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| 12/16/1996 12:00:00 AM

PESADILLA SIN FIN

Cuando muchos creían que el proceso 8.000 estaba muriendo, el llamamiento a indagatoria a Serpa, Pardo y Turbay parece deparar algunas sorpresas.

La noticia de que tres de los más importantes ministros del gobierno de Ernesto Samper fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía, el viernes en la tarde, debía ser la información de apertura de los noticieros de radio y televisión. Pero esa decisión del fiscal Alfonso Valdivieso fue registrada como un hecho menor y escasamente hizo parte de los titulares.Esto puede querer decir dos cosas: que después de dos años y medio de escándalo, ya nada impacta, o que algunos noticieros de televisión, amenazados por una ley que desmontaría sus contratos, le están cogiendo miedo al gobierno.Lo único que no quiere decir esto es que la noticia no sea importante, pues al fin y al cabo se trata de tres de las más relevantes figuras de la actual administración, quienes por segunda vez este año y después de la anulación de su proceso por un tecnicismo jurídico, volvieron a ser vinculados a una investigación penal que podría llevarlos a juicio y eventualmente a la cárcel.Hasta el pasado 12 de septiembre, el proceso contra los tres ministros era adelantado por Jaime Camacho, fiscal delegado ante la Corte Suprema, quien fue comisionado por el fiscal Valdivieso. Sin embargo, ese día, y después de revisar varias sentencias de los máximos tribunales de Justicia del país,Valdivieso anuló el proceso que adelantaba contra los tres ministros por considerar que su despacho no podía delegar en un funcionario de menor rango una indagación contra altos funcionarios del Estado que están protegidos por un fuero especial que les otorga la Constitución Nacional.En ese momento la Fiscalía dijo que era necesario anular parte del proceso contra Serpa, Pardo y Turbay, pero aclaró que el material probatorio recaudado hasta ahora no perdía validez jurídica.Aunque en apariencia se trata de reabrir procesos que parecen iguales, es claro que existen diferencias con respecto al proceso que se cayó hace dos meses. En esta ocasión dos de los tres ministros ya no están en el gabinete .El único de los tres que perdió el fuero es el ex secretario general de la Presidencia y ex ministro de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, pues no solo ya no ocupa un cargo público, sino que además la Fiscalía lo investiga por conductas relacionadas con su función como miembro de la plana mayor de la campaña Samper Presidente.Según el artículo 235 de la Constitución Nacional, cuando los ministros o los jefes de Departamento Administrativo _como el de secretario de la Presidencia_ dejan sus cargos, solo mantienen el fuero cuando se les investiga por conductas presuntamente realizadas cuando ocuparon dichos puestos. El ex ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo, no pierde el fuero porque la Fiscalía lo procesa por presuntas faltas cometidas como canciller. En cuanto a Serpa su situación es inmodificable porque sigue en el gabinete como Ministro del Interior. Pero aparte de estas diferencias que podrían parecer meramente procedimentales, existen diferencias en la gravedad de los hechos que son investigados en cada uno de los procesos contra los ministros.El caso SerpaAl Ministro del Interior, la Fiscalía lo investiga por su presunta responsabilidad en episodios ocurridos tanto en la campaña como en su cargo. Según los investigadores, Serpa habría incurrido en delitos como enriquecimiento ilícito en favor de terceros, falsedad y encubrimiento.De acuerdo con las investigaciones, los dos primeros delitos atribuidos a Serpa no son muy sólidos desde el punto de vista probatorio, pero las indagaciones han avanzado mucho más en relación con el encubrimiento. Una fuente judicial le dijo a SEMANA que "Serpa ha sido definido como el rey de la lealtad. La Fiscalía tratará de establecer hasta dónde esa lealtad con el Presidente lo llevó a participar de lleno en labores de encubrimiento".La columna vertebral de la investigación radica en establecer si es cierto que Serpa asistió a numerosas reuniones en la Casa de Nariño y en la hacienda presidencial de Hatogrande, en las que se habría discutido la forma de lograr que el tesorero de la campaña, Santiago Medina, no hablara con los medios de comunicación ni con la Fiscalía, así como su papel en el diseño de las estrategias para contrarrestar el escándalo después de la detención de Medina, la manera de evitar que la Fiscalía llegara hasta las últimas consecuencias sobre la financiación de la campaña samperista, y finalmente las innumerables visitas y ofrecimientos que Serpa le hizo al ex ministro de Defensa, Fernando Botero, para que éste no colaborara con la Fiscalía.El caso PardoAl ex canciller Rodrigo Pardo la noticia de su llamada a indagatoria le cayó el día de su cumpleaños. Pero a pesar de que sin duda se trata de una mala noticia _especialmente cuando creyó que con su regreso al periodismo la pesadilla había terminado_ la suerte del ex ministro puede no ser tan mala. Según logró establecer SEMANA, la Fiscalía estuvo a punto de dictar un auto inhibitorio y dejarlo libre de toda responsabilidad. Por ahora, en su contra no existen indagaciones por enriquecimiento ilícito y falsedad durante la campaña, pero en relación con el encubrimiento las pruebas practicadas han permitido aclarar la inmensa mayoría de las sindicaciones que pesaban en su contra.Así, fuentes enteradas aseguran que la Fiscalía está convencida de que Pardo no tuvo nada que ver con las maniobras para que Medina no hablara y por el contrario está probado que desde la Cancillería se opuso a que el ex tesorero fuera nombrado como embajador. Además, fue uno de los funcionarios del gobierno que menos visitó a Botero en la cárcel y no existen testimonios de que hubiera tenido que ver con la estrategia puesta en marcha para evitar que el ex ministro de Defensa confesara. Las indagaciones indican además que durante estos dos años Pardo siempre defendió la tesis de que el Presidente tenía que afrontar la situación, sacar del gobierno a los responsables del ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña y coger el toro por los cuernos. Pero su caso no pudo ser cerrado a su favor porque como canciller firmó la resolución que permitió el nombramiento del ex edecán del presidente Samper, el coronel Germán Osorio, en un cargo inexistente en la embajada de Colombia en Italia. Una designación que según las investigaciones en buena medida fue hecha para evitar que el oficial contara todo lo que sabía. Además, el viaje de Osorio ocurrió a escasos dos días del asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria. El caso TurbayDe la decisión tomada el viernes por la Fiscalía se puede deducir que la conducta atribuible a Juan Manuel Turbay durante la época de la campaña tiene que ver con la falsedad y no con enriquecimiento ilícito. Si la conducta fuera esta última, por carecer de fuero y por tratarse de un delito de la jurisdicción de la Justicia sin rostro, Turbay habría sido detenido inmediatamente para rendir indagatoria. La decisión del Fiscal en el caso de Turbay significa que su proceso pasa a la Justicia sin rostro.Lo interesante de este punto es que la falsedad es una novedad en este proceso, pues al fin y al cabo, Jaime Camacho Florez, el fiscal ante la Corte que había manejado el caso, había tratado de vincular a los ministros no por falsedad sino por fraude a la ley electoral. Pero la decisión del Consejo de Estado que en marzo pasado tumbó los topes de financiación de las campañas, dejó sin piso este delito. Sin embargo, se mantuvo la falsedad en los documentos aportados por la campaña para obtener una retribución monetaria del Estado. Por esta infracción a la ley penal ya fue sentenciado Fernando Botero y fue llamado a juicio Juan Manuel Avella.Sea como fuere, e independientemente de la suerte que los tres ministros corran en las próximas semanas, lo único evidente es que el escándalo por la financiación de la campaña sigue vivito y coleando y sus consecuencias jurídicas aún están por definirse.
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