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| 2/22/2016 7:34:00 PM

Revive el ‘articulito’ de las zonas de despeje

El Congreso empieza a reformar la ley de orden público para permitir la recta final del proceso de paz. Para ello desempolva la misma norma que permitió la zona de despeje de San Vicente del Caguán.

Se llama Ley de Orden Público y fue aprobada por el Congreso en 1997. Es la norma que habilita los procesos de paz con las organizaciones armadas al margen de la ley. Desde entonces, todos los presidentes la han utilizado, tanto que  Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos han pedido al Congreso prorrogar su vigencia. La misma ley que Santos pide reformar para poner fin al conflicto con la guerrilla de las FARC.

Hace 19 años, cuando parecía que el Estado perdía la guerra contra la insurgencia, un artículo de esa ley habilitó las llamadas zonas de despeje y en consecuencia dio origen al proceso de paz del gobierno Pastrana en la zona desmilitarizada de cinco municipios alrededor de San Vicente del Caguán.

“El presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la fuerza pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni genere inconvenientes o conflictos sociales”, dice en uno de los incisos del parágrafo 1º. del artículo 8 de esa ley.

Y posteriormente se lee: “el gobierno nacional podrá acordar, con los voceros o miembros representantes de las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra estos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”.

Esa redacción estuvo vigente hasta el 2010. A finales de ese año, el Congreso aprobó la prórroga de la ley, pero por iniciativa del entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se eliminaron los párrafos mencionados y en su lugar se dispuso la siguiente redacción: “En ningún caso se podrán establecer órdenes especiales de localización a la fuerza pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”. En ese entonces el consenso nacional giraba en torno a no repetir los errores del Caguán, por lo que se eliminó la mínima posibilidad de establecer una zona de despeje. Por eso, un proceso de paz con la guerrilla sólo se podría adelantar en el exterior.

Esa disposición es la que hoy tiene en aprietos la recta final del proceso de paz, pues luego de que la guerrilla y el Gobierno aceptaron un mecanismo de verificación del cese al fuego, y ante la necesidad de que las FARC concentren a los hombres que se van a desmovilizar, el Gobierno no tiene herramientas legales para garantizar esa ubicación.

¿Y cómo pretende resolverlo el Gobierno? Sencillo. Eliminar la prohibición de las zonas de despeje y revivir el parágrafo que les dio vida hace 19 años.

“De cara al estado actual de las negociaciones con las FARC, y para posibilitar institucionalmente las operaciones de movilización a zonas de ubicación de los frentes o columnas de los grupos de guerrilla que suscriban un acuerdo de paz con el Gobierno, se hace necesario derogar del ordenamiento jurídico la prohibición mencionada. Esto para hacer viables y otorgar seguridad jurídica a dichas movilizaciones y subrogarla por otra que establezca explícitamente dicha posibilidad en cabeza del primer mandatario”, explica el senador Roosevelt Rodríguez, del Partido de la U, uno de los dos ponentes del proyecto de ley, quien a partir de este martes tendrá que convencer al Senado y la Cámara de aprobar esta reforma.

La posibilidad del presidente de limitar la acción de la fuerza pública en determinadas zonas, explica el senador Rodríguez, está fundamentada en el artículo 189 de la Constitución, el que señala que al presidente de la República le corresponde “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República”.

Y para efectos de que se produzca la firma de un acuerdo de paz con las FARC, señala el ponente, es necesario garantizar el traslado de los miembros de la guerrilla a las zonas de ubicación temporal. Por eso, explica, para ello se hace necesario “revivir la norma original que estipula que el Gobierno podrá acordar con los representantes de la organización armada su ubicación temporal en precisas y determinadas zonas del territorio nacional”.

La ponencia, que empezará a ser discutida este martes, lo señala con claridad. Se revivirá la disposición que permitió las zonas de despeje. Quizá previendo la controversia que se podría anticipar en el debate en el Congreso, y el posible argumento del uribismo de que la reforma pretende crear zonas de despeje, el Gobierno decidió incluir en el proyecto varios parágrafos en los que determinaba los alcances de las zonas especiales de ubicación temporal.

“…En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso. Adicionalmente, si así lo acordaran las partes, a solicitud del gobierno nacional y de manera temporal, se podrá suspender la ejecución de las órdenes de captura en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, por fuera de las zonas, para adelantar actividades propias del proceso de paz”, dice el proyecto.

Una sencilla interpretación de esta redacción indica que las órdenes de captura a la guerrilla se podrían suspender fuera de las zonas de ubicación, con fines exclusivos de adelantar actividades del proceso de paz. Hace una semana esto parecía una mera formalidad, pero seguramente encenderá un nuevo debate después de los hechos del jueves pasado en el corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca, en La Guajira, donde Iván Márquez y Joaquín Gómez, jefes de las FARC, fueron sorprendidos haciendo proselitismo armado.

“Las medidas que el proyecto revive, tales como la suspensión de órdenes de captura, la posibilidad de dar órdenes de localización a la fuerza pública o la determinación de zonas de ubicación, no implican la suspensión del Estado de Derecho, la sustitución de las autoridades en las zonas para el desplazamiento o ubicación –dice Rodríguez–. No existe ninguna razón, ni constitucional ni legal, para que en las zonas de ubicación opere una normatividad especial, paralegal o paraconstitucional. La presencia de combatientes en dichas zonas no implica una situación excepcional de orden público, sino una natural medida para hacer un tránsito ordenado del grupo armado a la civilidad”.

El pasado viernes, tras el incidente provocado por la presencia de los jefes de las FARC junto a la comunidad en Conejo, el presidente Santos hizo varias precisiones y trazó unas líneas rojas que seguramente se posarán en la discusión del proyecto.

Sobre las zonas de ubicación dijo que no habrá sitios vedados para la fuerza pública y que por ningún motivo podrá haber población civil. “No habrá despejes”.

Este martes, cuando las comisiones primeras de Senado y Cámara empiecen el debate de la reforma a la ley de orden público, en últimas estarán sepultando la prohibición de las zonas de despeje y reviviendo la norma que las habilitó. Quedarían vigentes hasta diciembre del 2018.  

 

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