos que llegaron al despacho del magistrado desde su toma de posesión en 2008 no fueron resueltos en orden cronológico, sino de acuerdo con criterios arbitrarios. De los 378 procesos de los que tuvo conocimiento –dice la imputación- se han resuelto 102, entre ellos, varios que arribaron tiempo después del juicio de Manopicha y su esposa.

La Fiscalía cuenta además con la declaración de la víctima, que asegura haber tenido una conversación con el propio Smith Bayardo acerca de la corrupción de los togados. En este contexto, la Fiscalía decide imputar el delito de prevaricato por omisión.

Ante el Tribunal Superior de Bogotá, Alcibiades Vargas Bautista y los otros dos magistrados negaron este y los otros hechos que constituyeron el fundamento de los cargos de prevaricato por acción en concurso homogéneo, concierto para delinquir y cohecho que les fueron imputados.

De prosperar la investigación en contra de los juristas, se agrandaría la crisis judicial en el Meta, que acaba de perder casi 24 funcionarios judiciales también por líos de corrupción, y ahora vería cómo se desmonta nada menos que la propia Sala Penal del Tribunal. Patricia Rodríguez Torres, magistrada que ingresó a ese tribunal en abril, es la única que quedó ejerciendo funciones, luego del permiso temporal que solicitaron sus dos compañeros para defenderse. 

Los otros casos

Otro de los magistrados, Fausto Rubén Rodríguez, resultó bajo la mira de la Fiscalía por haberle otorgado una detención domiciliaria a Danit Darío Doria Castillo, alias Bacalao, quien estaba purgando una pena de prisión desde junio de 2013 por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.   

Según el ente acusador, el magistrado habría impulsado la revisión del caso por el juzgado 4 de Penal de Circuito de Villavicencio con la idea de que se le pueda conceder casa por cárcel al sobrino de alias Cuchillo (el exjefe del Erpac dado de baja en combate) por ser el padre de niños menores, en contradicción con las indicaciones de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para este tipo de delitos.  

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En el dosier que tiene la Fiscalía, también aparece el nombre de Hernán Darío Giraldo Gaviria, mejor conocido como Cesarín, un exintegrante del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas, que luego se asoció con la Oficina de Envigado. Cesarín logró escapar de la justicia mientras se encontraba en detención domiciliaria. Había sido condenado a 20 años de reclusión por homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Cesarín pudo acceder al beneficio de prisión domiciliaria por una decisión adoptada en segunda instancia por el magistrado Fausto Rubén Díaz Rodríguez. El jurista ordenó la nulidad que antes había emitido el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Acacías, Meta, el 5 de marzo de 2013, al considerar que la libertad del integrante de la Oficina de Envigado era improcedente. Sin embargo, el magistrado que deberá rendir cuentas ante la justicia, consideró que el exparamilitar tenía condición de padre de menores de edad, lo cual obligaba a que no fuera separado de ellos. El hombre se fugó menos de un año después.

Para la Fiscalía, otra de las consideraciones que agrava la situación del magistrado es que no debió haber tomado conocimiento del caso cuando no se habían agotado todas instancias correspondientes.

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¿Qué respondió la defensa de los magistrados?

Fausto Díaz se retiró de la Sala Penal por haber cumplido la edad de jubilación. Su abogado, Julio Gilberto Lancheros, aseguró que la imputación de la Fiscalía reposa únicamente en “hechos supremamente generales relativos a las decisiones adoptadas por jueces de primera instancia, que en este momento también están siendo judicializados". El defensor indicó que su cliente se limitó a revisar dos casos en los que ya existían decisiones de primera instancia y para los que “presentó sus proyectos de acuerdo con la ley y los hechos”, lo que convertiría el asunto en una cuestión de criterio.

Además, Lancheros afirmó que aparentemente el dinero se había entregado a un abogado y no a su cliente y que sus pronunciamientos correspondían a tutelas relacionadas con derechos fundamentales y no con libertades o condenas de los acusados.

Al igual que los otros imputados, Fausto Díaz tendrá que resolver las dudas planteadas por la Fiscalía sobre el supuesto incremento patrimonial injustificado de los señalados y el aumento de gastos de sus círculos familiares. Entre 2010 y 2015, ese incremento fue valorado en 225 millones de pesos para los cercanos al magistrado Trejos; en 244 millones para Alcibiades Vargas y en 46 millones –pero con gastos de 927 millones- para Díaz Rodríguez.

Debido a la complejidad del caso, los abogados, quienes se mostraron sorprendidos por las acusaciones de las que no tenían conocimiento, pidieron un aplazamiento para preparar su defensa de la medida de aseguramiento que tendrá lugar este viernes 14 de julio en el mismo tribunal.