Petro pierde ‘round’ en la Corte Constitucional

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien en otra época apoyara las decisiones de la Corte Constitucional por sus trascendentales fallos y sus posturas liberales, rechazó uno en su contra y hoy por esto está 'contra las cuerdas'. El fallo de tutela que ordenó reubicar a cientos de familias del barrio Bosques de Molinos, en el sur de Bogotá, enfrentó a Petro con el Alto Tribunal.

Como se sabe, las familias fueron desalojadas abruptamente por la Policía el 18 de enero del 2012. Tan solo días después de haber llegado al cargo. La Corte 'regañó' a Petro quien buscó hacerle ‘el quite’ al cumplimiento de la sentencia mediante una petición de aclaración la cual fue negada esta semana por parte del Alto Tribunal.

Semana.com obtuvo en exclusiva el auto de aclaración de 11 páginas realizado por la Corte Constitucional, en el cual deja claro que no habrá modificación alguna al fallo de tutela que le ordena a la Alcaldía, reubicar a los habitantes afectados por los urbanizadores ‘piratas’ en ese barrio y le da en un plazo máximo de cinco días para resarcir el conflicto y realizar un censo a las familias desalojadas. El plazo se cumple este viernes 24 de mayo.

La decisión se da justo cuando esas familias volvieron a realizar concentraciones y protestas en el sur de la capital porque nadie escuchaba sus lamentos aun cuando existía un fallo a su favor.

En un fuerte pronunciamiento la Corte, le dice a Petro que, “pedir aclaración de tan preciso tenor está indicando, más bien, que se busca una modificación de lo inmodificable, para reducir los titulares del amparo”.

¿Cómo es la historia? 170 familias que adquirieron predios en la localidad Rafael Uribe Uribe,  a muy bajo costo, desconocían que quienes les vendieron eran integrantes de una banda denominada los ‘Tierreros’ que, fraudulentamente, realizó promesas de compraventa de los inmuebles sin tener posesión de ellos.

El verdadero propietario, la Sociedad Ladrillera del Sur los Molinos Ltda, reclamó sus terrenos y la Policía, en cumplimiento de una orden judicial, desalojó a las familias afectando la estructura de las viviendas que apenas se levantaban.

Mediante un largo camino judicial las familias le pidieron al Estado que respetará la compra de buena fe que hicieron y el derecho a la vivienda digna. La Corte Constitucional, el 7 de noviembre del 2012, les dio la razón.

En la sentencia T-908 del 2012, la Corte le ordena al “Distrito de Bogotá que dentro de los seis meses siguientes a la notificación del fallo asigne y reubique en sendos predios en similar sitio, terreno y área construida” a las familias que habían firmado promesas de compraventa las cuales resultaron ser falsas, igualmente le precisa que en un plazo máximo de cinco días debe realizar un censo de los afectados para determinar su nueva vivienda.

Posterior a esta aparente victoria de las familias, le apareció ‘el palo en la rueda’ porque el alcalde Petro solicitó aclarar la sentencia. Según él “tenía verdaderos motivos de duda que le impiden al Distrito cumplir de manera estricta las ordenes allí impartidas”, precisó Petro.

El alcalde señaló que tenía que ser la Corte Constitucional la que realizara el censo de las familias afectadas, así como clarificar qué tipo de vivienda y qué lugar de Bogotá se ordenaba para la reubicación.

La Corte, en respuesta, le ordenó al Distrito “presentar el censo completo y exacto de las familias que suscribieron promesa de compraventa para adquirir un lote en ese terreno”. También le dio un plazo perentorio para iniciar la reubicación.

De esta manera la Corte fija su posición en el reconocimiento de derechos a estas familias y ahora el balón está del lado del Distrito que, sin perder tiempo, debe darles una solución definitiva a estas familias que pasan por un momento crítico.