Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/04/05 10:21

La última carta de Petro para salvar su carrera política

El abogado Iván Acuña le explicó al Consejo de Estado por qué, a su juicio, deben ser anulados los actos de destitución del exalcalde a manos de la Procuraduría.

Gustavo Petro (izq) durante la audiencia en el Consejo de Estado. Foto: Archivo particular

El abogado del exalcalde Gustavo Petro, Iván Acuña, expresó ante la Sala Plena del Consejo de Estado que lo que hizo la Procuraduría al destituir a su cliente fue juzgar una política pública que defendía los derechos fundamentales de los pequeños recicladores.

Por eso, le pidió a ese alto tribunal que declare la nulidad de los actos por medio de los cuales el Ministerio Público sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años al exburgomaestre.

A finales del 2012, la Alcaldía de Gustavo Petro se convirtió en el blanco de críticas y repudio de muchos sectores, por su decisión transformar el esquema de aseo y recolección de basuras, sin dar la oportunidad a operadores privados de que siguieran participando en el negocio.

Casi un año después, el 9 de diciembre del 2013, la Procuraduría sancionó a Petro, por considerar, entre otras cosas, que violó la libre competencia al estatizar esa estructura. En su criterio, el político actuó a sabiendas de que su determinación constituía una falta disciplinaria. Por eso, le impuso un castigo muy cercano a la pena máxima de inhabilidad.

Ahí comenzó la historia por muchos conocida de tutelatones, marchas y discursos que pusieron entre dicho la actuación de Alejandro Ordóñez, a quien algunos le atribuían un ánimo de retaliación política. El caso tuvo a los tribunales nacionales insertos en un arduo debate que incluso llegó a los estamentos de justicia internacionales.

Tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de la continuidad de Petro, casi a regañadientes, se tuvo que aceptar que el mandatario distrital terminara su periodo, por la suspensión provisional de la decisión del Ministerio Público.

Pero aunque la temperatura de la polémica disminuyó ostensiblemente, el tema no se ha resuelto definitivamente. Dado que el Consejo de Estado es la autoridad a la que corresponde ponerle punto final al litigio, esa corporación citó a la Procuraduría y al propio Petro para que rindieran sus alegatos finales este martes.

Para convencer al tribunal contencioso de la ilegalidad con la que fue juzgado el dirigente, su abogado sostuvo que la Procuraduría no era competente para juzgarlo y sancionarlo, pues el cambio en el esquema de basuras, a su juicio, no constituyó cosa distinta a adoptar la orden de la Corte Constitucional de formalizar la actividad de los recicladores de la ciudad a través del esquema de ese servicio, que es regulado por el Distrito.

Además, destacó que la nueva estructura para prestar el servicio de aseo en la capital hizo que más de 10.000 recicladores lograran bancarizarse. Por tanto, aclaró, la determinación sancionatoria terminó contraviniendo la protección de derechos fundamentales de grupos vulnerables como estos.

Además, explicó que la decisión desconoce el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), que impedía apartar de sus funciones a funcionarios elegidos por voto popular a autoridades que no tienen funciones judiciales. Es decir, para la defensa, solo la decisión de un juez podía sacar a Petro de la Alcaldía.

La Procuraduría, por su parte, defendió su actuación ante el Consejo de Estado. Explicó que su decisión de destituir al mandatario está amparada por la Corte Constitucional, debido a que ese organismo dijo en el 2014 que el Ministerio Público sí tenía capacidad de apartar de sus funciones a servidores elegidos popularmente sin que ello significara desconocer el mandato de la Corte IDH.

Además, aclaró que Petro sabía que no podía impedir la participación de los privados en el negocio de las basuras, porque solo la ley puede limitar la libre competencia. Varios organismos estatales le advirtieron que no podía modificar el esquema, al punto de impedir que operadores privados tuvieran parte y, como no lo hizo, es claro que actuó de manera dolosa.

Finalmente, el organismo de control disciplinario explicó que el burgomaestre, cuya administración se precia de haber sido cuidadosa y amigable con el medio ambiente, terminó atentando contra él. No hubo ningún complot, explicó.

El Consejo de Estado deberá definir ahora si la Procuraduría sí goza de competencia para inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular. Por esa vía, y es el hecho político, tiene en sus manos el futuro de la carrera del dirigente, en tanto que al finalizar este proceso se sabrá si Petro puede participar en las elecciones que se realicen durante los próximos 15 años.

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