Santos y Vargas "destrozan el acuerdo de paz con las Farc": Petro

SEMANA: ¿Cómo ve el panorama electoral?

Gustavo Petro: Van a haber dos caminos, que ya se están viendo. Hay un acuerdo Santos-Vargas Lleras para ayudar a pasar una reforma política y una JEP que acomodaron a Vargas Lleras. Es decir, Vargas Lleras garantiza su impunidad y destrozan el acuerdo de negociación con las Farc; lo destrozaron. Ahora, y espero equivocarme, lo que puede sobrevenir es que centenares de excombatientes van a irse a las montañas. Ya un grupo grande lo hizo.

SEMANA: ¿Cómo así que destrozaron el acuerdo de paz?

G.P.: Es que aquí se perdió la legitimidad del acuerdo. Lo que hizo el Congreso fue premeditado, fruto de un acuerdo entre Santos y Vargas Lleras; Santos, yo creo, lo hizo pensando en pasar los proyectos a como dé lugar. Y los proyectos ya pasaron incumpliendo los acuerdos. El acuerdo ya ha sido vuelto trizas. Solo que a muchos colombianos eso no les importa.

SEMANA: Es una predicción muy grave y es casi volver a la guerra…

G.P.: Y eso tiene consecuencias trae eso. El Eln ya debió haber tomado nota, centenares de excombatientes de las Farc, hoy sin armas, deben estar en un estado de indignación porque les incumplieron. Mucha gente diría pues que se vayan para el monte y los matamos, tanto ricos como pobres, pero eso genera, sobre todo si gana este bloque político que quiere volver trizas la paz, Vargas Lleras y Urbe, una reacción clásica y permanente de nuestra historia: una vuelta la violencia. Comienza por una forma que puede recibir el aplauso popular y es matar a los combatientes, en masa y cantidades como hicieron con la UP, pero que termina en una situación en que todo el país es absorbido de nuevo por una era de violencia. Esa era de violencia sería de barbarie pura. 

SEMANA: ¿Y qué es lo que origina ese panorama prácticamente negro del que habla?

G.P.: Lo que se cae de la JEP, que es la capacidad de desmantelar el paramilitarismo, algo que era parte del acuerdo. Las Farc dijeron que dejaban las armas y se metían en política, pero sin paramilitarismo. Pero eso se le quitó a la JEP, y lo hizo la Corte Constitucional, el pedacito de juzgar con beneficios jurídicos a cambio de verdad a personas civiles y excombatientes del Ejército, del paramilitarismo y hasta de quienes lo financiaron. Cuando la clase política vio eso, y hay que decir que estaba asustada porque fue parte de la guerra, pues buscaron quitarle ese pedazo. Y lo hicieron. Al hacerlo, la consecuencia inmediata es que el paramilitarismo queda legitimado, a menos que viniera la Corte Penal Internacional.

SEMANA: ¿Lo que dice es que el Gobierno que negoció la paz la está incumpliendo?

G.P.: El establecimiento que negoció el acuerdo lo ha incumplido constantemente, pero esto de la JEP fue la gota que rebozó la copa.

SEMANA: Esta tesis suena casi a lo mismo que el uribismo advertía si se firmaba la paz con las Farc…

G.P.: El uribismo lo que quería son nuevas violencias y lo están consiguiendo. Este escenario también depende de la sociedad en marzo. Si la sociedad quiere eso, meter a sus hijos en una nueva era de violencia, pues hacia allá va. Pero no será como en el siglo XX, será como es en el siglo XXI: ya no es la política o la ideología, ahora es el narco puro y simple; armas a montón y conflictos por territorios en defensa del billete.

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SEMANA: ¿Todo eso se puede evitar?

G.P.: Eso sería una falta de oportunidad que es precisamente lo que yo quiero dar, una oportunidad. Abrir una era de paz, que es el otro camino. Y una era de paz incluye las reformas que la sociedad necesita hacer para convivir durante décadas, que no son necesariamente el acuerdo de paz con las Farc. Somos diferentes, pero podemos convivir. Esas reformas tienen que ver con educación, sin excluir a los jóvenes de la posibilidad de acceder a la educación superior; con la salud, porque si una persona no tiene recursos el sistema de salud no le permite vivir. También necesitamos una reforma pensional para que los viejos puedan tener pensión. Y con la justicia, porque debe haber justicia para la ciudadanía para que haya paz. Y la nueva economía, para poder salir del petróleo y entrar al nuevo terreno de agricultura e industrias. 

SEMANA: ¿Eso, precisamente, no es un trabajo que se debe hacer desde el Congreso?

G.P.: Estas reformas vitales, que nos permitirían entrar a una era de paz, no las puede hacer el Congreso que tenemos, ya que si ni siquiera pudo cumplir el acuerdo de paz con las Farc que es pequeñito. No son capaces.

SEMANA: ¿Y, entonces, cuál es el camino a seguir?

G.P.: Si yo soy Presidente de Colombia, el primer día convoco a un referendo ciudadano con una sola pregunta: ¿quiere usted, sí o no, convocar a una asamblea constituyente en Colombia? Si la mayoría dice sí, y nos permite convocarla para hacer estas reformas, porque no sería como la del 91 que se reunió en el centro de Bogotá, pues sería una constituyente territorial, con democracia local. No será una reforma de todo, porque la Constitución del 91 tienen ventajas en muchísimos temas. Mientras la constituyente sesiona el Congreso sigue, pero no tiene función. Se suspende. La constituyente debe ser plural, no al estilo (Nicolás) Maduro, y que sea la expresión de la sociedad colombiana. 

SEMANA: ¿Claudia López y Sergio Fajardo respondieron a su llamado a la unión?

G.P.: Sergio Fajardo y Claudia López están renuentes a hablar de programas, y entiendo por qué. Pero, mientras no estemos hablando de programas, no hay una posibilidad real de confluencia. Nosotros convocamos a diversas fuerzas políticas, ciudadanas, juveniles, femeninas y todos aquellos que quieran quitarles el Congreso, y por tanto la ley, a las mafias y a la corrupción. En esto existe una posibilidad de que el Polo, Alianza Vede, Compromiso Ciudadano, el grupo de Clara López, los movimientos indígenas y sociales, y las individualidades que quieran pasar a la acción política, pasen a darse la pela. Eso implica juntar fuerzas, cada cual con su candidato presidencial y que más adelante podría abrir la puerta a que haya una conformación de gobierno. Por ahora, las elecciones de Congreso son el primer chico.

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SEMANA: ¿Cómo recibió el fallo del Consejo de Estado?

G.P.: Aún no hemos leído el texto total. Por lo que ha dicho el presidente del Consejo, hay un punto importante y es que acogen el control de convencionalidad. Algo que debería ser lo lógico de cualquier juez de la República, pero que nunca se había hecho en Colombia desde la Constitución del 91. Eso significa que los tratados internacionales, de Derechos Humanos que Colombia ha firmado, y entre estos la Convención Americana, que creo que es el más importante, se vuelven parte de nuestra Constitución, y al serlo cualquier juez debe aplicarlos. Pero ocurrió, como si fuera normal, que autoridades administrativas le quitaran derechos políticos a cualquier ciudadano. Eso solo ocurre en las dictaduras. Al ser Derechos Humanos, solo se pueden recortar o quitar por una sentencia judicial penal, pero no por autoridades administrativas. Esa es la esencia de la democracia.

SEMANA: ¿No es exagerado comparar las instituciones colombianas con una dictadura?

G.P.: ¿Usted cree que democracia es que una autoridad administrativa quite derechos políticos, que es lo que hicieron Pinochet, Hitler, Franco? Eso es lo que hacen todo tipo de dictaduras, usar órganos políticos, no judiciales, para quitar derechos. Es lo que le hicieron a Leopoldo López en Venezuela.

SEMANA: ¿Las sanciones que aún tiene vigentes en materia fiscal lo inhabilitan políticamente?

G.P.: La decisión del Contralor vigente, que es la multa por no subir las tarifas de Transmilenio, es profundamente arbitraria; es más, ningún contralor por la ley fiscal podría controlar decisiones políticas de un mandatario, y las tarifas son una atribución de la Alcaldía. Y el Contralor no está de acuerdo en que se cofinancie el transporte público con el presupuesto, que fue lo que hice, para que no recayera solo en los usuarios. Esto, según el Banco Mundial, fue fundamental para reducir la pobreza en Bogotá, pero también para hacerla sostenible desde el tema ambiental. Eso fue controlado por el señor (Juan Carlos) Granados, el contralor distrital, diciendo que era censurable. Me cobra todo lo que dejaron de pagar los usuarios como una multa.

SEMANA: ¿En qué estado está la multa?

G.P.: Eso se suspendió por una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Aún no hay fallo de fondo, pero está suspendida. Fíjense en esas medidas tan abultadas, eso no existe en la historia de Colombia, ni al más corrupto, confeso y prisionero se le ha puesto una multa de ese orden (217.000 millones de pesos). ¿Cómo hizo ese contralor para poner multas tan altas? Usó una ley que no era la de su cargo, la de control fiscal. Usó una ley del poder judicial.

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SEMANA: ¿Va a pagar esa multa? 

G.P.. No, qué voy a tener con qué pagar. No pago porque no hay nada más que pueda hacer. Me embargan, pero no tengo bienes.  

SEMANA: ¿Por qué cree que las sanciones de la Contraloría en contra de Petro suman más de 1 billón de pesos?

G.P.: Eso es una persecución de Vargas Lleras. El señor Granados fue gobernador de Boyacá por Cambio Radical y fue elegido por la bancada de Cambio Radical (en el Concejo) de Bogotá. Y el señor Granados hoy está llamado a investigación porque en su gobernación, en Boyacá, parece que recibió beneficios de Odebrecht, del señor Plinio Olano.  

SEMANA: ¿Esos procesos fiscales de la Contraloría le impedirían posesionarse en caso de que llegue a ser elegido Presidente?

G.P.: La única manera para que a mí me impidieran, incluso inscribirme, sería que Colombia se retire, como hizo Venezuela, del Sistema Interamericano.